La burocracia estatal panameña
Recordamos que durante la administración del presidente Marcos Robles se llevó a cabo un serio intento de poner en práctica los principios de la carrera administrativa incorporados a la Constitución de 1946. Es decir, veinte años después de que los mismos fueron consagrados. Todavía hoy, la reglamentación de la estabilidad en el servicio público y su aplicación genera, por su ausencia, una de las grandes lacras que ha padecido permanentemente el Estado panameño, tan pletórico de grandes corrupciones y de hirientes corruptelas, que lo mantienen como un viejo paquidermo gastado por la edad y por sus vetustas deficiencias, a pesar de su reducida cantidad física, que la Dictadura policíaca iniciada en 1968 incrementó demasiado.
Tal progreso de los años iniciales de la década del sesenta fue abolido, como otras cosas, por la Dictadura policíaca de Omar Torrijos y también por su émulo, la narcodictadura de Noriega.
Actualmente existe una Ley de Carrera Administrativa casi perfecta, con la única y clamorosa falla de que no se aplica, porque desde fines del siglo XX y ahora en los días del Centenario republicano, los intereses politiqueros de que se nutre la partidocracia gobernante de la Constitución de 1983 continúa la inveterada práctica de hacer a un lado la carrera administrativa y colmar la administración estatal de una burocracia en la que prevalecen la ignorancia, el incumplimiento descarado en el servicio y hasta la extendida corrupción, con que se ha afianzado esa partidocracia molusca, adueñada y poderosa desde la espalda de la República, para que la lleve y la traiga por los andurriales de un sistema electoral putrefacto. Tal es la realidad de los últimos quince años, enunciada sin ocultamientos y sin disimulos, ahora, por la "transparencia" legal aprobada hace un par de años con gran fanfarria, y decapitada por un decreto que sigue durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de la Corte Suprema de Justicia. Parece mejor que continúe su sueño a que muera definitivamente por virtud de la clase de jurisprudencia constitucional que ha escandalizado al país, durante los últimos lustros, etapa acompañada por la entrega del Canal a los gobiernos panameños y por el primer Centenario de la República. Sobre todo ello, no faltan los planes del "perfil del Estado que todos y todas queremos" y demás euforias por el estilo, cuando la realidad política y general que estamos viviendo desde illo témpore es tan desastrosa como el más insólito de los desastres que pueda imaginarse.
La gran genialidad de uno de los tres gobiernos últimos, desde la invasión norteamericana de1989, consistió en dictar una Resolución o Decreto (aquí todo da lo mismo) que suspendió la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa, acto obviamente nulo por infringir la misma Ley, pero que ningún grupo ni asociación de servidores públicos demandó ante la Sala Tercera de la Corte. Ese primer Gobierno en apelar a tan expedita e ilegal arbitrariedad, no quería aceptar la vigencia de la Ley, simplemente para nombrar en forma "libre" todos los empleados que quisiera, destituyendo también, en igual forma "libre" a quienes quiso destituir, abriendo vacantes para su propia gente, con lo cual no hacia otra cosa que continuar la bochornosa práctica del "botín político", tal como es la burocracia oficial en Panamá, desde cuando el mundo es mundo. Pero ese mismo Gobierno sí intentó poner en marcha la Ley de Carrera, en los últimos meses de su ejercicio, para dejarle al nuevo Gobierno, elegido en "las acostumbradas y democráticas elecciones panameñas" (partidas circuitales, programas parvis, etc., etc.) la herencia de ese ocupado y grueso pedazo de la "empleomanía pública". Sin embargo, dispuso de poco tiempo para poner en marcha su intentona de "legalizar" sus legiones burocráticas, que en tal forma quedaban expuestas a las consabidas "barrerías" del nuevo y sabio gobierno. Este último decidió seguir al pie de la letra la jurisprudencia de su antecesor y "suspendió" la vigencia de la Ley de Carrera, para incorporar su particular burocracia a las filas de la maquinaria gubernamental, el paquidermo de siempre, aunque un tanto más crecido y acicalado.
En estos días, ese mismo Gobierno ha querido levantar la suspensión que dictó, a fin de que la burocracia de hoy, que puede calificarse de "nueva", compuesta nada menos que de 15 mil empleados, ingrese a la carrera. Anótese que tampoco hubo en los últimos años ninguna demanda contra aquella suspensión, pese a su notoria ilegalidad. Ya nuestro país se está acostumbrando a la inutilidad de las demandas de inconstitucionalidad y de ilegalidad ante las Cortes de lujo.
El Estado panameño continuará con su burocracia paquidérmica y centenaria, retratada en los primeros párrafos de este artículo. "Cosas verdes, Sancho, que harán fablar a las piedras".
Tal progreso de los años iniciales de la década del sesenta fue abolido, como otras cosas, por la Dictadura policíaca de Omar Torrijos y también por su émulo, la narcodictadura de Noriega.
Actualmente existe una Ley de Carrera Administrativa casi perfecta, con la única y clamorosa falla de que no se aplica, porque desde fines del siglo XX y ahora en los días del Centenario republicano, los intereses politiqueros de que se nutre la partidocracia gobernante de la Constitución de 1983 continúa la inveterada práctica de hacer a un lado la carrera administrativa y colmar la administración estatal de una burocracia en la que prevalecen la ignorancia, el incumplimiento descarado en el servicio y hasta la extendida corrupción, con que se ha afianzado esa partidocracia molusca, adueñada y poderosa desde la espalda de la República, para que la lleve y la traiga por los andurriales de un sistema electoral putrefacto. Tal es la realidad de los últimos quince años, enunciada sin ocultamientos y sin disimulos, ahora, por la "transparencia" legal aprobada hace un par de años con gran fanfarria, y decapitada por un decreto que sigue durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de la Corte Suprema de Justicia. Parece mejor que continúe su sueño a que muera definitivamente por virtud de la clase de jurisprudencia constitucional que ha escandalizado al país, durante los últimos lustros, etapa acompañada por la entrega del Canal a los gobiernos panameños y por el primer Centenario de la República. Sobre todo ello, no faltan los planes del "perfil del Estado que todos y todas queremos" y demás euforias por el estilo, cuando la realidad política y general que estamos viviendo desde illo témpore es tan desastrosa como el más insólito de los desastres que pueda imaginarse.
La gran genialidad de uno de los tres gobiernos últimos, desde la invasión norteamericana de1989, consistió en dictar una Resolución o Decreto (aquí todo da lo mismo) que suspendió la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa, acto obviamente nulo por infringir la misma Ley, pero que ningún grupo ni asociación de servidores públicos demandó ante la Sala Tercera de la Corte. Ese primer Gobierno en apelar a tan expedita e ilegal arbitrariedad, no quería aceptar la vigencia de la Ley, simplemente para nombrar en forma "libre" todos los empleados que quisiera, destituyendo también, en igual forma "libre" a quienes quiso destituir, abriendo vacantes para su propia gente, con lo cual no hacia otra cosa que continuar la bochornosa práctica del "botín político", tal como es la burocracia oficial en Panamá, desde cuando el mundo es mundo. Pero ese mismo Gobierno sí intentó poner en marcha la Ley de Carrera, en los últimos meses de su ejercicio, para dejarle al nuevo Gobierno, elegido en "las acostumbradas y democráticas elecciones panameñas" (partidas circuitales, programas parvis, etc., etc.) la herencia de ese ocupado y grueso pedazo de la "empleomanía pública". Sin embargo, dispuso de poco tiempo para poner en marcha su intentona de "legalizar" sus legiones burocráticas, que en tal forma quedaban expuestas a las consabidas "barrerías" del nuevo y sabio gobierno. Este último decidió seguir al pie de la letra la jurisprudencia de su antecesor y "suspendió" la vigencia de la Ley de Carrera, para incorporar su particular burocracia a las filas de la maquinaria gubernamental, el paquidermo de siempre, aunque un tanto más crecido y acicalado.
En estos días, ese mismo Gobierno ha querido levantar la suspensión que dictó, a fin de que la burocracia de hoy, que puede calificarse de "nueva", compuesta nada menos que de 15 mil empleados, ingrese a la carrera. Anótese que tampoco hubo en los últimos años ninguna demanda contra aquella suspensión, pese a su notoria ilegalidad. Ya nuestro país se está acostumbrando a la inutilidad de las demandas de inconstitucionalidad y de ilegalidad ante las Cortes de lujo.
El Estado panameño continuará con su burocracia paquidérmica y centenaria, retratada en los primeros párrafos de este artículo. "Cosas verdes, Sancho, que harán fablar a las piedras".
