La batalla, ¿de la Procuradora o la institución?
Los recientes hechos que acorralan a la Procuraduría de la Nación son un síntoma de la grave crisis que viven nuestras instituciones. Por años, los pilares de la democracia, los tres poderes del Estado, no han logrado demostrar su independencia por la constante injerencia del Ejecutivo. Pareciera que el poder “controlar” el panorama ofrecerá un paraguas de inmunidad para evitar ser víctima del propio sistema creado. La escogencia de magistrados, procuradores, directores de la Policía y contralores prácticamente ha respondido al resguardo de ciertos intereses que no precisamente atañen al bien común o a su rol institucional.
Voces distintas alertan sobre un extremo autoritarismo del Ejecutivo en su pretensión retirar a la Procuradora de su puesto, y el riesgo que corre la institución al efectuar este relevo.
No obstante, hablar de institucionalidad no solo se refiere a quien la preside, también abarca su actuación, la rendición de cuentas y una correcta fiscalización del desempeño de su recurso humano.
En el caso que nos atañe lastimosamente es difícil hacer un balance favorable hacia la procuradora. Muchos son los casos, sensitivos por cierto, que ponen en escrutinio su trabajo: ley patriótica, caso Brewster, Rayo Montaño, Divino Niño, el despido injustificado de varios fiscales que la Corte reintegró en funciones, por ejemplo. Ante esta realidad podríamos preguntarnos; ¿a caso su personal es ajeno a la institución? ¿Es justo reducir la institucionalidad a la persona que la lidera ignorando su desempeño?
Por otra parte, ¿quién garantiza que la remoción de la procuradora no es para resguardar nuevos intereses?
Si buscamos realmente adecentar nuestras instituciones no demos la impresión de un autoritarismo descarado mediante discursos, o evaluaciones subjetivas. Lo ideal, sería ejecutar procesos limpios, pausados, que eviten traducirse en persecuciones y que brinden credibilidad tanto a la entidad en cuestión como a quien lidera los cambios.
