La Carta del Arzobispo al Presidente de la Asamblea

Como se sabe, el Arzobispo de Panamá ha escrito una carta pública al presidente de la Asamblea Nacional sobre el Proyecto de Ley concerniente a la salud sexual y reproductiva en la que se establecen los servicios que los ministerios de Salud y Educación deben ofrecer para hacerle frente a la dramática situación que vivimos como lo prueban los siguientes hechos:

1. Actualmente más del 75% de los niños nace en Panamá fuera de toda unión marital estable.

2. Médicos, sicólogos, sociólogos y maestros revelan que la juventud panameña se inicia cada vez más temprano en la actividad sexual.

3. Como resultado, uno de cada cinco niños nace de una madre soltera y menor de edad.

4. El VIH/SIDA se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 25 años.

5. En consecuencia, un porcentaje de niños nace infectado con el VIH.

La insistencia del arzobispo Cedeño en asignar a los padres el rol primordial en la educación sexual y reproductiva de los niños, no es en estas condiciones aceptable, porque él sabe que las familias panameñas no están en condiciones humanas de cumplir con ese cometido, como no lo han hecho hasta ahora. Para que pudieran hacerlo, se necesitaría que tuvieran una estabilidad marital y capacidades de las que carecen y que tomaría mucho tiempo que las obtuvieran.

La crisis de la familia es gravísima y con el pasar del tiempo se empeora, por ello necesitamos medidas de corto y mediano plazo que atiendan problemas de salud pública que afectan a sus miembros.

En la carta al presidente de la Asamblea, el arzobispo afirma que el proyecto antepone la responsabilidad del Estado a la potestad de los padres de familia, y que no menciona la "potestad de los padres de familia de velar, tutelar, dirigir, prohibir y sobre todo, de corregir a sus hijos en ese ámbito". Añade que en el Proyecto de Ley la patria potestad parece limitarse a "acompañar" a los menores en decisiones de fundamental importancia de la vida de éstos. Tal afirmación no corresponde a la realidad, pues el artículo 6 del proyecto dice textualmente: "Estos derechos no pueden ir en menoscabo del ejercicio responsable de la patria potestad". Esta potestad está establecida en la Constitución, en el artículo 59, y está precisada en el Código de la Familia y del Menor en el artículo 319 que establece:

"La patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por su vida y salud, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral;

2. Corregirlos razonable y moderadamente; y

3. Representarlos y administrar sus bienes".

Nada en este proyecto de ley modifica la Constitución o el Código de la Familia en detrimento de la patria potestad.

Es más, la expresión que preocupa a monseñor Cedeño "en compañía de sus padres, madres, acudientes o tutores" que aparece dos veces -en los artículos 4 y 7- hace explícito que este acompañamiento se requiere para tener acceso a los servicios de salud en materia sexual y reproductiva. La interpretación débil y limitada que el Arzobispo hace de ese requisito de acompañamiento es aún más sorprendente, puesto que esta expresión y la confirmación de respeto a la patria potestad del artículo 6 fueron propuestas por los representantes del Arzobispado en la Comisión que desde hace dos años y medio trabaja sobre un texto que, además obtuvo el consenso de todos los miembros de la misma. Ahora la carta del Arzobispo cuestiona dicho texto y otro obispo ha hecho declaraciones mencionando que las personas que estuvieron asignadas por el Arzobispado no representaban a la Conferencia Episcopal. Por primera vez, que yo recuerde, la jerarquía de la Iglesia católica muestra sus disensiones en detrimento del prestigio del arzobispo.

Si nos encontramos hoy ante tal confusión es en parte porque la iglesia jerárquica ha dejado en manos de grupos inexpertos e informales recién organizados y mal asesorados, la promoción de lo que ellos consideran como la única posición de la iglesia en esta materia, demostrando un desconocimiento entre las funciones de la Iglesia y el Estado que la propia doctrina católica reconoce, exige y respeta. Algunos de estos grupos han actuado con una intolerancia agresiva que no es compatible con la vida democrática y la sana vida religiosa. Han incurrido en faltas a la verdad, en acusaciones vituperativas desvergonzadas, suscitando reacciones negativas contra la iglesia entre creyentes y no creyentes, y dando pie a una investigación de la Procuradora por una posible apología del delito.

El Estado tiene una responsabilidad ineludible de fomentar las condiciones de desarrollo de las familias, así como de proporcionar los servicios de educación y salud que las ayuden a enfrentar los problemas reales que hemos mencionado anteriormente. No sólo por sí mismo, como Estado que orienta la conducción al bien común sino, además, por suplencia de las graves fallas de la familia panameña en cumplir con su deber.

Las iglesias, en particular la católica, y otros grupos deberán también contribuir al desarrollo de las familias y estas contribuciones no tienen por qué ser contradictorias entre las diferentes iglesias, ni entre éstas y el Estado.

Debemos recordar que nuestra legislación ha de ser democrática y laica, como lo es y manda nuestra Constitución de Panamá y que un cristiano católico puede y debe compartir y defender desde su fe la democracia y un laicismo pluralista y tolerante.

Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.