La casa de Punta Mala: mucho morbo y más alharaca
Con exagerado empeño que pudieron haber empleado en mejores causas, de la casa de Punta Mala se han ocupado expresidentes, conspicuos políticos de oposición, los medios extensamente y otros "preocupadísimos ciudadanos y ciudadanas". Casi todos de manera negativa y ácida. Sus motivaciones, por obvias, no estimo oportuno analizarlas, pero ante tanta alharaca no me privaré de dejar algunos comentarios, especialmente destinados a quienes estén dispuesto a revisar el tema con miras más amplias. Cuando apareció la noticia de la rehabilitación de una casa abandonada, construida hace unos 60 años por los norteamericanos, para que sirviera de morada presidencial de descanso, los cuestionamientos brotaron como hongos.
El primero fue por la utilización de fondos públicos para reacondicionar el inmueble. Aún si todos los fondos hubieran sido públicos, que no lo fueron, que alguien, con objetividad y sin demagogia, explique ¿dónde está el delito o cuál fue la lesión patrimonial causada del Estado? La propiedad, antes en ruinas y ahora con un valor recobrado, y proporcional como mínimo a la inversión que se le hizo era, y sigue siendo, del Estado. Pero, además, parte de los fondos los donó la señora Presidenta. El resultado es que éstos y aquéllos contribuyeron a incrementar el valor del inmueble. Que alguien, con objetividad y sin demagogia, explique ¿dónde está el delito o cuál fue la lesión patrimonial causada al Estado?.
Un segundo cuestionamiento fue producto de unas declaraciones infortunadas, deliberadamente hechas para exacerbar el morbo. Esa rampante irresponsabilidad dio paso a la especulación y ésta a las incursiones de espionaje, dizque para satisfacer el derecho del pueblo a saber la verdad, que terminaron en los incidentes de todos conocidos. Por más que se estire la cuerda, nadie puede sostener que el derecho a informar autoriza a traspasar los límites de la privacidad a que todos tenemos derecho. Que alguien, con objetividad y sin demagogia, trate de explicar en qué país del mundo, el lugar en que habita un jefe de Estado, está abierto para que allí entre, cuando le dé la gana y sin observar el mínimo respeto a elementales medidas de seguridad, todo aquel que se le ocurra que quiere ver qué o cómo come o en qué sofá se reclina su ocupante para un rato de descanso, o para fotografíar a quienes ha invitado a una tertulia o a compartir la mesa.
Otro cuestionamiento, que pasó a ser demanda indignada de algunos, fue: ¿por qué debía existir una casa presidencial de descanso? Nunca lo entendí. Y, por supuesto que tienen la razón aquellos pocos que, con imparcialidad, justificaron su existencia. Una alternativa al sitio de trabajo de un jefe de Estado no sólo es conveniente sino plenamente justificada. Pero aunque exista en todas partes, según los detractores, en Panamá no debe existir. Y, ni siquiera importa si parte de los fondos para habilitarla los puso, como en este caso, la señora Moscoso. Ese argumento, con todo el respeto, es demagogia barata.
Tal vez cansada de tanta crítica injustificada, la presidenta anunció que la archifamosa casa de Punta Mala se pondría a la venta mediante licitación pública. Mi opinión es que no tenía porqué hacerlo, pero respeto su decisión.
Las reacciones al anuncio presidencial son todavía más absurdas que todas las otras críticas. Unos han dicho que venderla sería un delito y otros que esa decisión debe tomarla el próximo presidente. En ese punto nos encontrábamos, cuando a alguien se le ocurrió preguntarle a la señora Presidenta si ella participaría en la licitación. Su respuesta fue simple: ¿por qué no? Y, de manera espontánea y sincera, habló de algunos antecedentes familiares y sentimentales que justificarían su interés en la propiedad. ¡Para qué fue eso! Inmediatamente, viejos y nuevos detractores se arroparon de renovada indignación ciudadana. Los menos desbocados alegaron que por razones morales y por el cargo que ocupa, la presidenta nunca debió sugerir que podría participar en la licitación y otros, los más desbocados, han tejido toda una madeja de especulaciones siniestras.
Al final de cuentas, la situación puede resumirse así:1) La presidenta, según sus detractores, no debió rescatar la casa abandonada, y no importa que allí invirtiera su propio dinero. 2) Según sus detractores, la presidenta no tiene derecho a aspirar a un lugar para descansar de sus deberes oficiales que, por sus continuos desplazamientos a los lugares más apartados de la geografía nacional, tiene una magnífica posición estratégica. 3) Según sus detractores, como ella es una funcionaria y la casa de Punta Mala es un bien del Estado, cualquiera, según le parezca o a la hora que le venga en ganas, puede entrar hasta sus aposentos privados para fisgonear. 4) Según sus detractores, como la presidenta reclamó su derecho a la privacidad, eso era prueba de que en Punta Mala ocurrían cosas horribles o de que tras sus paredes se ocultaban lujos faraónicos. Pero cuando los periodistas comprobaron que todas esas suposiciones eran una patraña, entonces no hubo valor cívico para reconocerlo. 5) Según sus detractores, como la señora Presidenta invirtió, aparte de su dinero, recursos públicos, la propiedad debe venderse para recuperarlos. 6) Según los detractores, si la presidenta ha decidido que la casa se venda, también es malo, porque ella no tiene derecho a tomar esa decisión sino que debe dejársela al próximo mandatario. 7) Según sus detractores, si la casa se vende por licitación pública, todo el que quiera: verde, blanco, negro o amarillo nacional o extranjero, puede participar; la única que no puede es la presidenta. 8) Según sus detractores, si la licitación se diera, no importa que sea más transparente que la transparencia misma, algo turbio se habrá montado, porque la decisión la tomó la presidenta Moscoso. 9) Y, finalmente, según sus detractores, si la licitación se diera y la presidenta participara, no importará que las ofertas se presenten en un acto público, en sobres cerrados y sellados, ni que su propuesta sea por el precio más alto, y por tanto, el que deje mayor beneficio al Estado, tampoco así tendría derecho a la adjudicación. Y ello, porque, simple y sencillamente, y esto es lo que no dicen, se trata de Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, una mujer interiorana, de humilde origen, que por su esfuerzo y tesón alcanzó el honor más alto que la democracia depara a los ciudadanos y ciudadanas, pero a la que algunos no perdonan que sea la Presidenta de la República.
El primero fue por la utilización de fondos públicos para reacondicionar el inmueble. Aún si todos los fondos hubieran sido públicos, que no lo fueron, que alguien, con objetividad y sin demagogia, explique ¿dónde está el delito o cuál fue la lesión patrimonial causada del Estado? La propiedad, antes en ruinas y ahora con un valor recobrado, y proporcional como mínimo a la inversión que se le hizo era, y sigue siendo, del Estado. Pero, además, parte de los fondos los donó la señora Presidenta. El resultado es que éstos y aquéllos contribuyeron a incrementar el valor del inmueble. Que alguien, con objetividad y sin demagogia, explique ¿dónde está el delito o cuál fue la lesión patrimonial causada al Estado?.
Un segundo cuestionamiento fue producto de unas declaraciones infortunadas, deliberadamente hechas para exacerbar el morbo. Esa rampante irresponsabilidad dio paso a la especulación y ésta a las incursiones de espionaje, dizque para satisfacer el derecho del pueblo a saber la verdad, que terminaron en los incidentes de todos conocidos. Por más que se estire la cuerda, nadie puede sostener que el derecho a informar autoriza a traspasar los límites de la privacidad a que todos tenemos derecho. Que alguien, con objetividad y sin demagogia, trate de explicar en qué país del mundo, el lugar en que habita un jefe de Estado, está abierto para que allí entre, cuando le dé la gana y sin observar el mínimo respeto a elementales medidas de seguridad, todo aquel que se le ocurra que quiere ver qué o cómo come o en qué sofá se reclina su ocupante para un rato de descanso, o para fotografíar a quienes ha invitado a una tertulia o a compartir la mesa.
Otro cuestionamiento, que pasó a ser demanda indignada de algunos, fue: ¿por qué debía existir una casa presidencial de descanso? Nunca lo entendí. Y, por supuesto que tienen la razón aquellos pocos que, con imparcialidad, justificaron su existencia. Una alternativa al sitio de trabajo de un jefe de Estado no sólo es conveniente sino plenamente justificada. Pero aunque exista en todas partes, según los detractores, en Panamá no debe existir. Y, ni siquiera importa si parte de los fondos para habilitarla los puso, como en este caso, la señora Moscoso. Ese argumento, con todo el respeto, es demagogia barata.
Tal vez cansada de tanta crítica injustificada, la presidenta anunció que la archifamosa casa de Punta Mala se pondría a la venta mediante licitación pública. Mi opinión es que no tenía porqué hacerlo, pero respeto su decisión.
Las reacciones al anuncio presidencial son todavía más absurdas que todas las otras críticas. Unos han dicho que venderla sería un delito y otros que esa decisión debe tomarla el próximo presidente. En ese punto nos encontrábamos, cuando a alguien se le ocurrió preguntarle a la señora Presidenta si ella participaría en la licitación. Su respuesta fue simple: ¿por qué no? Y, de manera espontánea y sincera, habló de algunos antecedentes familiares y sentimentales que justificarían su interés en la propiedad. ¡Para qué fue eso! Inmediatamente, viejos y nuevos detractores se arroparon de renovada indignación ciudadana. Los menos desbocados alegaron que por razones morales y por el cargo que ocupa, la presidenta nunca debió sugerir que podría participar en la licitación y otros, los más desbocados, han tejido toda una madeja de especulaciones siniestras.
Al final de cuentas, la situación puede resumirse así:1) La presidenta, según sus detractores, no debió rescatar la casa abandonada, y no importa que allí invirtiera su propio dinero. 2) Según sus detractores, la presidenta no tiene derecho a aspirar a un lugar para descansar de sus deberes oficiales que, por sus continuos desplazamientos a los lugares más apartados de la geografía nacional, tiene una magnífica posición estratégica. 3) Según sus detractores, como ella es una funcionaria y la casa de Punta Mala es un bien del Estado, cualquiera, según le parezca o a la hora que le venga en ganas, puede entrar hasta sus aposentos privados para fisgonear. 4) Según sus detractores, como la presidenta reclamó su derecho a la privacidad, eso era prueba de que en Punta Mala ocurrían cosas horribles o de que tras sus paredes se ocultaban lujos faraónicos. Pero cuando los periodistas comprobaron que todas esas suposiciones eran una patraña, entonces no hubo valor cívico para reconocerlo. 5) Según sus detractores, como la señora Presidenta invirtió, aparte de su dinero, recursos públicos, la propiedad debe venderse para recuperarlos. 6) Según los detractores, si la presidenta ha decidido que la casa se venda, también es malo, porque ella no tiene derecho a tomar esa decisión sino que debe dejársela al próximo mandatario. 7) Según sus detractores, si la casa se vende por licitación pública, todo el que quiera: verde, blanco, negro o amarillo nacional o extranjero, puede participar; la única que no puede es la presidenta. 8) Según sus detractores, si la licitación se diera, no importa que sea más transparente que la transparencia misma, algo turbio se habrá montado, porque la decisión la tomó la presidenta Moscoso. 9) Y, finalmente, según sus detractores, si la licitación se diera y la presidenta participara, no importará que las ofertas se presenten en un acto público, en sobres cerrados y sellados, ni que su propuesta sea por el precio más alto, y por tanto, el que deje mayor beneficio al Estado, tampoco así tendría derecho a la adjudicación. Y ello, porque, simple y sencillamente, y esto es lo que no dicen, se trata de Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, una mujer interiorana, de humilde origen, que por su esfuerzo y tesón alcanzó el honor más alto que la democracia depara a los ciudadanos y ciudadanas, pero a la que algunos no perdonan que sea la Presidenta de la República.
