La autonomía de la CSS
Sobre los que plantean una autonomía total, sin tener el menor control del Estado por medio del gobierno del momento, quiero señalarles que ese estatus es de privatización, que todos rechazamos y que muchos de los que defienden esa tesis aún no se han dado cuenta, de lo que están proponiendo. Pero como siempre en mis artículos, acostumbro presentar sugerencias y propuestas; en éste no será diferente.
Ante que todo, para conseguir una autonomía financiera y administrativa se debe cambiar o reestructurar el artículo 265 de la Constitución, el cual incluye a las instituciones autónomas, dentro del Presupuesto Nacional. Este es el primer escollo que debemos superar. Creo que lo más saludable sería crear un título constitucional para la CSS, del mismo espíritu que el que existe para la Autoridad del Canal de Panamá.
Ahora, esto no quiere decir que no tenga el mínimo control, y aquí les presento mis propuestas:
Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser directores por más de dos períodos seguidos. Cada período tendría una duración de dos años.
Cada organización que conforma la Junta Directiva tendría que presentar un informe cuatrimestral, que deben hacerse público.
Los informes serían de la situación financiera de cada uno de los programas por separado. Además de los principales gastos en ese período.
Igualmente deben presentarse en cada cuatrimestre la cantidad de empleados, por tipo de trabajo y/o profesión que desempeñan en la CSS.
La Contraloría, en los renglones de medicamentos, insumos médicos, equipo e instrumental médico- odontológicos, haría controles posteriores para agilizar este tipo de compras.
La Junta Directiva debe aprobar estas compras con dos terceras partes de los votos.
Cada uno de los gremios de la Junta Directiva tendrá que presentar una fianza de responsabilidad para que de esta manera si en la institución se realizan acciones que afectan sus finanzas y el o los directivos por omisión, o por complicidad, las hayan aprobado, se pueda recuperar los dineros perdidos.
Los miembros de la Junta Directiva, el director de la Caja y los funcionarios involucrados en una acción que lesiones los intereses de la institución serán responsables ante la Ley.
La lista de cada uno de los funcionarios con sus respectivos sueldos, deben estar a disposición de todos, vía Internet, como lo exige la Ley de Transparencia.
Creo que estas medidas, que parecieran extremas, son necesarias para que no sólo los asegurados estemos en conocimiento de cómo se está comportando la administración, y sepamos en tiempos cortos el movimiento de las finanzas y la cantidad de personal, sino también que los directivos se comprometan a conocer los detalles de la administración y así, sabrán que su voto de aprobar o desaprobar una decisión de la institución los responsabiliza a ellos y al gremio que están representando.
Debemos tener claro que la CSS es una institución del Estado, no sólo porque ésta le da una subvención millonaria, con lo que se financia la Administración, sino que al final, en caso de quiebra de unos de sus programas, sería el Estado el que debe hacerle frente. Además de no tener una relación con el Estado, lo que estamos haciendo es convertirla en una entidad privada.
Mis planteamientos tienen el objetivo de otorgarle una verdadera autonomía financiera a la institución, pero con los controles del Estado por medio de la Contraloría y de todos los asegurados por sus informes cuatrimestrales. A la vez tener los mecanismos de recuperar cualquier perjuicio que la CSS sufra y castigar a la vez a los responsables.
“Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar”. Gandhi. cdaa@sinfo.net
