La burocracia estatal
Sabido es que el Gobierno Nacional es el más grande empleador que existe en el país.
Quienes comenzaron a trabajar a después del golpe militar de 1968, en su mayoría se mantuvieron en sus puestos públicos a lo largo de veintiún años. Indiscutiblemente, gran parte de su vida activa. Pretender que esa situación les da estabilidad, es negar el derecho que tienen el resto de los ciudadanos de ocupar cargos en el gobierno, en virtud que la Constitución Nacional establece que no debe haber fueros ni privilegios y éste es un privilegio.
No se puede negar que existen instituciones gubernamentales que se manejan mediante leyes especiales que incluyen la estabilidad de sus servidores. Sin pretender menospreciar a los que no están protegidos por estas leyes, es conveniente hacer un estudio a fondo de las condiciones de cada uno de ellos.
No me declaro a favor de despidos masivos, pero sí debe existir un procedimiento para escoger el personal que ocupe los distintos puestos. Sería conveniente que éstos se adjudicaran por concurso. En estas condiciones participarían todos los interesados, incluyendo a los que actualmente los ocupan, asignándolos a los que obtengan mejores calificaciones. Así no habría la excusa que hay favoritismos y mucho menos que sean los políticos los que decidan. Como el Estado es patrimonio de todos los ciudadanos, todos tenemos derecho a ocuparlos, no importa a qué partido político pertenezcamos.
En consecuencia, la cacareada carrera administrativa estaría de más, porque lo único que habría que hacer sería reglamentar los despidos, que deberían tener como condición no ser honesto ni eficiente y sobre todo que no haya buen comportamiento. Igualmente los ascensos tendrían un trato especial, prefiriendo a los más capaces para estimularlos. En estas condiciones producirían más.
Cuando visito oficinas del gobierno y me percato de la cantidad de personas que se ocupan de lo mismo, en donde en muchas ocasiones hay que pedir favores para ser atendido, pienso que el atraso en que vivimos se debe en gran parte a ese desorden y a la negligencia de los que gobiernan, que se valen de esta coyuntura para complacer a sus allegados, sin importarles si su eficiencia es suficiente para ocupar el puesto que desempeñan.
Herencia de la dictadura que la tenemos además en la educación en virtud que se nombraron muchos maestros sin los debidos conocimientos académicos, por el solo hecho de ser parientes de los uniformados. Dios quiera que ya estén jubilados para bien de la juventud que se levanta.
Es indiscutible que hay que crear fuentes de trabajo, para que el paternalismo estatal no siga liquidando nuestra economía. Debemos recordar que la burocracia estatal está sobrepasada en muchos miles de personas.
Sugiero, aunque parezca utópico, asignar una suma a los desocupados, disminuyendo en cantidad numérica la planilla estatal y a los que se elimine se les incluya en este rubro, para que su ingreso lo comparta. De esta manera comerían algo dos, mientras se pueda poner en marcha un programa de nuevas empresas que coadyuvarán a la disminución del desempleo.
Obras son amores y no buenas razones, reza el refrán y la buena intención de la presidenta puede acoger mi recomendación.
Quienes comenzaron a trabajar a después del golpe militar de 1968, en su mayoría se mantuvieron en sus puestos públicos a lo largo de veintiún años. Indiscutiblemente, gran parte de su vida activa. Pretender que esa situación les da estabilidad, es negar el derecho que tienen el resto de los ciudadanos de ocupar cargos en el gobierno, en virtud que la Constitución Nacional establece que no debe haber fueros ni privilegios y éste es un privilegio.
No se puede negar que existen instituciones gubernamentales que se manejan mediante leyes especiales que incluyen la estabilidad de sus servidores. Sin pretender menospreciar a los que no están protegidos por estas leyes, es conveniente hacer un estudio a fondo de las condiciones de cada uno de ellos.
No me declaro a favor de despidos masivos, pero sí debe existir un procedimiento para escoger el personal que ocupe los distintos puestos. Sería conveniente que éstos se adjudicaran por concurso. En estas condiciones participarían todos los interesados, incluyendo a los que actualmente los ocupan, asignándolos a los que obtengan mejores calificaciones. Así no habría la excusa que hay favoritismos y mucho menos que sean los políticos los que decidan. Como el Estado es patrimonio de todos los ciudadanos, todos tenemos derecho a ocuparlos, no importa a qué partido político pertenezcamos.
En consecuencia, la cacareada carrera administrativa estaría de más, porque lo único que habría que hacer sería reglamentar los despidos, que deberían tener como condición no ser honesto ni eficiente y sobre todo que no haya buen comportamiento. Igualmente los ascensos tendrían un trato especial, prefiriendo a los más capaces para estimularlos. En estas condiciones producirían más.
Cuando visito oficinas del gobierno y me percato de la cantidad de personas que se ocupan de lo mismo, en donde en muchas ocasiones hay que pedir favores para ser atendido, pienso que el atraso en que vivimos se debe en gran parte a ese desorden y a la negligencia de los que gobiernan, que se valen de esta coyuntura para complacer a sus allegados, sin importarles si su eficiencia es suficiente para ocupar el puesto que desempeñan.
Herencia de la dictadura que la tenemos además en la educación en virtud que se nombraron muchos maestros sin los debidos conocimientos académicos, por el solo hecho de ser parientes de los uniformados. Dios quiera que ya estén jubilados para bien de la juventud que se levanta.
Es indiscutible que hay que crear fuentes de trabajo, para que el paternalismo estatal no siga liquidando nuestra economía. Debemos recordar que la burocracia estatal está sobrepasada en muchos miles de personas.
Sugiero, aunque parezca utópico, asignar una suma a los desocupados, disminuyendo en cantidad numérica la planilla estatal y a los que se elimine se les incluya en este rubro, para que su ingreso lo comparta. De esta manera comerían algo dos, mientras se pueda poner en marcha un programa de nuevas empresas que coadyuvarán a la disminución del desempleo.
Obras son amores y no buenas razones, reza el refrán y la buena intención de la presidenta puede acoger mi recomendación.