La constitución y los gastos
Los políticos a diario inventan urgentes necesidades, no exactamente para ayudar a sus conciudadanos más necesitados sino en beneficio más bien de quienes contribuyen a sus campañas electorales, tales como sindicatos politizados y empresas. También incluyen, desde luego, a los votantes residenciados en su distrito electoral. Todo esto ha conducido a que gran parte del presupuesto nacional tiene poco que ver con las disposiciones y responsabilidades del gobierno nacional enunciadas en la Declaración de Independencia y en la Constitución de Estados Unidos, sino que una creciente proporción del gasto público se canaliza con fines políticos.
¿Cuánto del presupuesto nacional y del creciente déficit se dedica a la defensa de los derechos ciudadanos, en lugar de propósitos y fines puramente políticos? ¿10%, 20%? Seguramente que no mucho más de eso. Y ¿por qué un tema tan importante para el bienestar de la sociedad como es lo que se gasta en cumplir los requisitos constitucionales versus lo que se malgasta en erogaciones politizadas no es un tema de constante discusión en los corredores del poder?
La gente responsable gasta en función de sus ingresos, pero los políticos que elegimos gastan a manos llenas. Así, año tras año, aumenta el presupuesto nacional, pero el déficit aumenta más y se dispara la deuda nacional acumulada. ¿Acaso se sentiría usted contento si sus hijos se ven obligados a pagar la hipoteca de la casa donde nacieron? Seguramente que no. Entonces, ¿por qué aceptamos que los políticos acumulen deuda pública que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar?
En los últimos diez años se dobló el presupuesto de Estados Unidos, de 1,8 billones de dólares ($1.8 trillion en inglés) en 1999, durante el gobierno de Clinton, a 3,6 billones de dólares ($3.6 trillion), en el actual gobierno de Obama. ¿Han aumentado los ingresos de los norteamericanos en la misma proporción? No, pero eso no parece importarle mucho a los políticos, quienes se esconden regalando dinero que no les pertenece. Claro que entre los receptores de esa magnanimidad política no está su vecino, quien perdió la casa, ni tampoco su amigo que por muchos años y hasta hace poco trabajaba en una empresa que quebró, pero sí están los miembros de los sindicatos de la General Motors y de Chrysler. ¿Igualdad ante la ley?
Hasta ahora la solución política ha sido aumentar impuestos a quienes perciben mayores ingresos, pero en un mundo globalizado esto se hace cada día más difícil y así como vemos a gente muy rica irse de la ciudad de Nueva York y del estado de California, donde los impuestos son los más altos de la nación, sus hijos y nietos preferirán emigrar con sus fortunas a los llamados paraísos fiscales, como Bahamas y Panamá.
