La batalla de todos contra la crisis
En esta situación de crisis y profunda incertidumbre, a Panamá sólo la pueden salvar los propios panameños. Y esta no es, al menos no debería ser, una fórmula retórica. Debería, por el contrario, traducirse en una actitud cotidiana, concreta, puntual, que se note en las calles, en los ámbitos de trabajo, en las relaciones con el sector privado y con el Estado, en la práctica con la que cada ciudadano se conduce en su entorno de influencia.
El país está demasiado cerca del descalabro. Y los ciudadanos no pueden actuar con indiferencia, ni simple temor. No pueden pararse en la vereda de la queja y el reclamo como si se tratara de un problema de gobierno y no de la comunidad misma. Es mucho lo que el ciudadano común puede aportar para derrotar problemas como el contrabando, el excesivo gasto de la burocracia estatal, la proliferación de privilegios, coimas y sobornos. Porque no hay inspectores que alcancen sino es la mayoría de la sociedad la que cuida la ética y la honestidad.
Hay que enfatizar, por ejemplo, que en la guerra contra la corrupción, el papel de la ciudadanía puede ser fundamental. Hay miles de personas que conocen nichos de evasión de impuestos; que saben de empresas que no hacen aportes patronales; que conocen lugares donde se vende mercadería de contrabando, por citar algunas irregularidades frecuentes. Si cada ciudadano se convirtiera en custodio del bien común y tomara como una obligación indeclinable la denuncia de esas situaciones, seguramente, en poco tiempo, podrían lograrse grandes avances en la lucha contra uno de los peores flagelos panameños.
Debemos reconocer que no es mucho el compromiso demostrado hasta ahora en esa dirección. La gente también pudiera tener la percepción de que el Estado es un agujero negro en el que todos los recursos se dilapidan y malgastan. ¿Para qué voy a defenderle el dinero al Estado si después se pierde en el laberinto de la corrupción? Este razonamiento, que se formula con lamentable frecuencia, traduce los extremos de degradación que, en buena medida, explican la crisis a la que ha llegado el país.
Se requiere una fuerte vocación para sanear con responsabilidad la contabilidad del Estado. El país debe empezar a transitar el camino hacia la seriedad. Debe hacerlo ya. Y eso exige sinceridad profunda y rigurosa de todos los ámbitos y niveles. Por ejemplo, acaba de debatirse en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa un anteproyecto para promover la transparencia y el acceso a la información pública, en que la declaración del impuesto sobre la renta será de dominio público, como ocurre en países más desarrollados. Son medidas que van a generar resistencias y revuelo. Pero si no se aplican exigencias de ese tipo, y no se hacen a rajatabla, los corruptos seguirán ganando la batalla. Y Panamá habrá perdido una nueva oportunidad.
El país está demasiado cerca del descalabro. Y los ciudadanos no pueden actuar con indiferencia, ni simple temor. No pueden pararse en la vereda de la queja y el reclamo como si se tratara de un problema de gobierno y no de la comunidad misma. Es mucho lo que el ciudadano común puede aportar para derrotar problemas como el contrabando, el excesivo gasto de la burocracia estatal, la proliferación de privilegios, coimas y sobornos. Porque no hay inspectores que alcancen sino es la mayoría de la sociedad la que cuida la ética y la honestidad.
Hay que enfatizar, por ejemplo, que en la guerra contra la corrupción, el papel de la ciudadanía puede ser fundamental. Hay miles de personas que conocen nichos de evasión de impuestos; que saben de empresas que no hacen aportes patronales; que conocen lugares donde se vende mercadería de contrabando, por citar algunas irregularidades frecuentes. Si cada ciudadano se convirtiera en custodio del bien común y tomara como una obligación indeclinable la denuncia de esas situaciones, seguramente, en poco tiempo, podrían lograrse grandes avances en la lucha contra uno de los peores flagelos panameños.
Debemos reconocer que no es mucho el compromiso demostrado hasta ahora en esa dirección. La gente también pudiera tener la percepción de que el Estado es un agujero negro en el que todos los recursos se dilapidan y malgastan. ¿Para qué voy a defenderle el dinero al Estado si después se pierde en el laberinto de la corrupción? Este razonamiento, que se formula con lamentable frecuencia, traduce los extremos de degradación que, en buena medida, explican la crisis a la que ha llegado el país.
Se requiere una fuerte vocación para sanear con responsabilidad la contabilidad del Estado. El país debe empezar a transitar el camino hacia la seriedad. Debe hacerlo ya. Y eso exige sinceridad profunda y rigurosa de todos los ámbitos y niveles. Por ejemplo, acaba de debatirse en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa un anteproyecto para promover la transparencia y el acceso a la información pública, en que la declaración del impuesto sobre la renta será de dominio público, como ocurre en países más desarrollados. Son medidas que van a generar resistencias y revuelo. Pero si no se aplican exigencias de ese tipo, y no se hacen a rajatabla, los corruptos seguirán ganando la batalla. Y Panamá habrá perdido una nueva oportunidad.
