La corrupción en el ojo de la tormenta
Más allá de las causas aparentes, el elemento desencadenante de la actual confrontación entre el Contralor General de la República y el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, lo constituye las recientes declaraciones de la Embajadora de Estados Unidos en Panamá, en las cuales aludió de forma directa (reiteradas por ella misma, poco después, para no dejar lugar a dudas) a la notoria corrupción gubernamental como un freno a la inversión, el desarrollo económico y el establecimiento de las negociaciones para un tratado de libre comercio entre los dos países. Y, como si hubiera sido poco, el mismísimo Secretario de Estado, Collin Powell, como regalo a las celebraciones oficiales del centenario, respaldó las declaraciones de su embajadora (léase: yo le dije que lo dijera), señalando que el combate a la corrupción forma parte de la agenda bilateral. Más claro, imposible; es necesario proyectar la imagen de que el gobierno está luchando contra la corrupción.
Como era de esperar, se han sacado los ases que permanecían guardados en la manga. Para ello, el contralor busca de forma deliberada y afanosa, mediante avisos pagados y altisonantes conferencias de prensa, someter a juicio y condena a terceros frente a la opinión pública, en vez de hacerlo como corresponde, ante la justicia y los tribunales, viciando el debido proceso (lo que quedó demostrado con reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia) porque su intención parece no ser otra que desviar la atención y tapar -al menos temporalmente- lo que para todos, en Panamá o Washington, resulta inocultable.
Por su parte, los medios masivos de comunicación, como de costumbre, han manejado la confrontación casi exclusivamente al nivel de los grandes protagonistas (se gana rating con este concurso por demostrar quién guarda más lodo bajo el sombrero, si la actual o las anteriores administraciones) dejando de lado lo esencial, la lesión al conjunto del Estado, sometido a una profunda crisis institucional, que no deja indemne a ninguno de sus poderes fundamentales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- cual de los tres más desprestigiados ante la percepción de propios y extraños.
Como esta pieza de circo se produce justo al inicio de la primera gran coyuntura electoral del siglo XXI, en la encrucijada vital de refundar sobre bases totalmente nuevas a la República, vale recordar que esta crisis - provocada o no- se parece a la que vivió el país en 1968 y que fue causa y antesala del golpe militar del 11 de octubre de 1968.
Como dicen los abuelos, "río revuelto, ganancia de pescadores". La pérdida de todo vestigio de credibilidad en la clase política, la idea generalizada de que "todos los gobiernos roban", el caos y el incremento de la violencia social, el deterioro creciente o la falta de acceso a los servicios públicos fundamentales (educación, salud, etc.), la ausencia de alternativas para las grandes mayorías del campo y la ciudad, agobiadas por la falta de empleo y el incremento del costo de la vida, son condiciones que fertilizan el predominio de una "cultura" basada en la estricta y directa satisfacción de una necesidad inmediata. "Dame lo mío" es el grito de guerra de este sector de población que crece abonado por la crisis y la marginación, al cual no le importa si los demás roban y que votará, el próximo dos de mayo, no en base al candidato que le ofrezca la perspectiva de un buen gobierno y un proyecto viable de país, sino en aquel que ponga en sus manos o bolsillo la cena de la noche de hoy sin importarle lo que comerá mañana. ¿A quién conviene el incremento de este tipo de electores? El resto de los panameños, que mira hacia el futuro y espera que las elecciones sean un instrumento para contribuir a forjar una sociedad más próspera, justa y equitativa, la ciudadanía que es víctima y testigo de una secuencia interminable de actos de corrupción gubernamental a todos los niveles, también se mantiene escéptica y desconfía profundamente de su clase política, pero no se ha comido el cuento.
Por el contrario, este sector piensa que, si se va a investigar a funcionarios al más alto nivel de la administración anterior por beneficiarse al otorgar concesiones a empresas privadas, no se puede ignorar, a renglón seguido, todas las concesiones, licitaciones y las numerosísimas contrataciones directas (más que las del gobierno anterior, por cierto) realizadas por en la actual administración y que han sido denunciadas por beneficiar a personeros del actual gobierno. Si se va a investigar el enriquecimiento injustificado de un funcionario del pasado gobierno, también hay que hacerlo con los del actual y determinar, por ejemplo, ¿cómo un personaje que ni siquiera tiene un pasado de prosperidad empresarial o financiera, cuya la única fortuna conocida es haber nacido en la misma cuna que la presidenta, pudo comprar la mansión de Punta Mala valorada en más de 300 mil dólares? O, ¿cómo una secretaria de palacio puede guardar en el congelador de su casa el equivalente a 28 ó 30 meses de su salario neto? Que se investigue la desviación de fondos donados al país (los millones del museo del niño y la niña) manejados por una fundación, integrada por allegados al Palacio de las Garzas.
Que el ungido magistrado demore el recurso para favorecerlo y que ese legislador confeso de soborno sea candidato del arnulfismo (¿quién, sino, se hace cargo de la criatura?); que el CEMIS; que la multimillonaria equiparación de los puertos; que el zar anticorrupción, cuyo ámbito de competencia es la administración pública, haya desaparecido del aparato gubernamental (¿dónde está, qué se fizo, cuál fue el último caso que investigó?); que el reglamento expedido por el ejecutivo anule los objetivos de la Ley de Transparencia (¿a quién o quiénes beneficia la falta de transparencia?); que se nombrara una comisión de "notables", cuyas "recomendaciones para enfrentar la corrupción" nadie intentó implementar; y tantas y tantas evidencias de conocimiento público ponen a dudar hasta el más despistado sobre las buenas y verdaderas intenciones que subyacen bajo el actual torbellino de acusaciones y contra-acusaciones.
Por otro lado, aunque el propio Martín Torrijos ha colocado el combate a la corrupción como un eje principal de su propuesta de gobierno, muchos ciudadanos quieren ver a la oposición jugando un papel más activo y beligerante. Es muy evidente que esta jugada tiene la doble intención de minar el capital político electoral del PRD. No es casual que en los pasados enfrentamientos del Ejecutivo con el ex director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, o contra los dirigentes del SUNTRACS, sea la misma persona y los mismos métodos los que se utilizan para debilitar al adversario. Por ello, ahora más que nunca, porque varios de sus dirigentes han sido acusados, el PRD debe cerrar filas y exigir de forma más enérgica que los escándalos de corrupción (también los que atañen a la actual administración) se esclarezcan, demandando el respeto al debido proceso.
Lo que suceda de ahora en adelante es muy importante. No pocos se han dado cuenta de que las denuncias y los titulares de hoy han abierto una puerta peligrosa. Si un contralor hoy (acaso en un acto de desesperación) elude el debido proceso o se vale de un decreto calificado de "abusivo", elaborado al fragor de los primeros meses de la invasión militar norteamericana de 1989, para someter a juicio a un ex mandatario, con razón o sin ella, imagínense lo que podría hacer el próximo contralor con la mitad de las denuncias de corrupción que pesan sobre el actual gobierno. ¿Quién garantiza que ese mismo instrumento u otros, no sean utilizados contra la actual presidenta después que abandone el cargo? La respuesta a esta pregunta da la dimensión de lo que está en juego en las elecciones del 2 de mayo y del enorme peligro que amenaza a nuestra "frágil democracia".
Como era de esperar, se han sacado los ases que permanecían guardados en la manga. Para ello, el contralor busca de forma deliberada y afanosa, mediante avisos pagados y altisonantes conferencias de prensa, someter a juicio y condena a terceros frente a la opinión pública, en vez de hacerlo como corresponde, ante la justicia y los tribunales, viciando el debido proceso (lo que quedó demostrado con reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia) porque su intención parece no ser otra que desviar la atención y tapar -al menos temporalmente- lo que para todos, en Panamá o Washington, resulta inocultable.
Por su parte, los medios masivos de comunicación, como de costumbre, han manejado la confrontación casi exclusivamente al nivel de los grandes protagonistas (se gana rating con este concurso por demostrar quién guarda más lodo bajo el sombrero, si la actual o las anteriores administraciones) dejando de lado lo esencial, la lesión al conjunto del Estado, sometido a una profunda crisis institucional, que no deja indemne a ninguno de sus poderes fundamentales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- cual de los tres más desprestigiados ante la percepción de propios y extraños.
Como esta pieza de circo se produce justo al inicio de la primera gran coyuntura electoral del siglo XXI, en la encrucijada vital de refundar sobre bases totalmente nuevas a la República, vale recordar que esta crisis - provocada o no- se parece a la que vivió el país en 1968 y que fue causa y antesala del golpe militar del 11 de octubre de 1968.
Como dicen los abuelos, "río revuelto, ganancia de pescadores". La pérdida de todo vestigio de credibilidad en la clase política, la idea generalizada de que "todos los gobiernos roban", el caos y el incremento de la violencia social, el deterioro creciente o la falta de acceso a los servicios públicos fundamentales (educación, salud, etc.), la ausencia de alternativas para las grandes mayorías del campo y la ciudad, agobiadas por la falta de empleo y el incremento del costo de la vida, son condiciones que fertilizan el predominio de una "cultura" basada en la estricta y directa satisfacción de una necesidad inmediata. "Dame lo mío" es el grito de guerra de este sector de población que crece abonado por la crisis y la marginación, al cual no le importa si los demás roban y que votará, el próximo dos de mayo, no en base al candidato que le ofrezca la perspectiva de un buen gobierno y un proyecto viable de país, sino en aquel que ponga en sus manos o bolsillo la cena de la noche de hoy sin importarle lo que comerá mañana. ¿A quién conviene el incremento de este tipo de electores? El resto de los panameños, que mira hacia el futuro y espera que las elecciones sean un instrumento para contribuir a forjar una sociedad más próspera, justa y equitativa, la ciudadanía que es víctima y testigo de una secuencia interminable de actos de corrupción gubernamental a todos los niveles, también se mantiene escéptica y desconfía profundamente de su clase política, pero no se ha comido el cuento.
Por el contrario, este sector piensa que, si se va a investigar a funcionarios al más alto nivel de la administración anterior por beneficiarse al otorgar concesiones a empresas privadas, no se puede ignorar, a renglón seguido, todas las concesiones, licitaciones y las numerosísimas contrataciones directas (más que las del gobierno anterior, por cierto) realizadas por en la actual administración y que han sido denunciadas por beneficiar a personeros del actual gobierno. Si se va a investigar el enriquecimiento injustificado de un funcionario del pasado gobierno, también hay que hacerlo con los del actual y determinar, por ejemplo, ¿cómo un personaje que ni siquiera tiene un pasado de prosperidad empresarial o financiera, cuya la única fortuna conocida es haber nacido en la misma cuna que la presidenta, pudo comprar la mansión de Punta Mala valorada en más de 300 mil dólares? O, ¿cómo una secretaria de palacio puede guardar en el congelador de su casa el equivalente a 28 ó 30 meses de su salario neto? Que se investigue la desviación de fondos donados al país (los millones del museo del niño y la niña) manejados por una fundación, integrada por allegados al Palacio de las Garzas.
Que el ungido magistrado demore el recurso para favorecerlo y que ese legislador confeso de soborno sea candidato del arnulfismo (¿quién, sino, se hace cargo de la criatura?); que el CEMIS; que la multimillonaria equiparación de los puertos; que el zar anticorrupción, cuyo ámbito de competencia es la administración pública, haya desaparecido del aparato gubernamental (¿dónde está, qué se fizo, cuál fue el último caso que investigó?); que el reglamento expedido por el ejecutivo anule los objetivos de la Ley de Transparencia (¿a quién o quiénes beneficia la falta de transparencia?); que se nombrara una comisión de "notables", cuyas "recomendaciones para enfrentar la corrupción" nadie intentó implementar; y tantas y tantas evidencias de conocimiento público ponen a dudar hasta el más despistado sobre las buenas y verdaderas intenciones que subyacen bajo el actual torbellino de acusaciones y contra-acusaciones.
Por otro lado, aunque el propio Martín Torrijos ha colocado el combate a la corrupción como un eje principal de su propuesta de gobierno, muchos ciudadanos quieren ver a la oposición jugando un papel más activo y beligerante. Es muy evidente que esta jugada tiene la doble intención de minar el capital político electoral del PRD. No es casual que en los pasados enfrentamientos del Ejecutivo con el ex director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, o contra los dirigentes del SUNTRACS, sea la misma persona y los mismos métodos los que se utilizan para debilitar al adversario. Por ello, ahora más que nunca, porque varios de sus dirigentes han sido acusados, el PRD debe cerrar filas y exigir de forma más enérgica que los escándalos de corrupción (también los que atañen a la actual administración) se esclarezcan, demandando el respeto al debido proceso.
Lo que suceda de ahora en adelante es muy importante. No pocos se han dado cuenta de que las denuncias y los titulares de hoy han abierto una puerta peligrosa. Si un contralor hoy (acaso en un acto de desesperación) elude el debido proceso o se vale de un decreto calificado de "abusivo", elaborado al fragor de los primeros meses de la invasión militar norteamericana de 1989, para someter a juicio a un ex mandatario, con razón o sin ella, imagínense lo que podría hacer el próximo contralor con la mitad de las denuncias de corrupción que pesan sobre el actual gobierno. ¿Quién garantiza que ese mismo instrumento u otros, no sean utilizados contra la actual presidenta después que abandone el cargo? La respuesta a esta pregunta da la dimensión de lo que está en juego en las elecciones del 2 de mayo y del enorme peligro que amenaza a nuestra "frágil democracia".
