La corrupción en Colombia
Cada vez que se habla de los graves males que aquejan a Colombia, la corrupción se ve como un tema aparte pero desplazado en importancia por otros que parecen más urgentes. Pareciera que los colombianos hemos llegado a aceptarlo como un mal endémico de nuestra cultura, como algo normal que no debería ni siquiera criticarse para no demostrar envidia -"lo malo de las roscas es no estar en ellas"- y como una práctica que hasta facilita la vida. ¿Qué tal que un agente de tránsito no transara por el 10 por ciento de lo que vale la infracción? ¿O que un funcionario no inclinase un contrato público a nuestro favor por un porcentaje de su valor?
El empresariado colombiano, en encuestas anónimas, ha aceptado que en la contratación pública por lo menos el 10 por ciento se va en comisiones subrepticias para quienes adjudican las licitaciones, principalmente en lo que a obras públicas se refiere. Sin embargo, constantes denuncias demuestran que en contratos menores y menos llamativos, los sobre costos son hasta del 300 ó 400 por ciento. En los municipios más alejados, donde el control de los medios de comunicación y de la opinión pública es inexistente, un cuaderno escolar, comprado por la Alcaldía para dotar a sus estudiantes, cuesta tres o cuatro veces más que en la tienda de la esquina.
Pero eso no es exclusivo de las regiones apartadas. El mayor hueco está en las entidades centrales que manejan los mayores presupuestos. En ellas todo tiene un sobre costo, desde un vaso desechable hasta un buldózer, y el asunto se agrava por la falta de austeridad en un país tan pobre. Las entidades de control -llámese Fiscalía, Contraloría o Procuraduría- han sido históricamente incapaces de detener el desangre y seguirán así mientras continúen siendo entes politizados, gobernados por los partidos políticos y sus clientelas.
Los esfuerzos del actual gobierno por atacar la corrupción han sido francamente infructuosos porque el programa anti corrupción carece de dientes y elementos jurídicos suficientes para atacarla directamente. Apenas funciona como un organismo consultor, a la vez que hace denuncias generalizadas a los entes de investigación y control, sin que hasta ahora se vean los resultados. Eso no puede seguir así. Colombia tiene 25 millones de habitantes en situación de pobreza y una grave amenaza terrorista, temas que requieren grandes recursos. Son los corruptos los culpables de que se nos venga encima la globalización y hasta ahora nos demos cuenta de que carecemos de infraestructura. Son culpables de que la calidad de la educación sea muy deficiente. Son culpables de la estrechez de las viviendas de interés social y de que al poco tiempo se vayan cayendo sus adobes pegados con babas. Son culpables de que a menudo se cierren hospitales, de que mueran pacientes por falta de recursos y hasta de echar gotas de formol en los ojos de recién nacidos para provocar el despido de un buen gerente y mantener el control presupuestal de un centro asistencial.
La ley debería facultar al Zar Anticorrupción para citar funcionarios de cualquier rango a rendir cuentas y a explicar cómo se gasta cada peso, cuánto se gasta, cómo y dónde. A lo mejor estos hábiles funcionarios tienen la coartada perfecta para explicar cada gasto, pero nos hemos acostumbrado a que tales temas se manejan en silencio y ponerlos a la luz va a generar conciencia de la lucha que el país debe dar contra este flagelo.
Por eso es triste ver cómo los partidos y los políticos de siempre se gastan la vida hablando de fechas de elecciones, listas de candidatos e inscripciones, pero nadie hace una propuesta concreta para combatir la corrupción. Estamos a nueve meses de las próximas elecciones presidenciales y cada candidato debería tener lista su propuesta en este sentido. También el candidato-presidente debería formular una contra lo que él mismo llama "la segunda subversión" y cuya lucha hasta ahora ha generado tan flacos resultados.
(*)Periodista y escritor colombiano.
(c) www.aipenet.com
Propiciemos el entorno social y económico apropiado para el reemplazo, implementando las políticas que permitan aprovechar los beneficios del crecimiento económico en condiciones de igualdad; concediéndole a IVM nuevos ingresos, ofreciéndole mejor atención de salud, educación, alimentación, desarrollo humano y empleo a la niñez y a la juventud que escogerá mañana el nuevo formato de seguro social, los cuales poseen los mayores índices de pobreza actualmente; brindándole atención a los diversos riesgos sociales y a los diversos grupos de riesgos lo que disminuirá la desigualdad.
Rescatar al Seguro Social no involucra únicamente eliminar el déficit operativo temporalmente, además es necesario implementar las políticas sociales que sellen las profundas grietas estructurales producidas por el estilo de crecimiento económico excluyente en que estamos insumidos, que mantiene en la pobreza al 40% de la población y es una de las causas estructurales de la crisis del seguro.
Debemos proponernos corregir el desnivel económico y social existente en el país, que limita las posibilidades de mantener en vigor un seguro social solidario y que también es un factor estructural del posible colapso del mismo. Es necesario ver lo del seguro científica, objetivamente y sin agendas ocultas.
El empresariado colombiano, en encuestas anónimas, ha aceptado que en la contratación pública por lo menos el 10 por ciento se va en comisiones subrepticias para quienes adjudican las licitaciones, principalmente en lo que a obras públicas se refiere. Sin embargo, constantes denuncias demuestran que en contratos menores y menos llamativos, los sobre costos son hasta del 300 ó 400 por ciento. En los municipios más alejados, donde el control de los medios de comunicación y de la opinión pública es inexistente, un cuaderno escolar, comprado por la Alcaldía para dotar a sus estudiantes, cuesta tres o cuatro veces más que en la tienda de la esquina.
Pero eso no es exclusivo de las regiones apartadas. El mayor hueco está en las entidades centrales que manejan los mayores presupuestos. En ellas todo tiene un sobre costo, desde un vaso desechable hasta un buldózer, y el asunto se agrava por la falta de austeridad en un país tan pobre. Las entidades de control -llámese Fiscalía, Contraloría o Procuraduría- han sido históricamente incapaces de detener el desangre y seguirán así mientras continúen siendo entes politizados, gobernados por los partidos políticos y sus clientelas.
Los esfuerzos del actual gobierno por atacar la corrupción han sido francamente infructuosos porque el programa anti corrupción carece de dientes y elementos jurídicos suficientes para atacarla directamente. Apenas funciona como un organismo consultor, a la vez que hace denuncias generalizadas a los entes de investigación y control, sin que hasta ahora se vean los resultados. Eso no puede seguir así. Colombia tiene 25 millones de habitantes en situación de pobreza y una grave amenaza terrorista, temas que requieren grandes recursos. Son los corruptos los culpables de que se nos venga encima la globalización y hasta ahora nos demos cuenta de que carecemos de infraestructura. Son culpables de que la calidad de la educación sea muy deficiente. Son culpables de la estrechez de las viviendas de interés social y de que al poco tiempo se vayan cayendo sus adobes pegados con babas. Son culpables de que a menudo se cierren hospitales, de que mueran pacientes por falta de recursos y hasta de echar gotas de formol en los ojos de recién nacidos para provocar el despido de un buen gerente y mantener el control presupuestal de un centro asistencial.
La ley debería facultar al Zar Anticorrupción para citar funcionarios de cualquier rango a rendir cuentas y a explicar cómo se gasta cada peso, cuánto se gasta, cómo y dónde. A lo mejor estos hábiles funcionarios tienen la coartada perfecta para explicar cada gasto, pero nos hemos acostumbrado a que tales temas se manejan en silencio y ponerlos a la luz va a generar conciencia de la lucha que el país debe dar contra este flagelo.
Por eso es triste ver cómo los partidos y los políticos de siempre se gastan la vida hablando de fechas de elecciones, listas de candidatos e inscripciones, pero nadie hace una propuesta concreta para combatir la corrupción. Estamos a nueve meses de las próximas elecciones presidenciales y cada candidato debería tener lista su propuesta en este sentido. También el candidato-presidente debería formular una contra lo que él mismo llama "la segunda subversión" y cuya lucha hasta ahora ha generado tan flacos resultados.
(*)Periodista y escritor colombiano.
(c) www.aipenet.com
Propiciemos el entorno social y económico apropiado para el reemplazo, implementando las políticas que permitan aprovechar los beneficios del crecimiento económico en condiciones de igualdad; concediéndole a IVM nuevos ingresos, ofreciéndole mejor atención de salud, educación, alimentación, desarrollo humano y empleo a la niñez y a la juventud que escogerá mañana el nuevo formato de seguro social, los cuales poseen los mayores índices de pobreza actualmente; brindándole atención a los diversos riesgos sociales y a los diversos grupos de riesgos lo que disminuirá la desigualdad.
Rescatar al Seguro Social no involucra únicamente eliminar el déficit operativo temporalmente, además es necesario implementar las políticas sociales que sellen las profundas grietas estructurales producidas por el estilo de crecimiento económico excluyente en que estamos insumidos, que mantiene en la pobreza al 40% de la población y es una de las causas estructurales de la crisis del seguro.
Debemos proponernos corregir el desnivel económico y social existente en el país, que limita las posibilidades de mantener en vigor un seguro social solidario y que también es un factor estructural del posible colapso del mismo. Es necesario ver lo del seguro científica, objetivamente y sin agendas ocultas.
