La Carretera y el Señor Contralor
En reacción a las publicaciones de este diario sobre la construcción por el Fondo de Inversión Social (FIS) de una carretera que conduce hacia fincas de altos funcionarios, el Contralor ha mencionado que había hecho una investigación de los registros de la institución en relación con la restitución de los bienes de Editora Panamá América, S.A. luego de la usurpación y usufructo de sus activos por más de veinte años durante la dictadura militar, la cual le llevó a la conclusión de que no se siguieron los procedimientos legales aplicables.
Al margen de la evidente intención desviacionista que entraña respecto al problema de fondo planteado, la declaración del señor Contralor revela su desconocimiento de los hechos. Pero peor aún, denota falta de diligencia y probidad. Su deber como funcionario público y su mandato como Contralor de la República es perseguir cualquier acción que considere ha causado un perjuicio a los intereses del Estado. Luego de haber identificado la supuesta ilegalidad en cuanto a la restitución de bienes de la empresa que publica este diario, debió proceder con las acciones legales correspondientes en vez de engavetarlas y utilizarlas únicamente cuando este diario revelara comprometedores hechos sobre unos terrenos de su propiedad en el corregimiento de Iturralde.
Si en algo está de acuerdo la doctrina y jurisprudencia universal es en caracterizar como desviación de poder toda conducta de los funcionarios en la que, so pretexto de ejercer sus facultades legales, persigue fines torcidos con personales o terceras intenciones, ajenos a los perseguidos por la norma.
La historia de El Panamá América es un libro abierto desde sus orígenes y, en especial, la criminal usurpación que de sus haberes y derechos hizo la dictadura militar. Para este diario no hubo tregua, ni descanso. Fue el primero en ser cerrado con el golpe militar del 11 de octubre de 1968 pero también el primero en ser rescatado de los sátrapas por acción de sus propios dueños a los primeros disparos del 20 de diciembre de 1989.
De la ulterior acción de justicia por la Asamblea Legislativa en democracia, nada tenemos que ocultar, ni temer ni menos avergonzarnos. Fue la culminación de una lucha incansable encabezada por nuestra Presidenta, Rosario Arias de Galindo, ante todos los foros internacionales conocidos, por recuperar nuestros legítimos bienes y derechos, siempre apoyada por su hermano, aquel inolvidable luchador y patriota, Gilberto Arias Guardia. Y al término de esa justa gesta, se recuperaron sólo algunos de los activos usurpados, sin siquiera exigir compensación por su uso por parte del poder estatal ejercido por la dictadura. Por el contrario, el resto de los activos encontrados en sus instalaciones fueron entregados al Estado mediante instrucciones del Banco Nacional.
Si algún reparo tiene para la restitución de los bienes a los legítimos dueños de El Panamá América, proceda y cumpla con su deber.
Pero asímismo le sugerimos que, del mismo modo, explique, documentos en mano, todos los detalles que atañen al escándalo de la carretera, con el mismo rigor que debe exigir a los altos funcionarios y dependencias oficiales en su condición de custodio del recto manejo de los bienes y fondos del Estado. Gustosos ayudaremos en esa tarea
Al margen de la evidente intención desviacionista que entraña respecto al problema de fondo planteado, la declaración del señor Contralor revela su desconocimiento de los hechos. Pero peor aún, denota falta de diligencia y probidad. Su deber como funcionario público y su mandato como Contralor de la República es perseguir cualquier acción que considere ha causado un perjuicio a los intereses del Estado. Luego de haber identificado la supuesta ilegalidad en cuanto a la restitución de bienes de la empresa que publica este diario, debió proceder con las acciones legales correspondientes en vez de engavetarlas y utilizarlas únicamente cuando este diario revelara comprometedores hechos sobre unos terrenos de su propiedad en el corregimiento de Iturralde.
Si en algo está de acuerdo la doctrina y jurisprudencia universal es en caracterizar como desviación de poder toda conducta de los funcionarios en la que, so pretexto de ejercer sus facultades legales, persigue fines torcidos con personales o terceras intenciones, ajenos a los perseguidos por la norma.
La historia de El Panamá América es un libro abierto desde sus orígenes y, en especial, la criminal usurpación que de sus haberes y derechos hizo la dictadura militar. Para este diario no hubo tregua, ni descanso. Fue el primero en ser cerrado con el golpe militar del 11 de octubre de 1968 pero también el primero en ser rescatado de los sátrapas por acción de sus propios dueños a los primeros disparos del 20 de diciembre de 1989.
De la ulterior acción de justicia por la Asamblea Legislativa en democracia, nada tenemos que ocultar, ni temer ni menos avergonzarnos. Fue la culminación de una lucha incansable encabezada por nuestra Presidenta, Rosario Arias de Galindo, ante todos los foros internacionales conocidos, por recuperar nuestros legítimos bienes y derechos, siempre apoyada por su hermano, aquel inolvidable luchador y patriota, Gilberto Arias Guardia. Y al término de esa justa gesta, se recuperaron sólo algunos de los activos usurpados, sin siquiera exigir compensación por su uso por parte del poder estatal ejercido por la dictadura. Por el contrario, el resto de los activos encontrados en sus instalaciones fueron entregados al Estado mediante instrucciones del Banco Nacional.
Si algún reparo tiene para la restitución de los bienes a los legítimos dueños de El Panamá América, proceda y cumpla con su deber.
Pero asímismo le sugerimos que, del mismo modo, explique, documentos en mano, todos los detalles que atañen al escándalo de la carretera, con el mismo rigor que debe exigir a los altos funcionarios y dependencias oficiales en su condición de custodio del recto manejo de los bienes y fondos del Estado. Gustosos ayudaremos en esa tarea
