La concentración de poderes ha sido la semilla de las dictaduras
EL DISCURSO ELECTORAL del actual inquilino del Palacio de las Garzas tuvo varias notas distintivas: Una fue la vaguedad, en la que se escudó para no revelar sus verdaderas intenciones; otra fue atacar supuestas acciones negativas del pasado gobierno, como fue el caso de la reforma tributaria, a la que acusaba de "saca plata", mientras que, solapadamente, la "patria nueva" se preparaba para exprimirle el bolsillo al pueblo panameño imponiéndole nuevos y mayores sacrificios fiscales; y, la tercera, su demagógica promesa de más empleos, más transparencia y cero corrupción.
En cuanto al lema con el que taladraron los oídos de todos los habitantes del país, con seguridad, aquellos que se creyeron el cuento de la metamorfosis del PRD y votaron por el "team Martín", ya deben estar convencidos de que fueron timados. No hay ni habrá más empleos, hay menos transparencia y la corrupción se propaga como una epidemia de gripe.
En la vaguedad del discurso electoral del entonces aspirante a la presidencia, estuvieron escondidas, entre otras muchas, sus intenciones de gobernar dictatorialmente, por decreto; también su propósito de ejercer, para fines de promoción personal, hasta las funciones más triviales de los alcaldes y representantes de corregimientos.
Durante la campaña, el candidato perredista, repetidamente, acusó al gobierno de la señora Moscoso de concentrar excesivos poderes. Ahora, en función de gobierno, el jefe de la llamada "patria nueva" no sólo se arroga las atribuciones de otros órganos sino que también suplanta otras instancias institucionales en abierta violación de la Constitución. Aparte de haber despojado al Órgano Legislativo de su responsabilidad constitucional de discutir y aprobar la leyes de la República, también se ha llevado de calle a los Consejos Provinciales, reemplazándolos por los flamantes "consejos consultivos", que son un ente espurio sin asidero legal y mucho menos constitucional.
Si es grave para la consolidación de nuestra incipiente democracia que el gobierno en funciones se extralimite y viole sus funciones constitucionales, más grave es la pasividad con que el país y, especialmente los "dirigentes de la oposición, están permitiendo que eso ocurra.
Durante la anterior administración del PRD, de 1994 a 1999, fuimos testigos de aventuras dictatoriales muy semejantes a las que ahora ensaya la "patria nueva". También se recurrió y abusó de facultades extraordinarias, para legislar a espaldas del pueblo. Y la permisividad de entonces, no debemos olvidarlo, alentó al gobernante a intentar embestidas mayores. Así, el país fue arrastrado a una aventura reeleccionista que, si bien sirvió para hacernos reaccionar, y nos dio la oportunidad de sepultar bajo una montaña de votos trasnochados sueños imperiales, también dejó un saldo de inestabilidad social y tuvo un altísimo costo económico para el país.
Ahora, estamos en presencia de una reedición del mismo estilo de gobierno que trató de imponernos el frustrado aspirante a la reelección. Nuevamente resurge el centralismo que atrofia otros órganos e instancias de la administración pública y la violación de claras normas constitucionales; para probarnos y como vía para prepararnos para otros ensayos dictatoriales.
No debe sorprendernos que el PRD vuelva a las andadas; pero sí debe preocuparnos que sean tan tibias las reacciones ante el atropello que constituye la aprobación de facultades extraordinarias, que despoja a los disputados de los partidos de oposición de su atribución constitucional de legislar y al pueblo de conocer el contenido de las leyes, que sólo es posible mediante su discusión pública.
Creo que los dirigentes de la llamada oposición deben actuar con mayor firmeza y repudiar con energía la concesión de facultades extraordinarias. Por ello, debieran comenzar por advertir categóricamente al gobierno que no tolerarán que se repita lo ocurrido con los decretos-leyes que dictó el anterior gobierno del PRD; y que exigirán que se cumpla estrictamente la norma constitucional, que obliga a someterlos a la Asamblea en el período legislativo ordinario inmediatamente siguiente, para que el Órgano Legislativo, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, legisle sobre la materia; que no es una simple ratificación sino un amplio debate sobre el contenido de los decretos-leyes.
Todos los decretos-leyes que dictó el anterior gobierno del PRD son inconstitucionales, pues nunca fueron sometidos a la Asamblea y también lo serán los que ahora se dicten si no se cumple estrictamente lo que dispone el numeral 16 del artículo 159 de la Constitución, en un texto que no deja ningún margen para la duda y que es oportuno reproducir: "Todo decreto-ley que Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades extraordinarias que se le conceden deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle (es decir, los debata para convertirlos a ley) sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto Ley de que se trate."
De no cumplirse con esa norma todos los decretos-leyes pueden ser demandados de inconstitucionalidad. Y también puede serlo una ley que concedió facultades extraordinarias, simplemente porque las solicitó el Órgano Ejecutivo, aunque, como en el caso presente, se haya violado la condición prevista en el mismo numeral 16, que sólo permite conceder facultades extraordinarias, "siempre que la necesidad lo exija." Y es más que obvio que ninguna necesidad urgente justificaba la delegación al Organo Ejecutivo de la facultad para legislar por decretos-leyes.
La concentración de poderes en el Organo Ejecutivo, no debemos olvidarlo, siempre ha sido el primer paso para el montaje de las dictaduras.
En cuanto al lema con el que taladraron los oídos de todos los habitantes del país, con seguridad, aquellos que se creyeron el cuento de la metamorfosis del PRD y votaron por el "team Martín", ya deben estar convencidos de que fueron timados. No hay ni habrá más empleos, hay menos transparencia y la corrupción se propaga como una epidemia de gripe.
En la vaguedad del discurso electoral del entonces aspirante a la presidencia, estuvieron escondidas, entre otras muchas, sus intenciones de gobernar dictatorialmente, por decreto; también su propósito de ejercer, para fines de promoción personal, hasta las funciones más triviales de los alcaldes y representantes de corregimientos.
Durante la campaña, el candidato perredista, repetidamente, acusó al gobierno de la señora Moscoso de concentrar excesivos poderes. Ahora, en función de gobierno, el jefe de la llamada "patria nueva" no sólo se arroga las atribuciones de otros órganos sino que también suplanta otras instancias institucionales en abierta violación de la Constitución. Aparte de haber despojado al Órgano Legislativo de su responsabilidad constitucional de discutir y aprobar la leyes de la República, también se ha llevado de calle a los Consejos Provinciales, reemplazándolos por los flamantes "consejos consultivos", que son un ente espurio sin asidero legal y mucho menos constitucional.
Si es grave para la consolidación de nuestra incipiente democracia que el gobierno en funciones se extralimite y viole sus funciones constitucionales, más grave es la pasividad con que el país y, especialmente los "dirigentes de la oposición, están permitiendo que eso ocurra.
Durante la anterior administración del PRD, de 1994 a 1999, fuimos testigos de aventuras dictatoriales muy semejantes a las que ahora ensaya la "patria nueva". También se recurrió y abusó de facultades extraordinarias, para legislar a espaldas del pueblo. Y la permisividad de entonces, no debemos olvidarlo, alentó al gobernante a intentar embestidas mayores. Así, el país fue arrastrado a una aventura reeleccionista que, si bien sirvió para hacernos reaccionar, y nos dio la oportunidad de sepultar bajo una montaña de votos trasnochados sueños imperiales, también dejó un saldo de inestabilidad social y tuvo un altísimo costo económico para el país.
Ahora, estamos en presencia de una reedición del mismo estilo de gobierno que trató de imponernos el frustrado aspirante a la reelección. Nuevamente resurge el centralismo que atrofia otros órganos e instancias de la administración pública y la violación de claras normas constitucionales; para probarnos y como vía para prepararnos para otros ensayos dictatoriales.
No debe sorprendernos que el PRD vuelva a las andadas; pero sí debe preocuparnos que sean tan tibias las reacciones ante el atropello que constituye la aprobación de facultades extraordinarias, que despoja a los disputados de los partidos de oposición de su atribución constitucional de legislar y al pueblo de conocer el contenido de las leyes, que sólo es posible mediante su discusión pública.
Creo que los dirigentes de la llamada oposición deben actuar con mayor firmeza y repudiar con energía la concesión de facultades extraordinarias. Por ello, debieran comenzar por advertir categóricamente al gobierno que no tolerarán que se repita lo ocurrido con los decretos-leyes que dictó el anterior gobierno del PRD; y que exigirán que se cumpla estrictamente la norma constitucional, que obliga a someterlos a la Asamblea en el período legislativo ordinario inmediatamente siguiente, para que el Órgano Legislativo, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, legisle sobre la materia; que no es una simple ratificación sino un amplio debate sobre el contenido de los decretos-leyes.
Todos los decretos-leyes que dictó el anterior gobierno del PRD son inconstitucionales, pues nunca fueron sometidos a la Asamblea y también lo serán los que ahora se dicten si no se cumple estrictamente lo que dispone el numeral 16 del artículo 159 de la Constitución, en un texto que no deja ningún margen para la duda y que es oportuno reproducir: "Todo decreto-ley que Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades extraordinarias que se le conceden deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle (es decir, los debata para convertirlos a ley) sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto Ley de que se trate."
De no cumplirse con esa norma todos los decretos-leyes pueden ser demandados de inconstitucionalidad. Y también puede serlo una ley que concedió facultades extraordinarias, simplemente porque las solicitó el Órgano Ejecutivo, aunque, como en el caso presente, se haya violado la condición prevista en el mismo numeral 16, que sólo permite conceder facultades extraordinarias, "siempre que la necesidad lo exija." Y es más que obvio que ninguna necesidad urgente justificaba la delegación al Organo Ejecutivo de la facultad para legislar por decretos-leyes.
La concentración de poderes en el Organo Ejecutivo, no debemos olvidarlo, siempre ha sido el primer paso para el montaje de las dictaduras.
