La corrupción en Panamá
Innegable es que encontramos en el engranaje gubernamental de todos los ejercicios presidenciales, personas que ven al gobierno como una forma de acrecentar sus haberes y de lograr influencias en soluciones de diferentes problemas personales y de terceros por los que interceden. Lo pecaminoso no es solicitar una celeridad en una respuesta, ya que hasta la ley suplica tal proceder. Lo incorrecto es pedir que la solución contradiga los elementos de juicio que existen y que deben sustentar una decisión justa, legal y ecuánime.
Los corruptos tienen signos que los señalan a distancia. Así lo expresé en una conferencia que ofrecí a funcionarios de la administración de justicia, que fue editada por la Escuela Judicial. Los métodos para combatir la corrupción no tendrán eficacia si quienes tienen que aplicar la Ley, lo hacen pensando en sus compromisos personales, tales como la hipoteca de su casa, la mensualidad del colegio de sus hijos, el transporte escolar, los descuentos por deudas en bancos o financieras, la inseguridad laboral etc. Si el funcionario de instrucción o el juzgador no son verdaderos profesionales, jamás van a decidir sin sujetar su decisión a la vulnerabilidad de sus compromisos económicos.
Por allí empieza a descubrirse las causas de la corrupción, porque aún cuando concurran hechos y pruebas que ameriten sanciones ejemplares, el temor a perder el cargo desvía la realidad y entorpece la justicia. En primer lugar, es preciso que tengamos verdaderos jueces, hombres y mujeres que crean en la justicia y no en sus sueldos. Gran parte de ellos temen ejercer la profesión que estudiaron. Esos no son buenos jueces, ni lo serán jamás, aún cuando se jubilen como tales. Frente a este panorama que es fundamental para combatir la corrupción, tenemos enquistados en el área gubernamental(legislativa, ejecutiva y judicial), figuras que procuran ventajas personales, no sólo económicas, sino de influencias, de poder y las hacen valer en perjuicio de otros, con la bendición de quien debe tomar una decisión legal y justa.
Si incautamos los bienes de los corruptos y de los corruptores, aún cuando aparezcan a nombre de personas naturales distintas o jurídicas en las que ellos no aparecen siquiera con un poder de administración, empezamos a exigir transparencia en el actuar, sobre todo si existen vínculos directos con el gobierno o políticos con el grupo gobernante. Cuando de otra nación se nos solicita asistencia legal o judicial para perseguir a gobernantes perseguidos por corrupción, debemos ser enérgicos y evitar que nuestro país se convierta en el protector de la delincuencia internacional. Ayudemos por principios y por convicción propia, a combatir la corrupción local e internacional.
Ubicar una oficina anticorrupción en algún ministerio, es el primer error que se comete y desluce la seriedad que se pretende exhibir. No es un secreto la capacidad de sumisión de un ministro frente a sus subalternos. Esa oficina debe estar directamente adscrita a la Presidencia de la República y debe además, tener acceso y poder suficiente para actuar frente a las negativas y actitudes elusivas que verá en su desempeño. Hay que dotarla de algún poder en todas las esferas gubernamentales para poder recabar información verás, oportuna y legalmente admisible.
El asunto no es crear el cargo, sino dotarlo de lo necesario, que no se limita a espacio físico, personal o equipos, sino también de la suficiente garantía en su proceder, para que no haya oficina que impida la investigación y procesamiento de las denuncias.
Los corruptores deben ser igualmente sancionados como los corruptos para destruir la causa del mal, de suerte que no sólo atendamos al enfermo, sino que ataquemos la enfermedad misma. De no considerarse éstas y otras situaciones, estaremos destinados al fracaso y todo concluirá con un cargo burocrático más, como muchos que existen y que no tienen funciones precisas, ni resultados de gestión visibles.
Los corruptos tienen signos que los señalan a distancia. Así lo expresé en una conferencia que ofrecí a funcionarios de la administración de justicia, que fue editada por la Escuela Judicial. Los métodos para combatir la corrupción no tendrán eficacia si quienes tienen que aplicar la Ley, lo hacen pensando en sus compromisos personales, tales como la hipoteca de su casa, la mensualidad del colegio de sus hijos, el transporte escolar, los descuentos por deudas en bancos o financieras, la inseguridad laboral etc. Si el funcionario de instrucción o el juzgador no son verdaderos profesionales, jamás van a decidir sin sujetar su decisión a la vulnerabilidad de sus compromisos económicos.
Por allí empieza a descubrirse las causas de la corrupción, porque aún cuando concurran hechos y pruebas que ameriten sanciones ejemplares, el temor a perder el cargo desvía la realidad y entorpece la justicia. En primer lugar, es preciso que tengamos verdaderos jueces, hombres y mujeres que crean en la justicia y no en sus sueldos. Gran parte de ellos temen ejercer la profesión que estudiaron. Esos no son buenos jueces, ni lo serán jamás, aún cuando se jubilen como tales. Frente a este panorama que es fundamental para combatir la corrupción, tenemos enquistados en el área gubernamental(legislativa, ejecutiva y judicial), figuras que procuran ventajas personales, no sólo económicas, sino de influencias, de poder y las hacen valer en perjuicio de otros, con la bendición de quien debe tomar una decisión legal y justa.
Si incautamos los bienes de los corruptos y de los corruptores, aún cuando aparezcan a nombre de personas naturales distintas o jurídicas en las que ellos no aparecen siquiera con un poder de administración, empezamos a exigir transparencia en el actuar, sobre todo si existen vínculos directos con el gobierno o políticos con el grupo gobernante. Cuando de otra nación se nos solicita asistencia legal o judicial para perseguir a gobernantes perseguidos por corrupción, debemos ser enérgicos y evitar que nuestro país se convierta en el protector de la delincuencia internacional. Ayudemos por principios y por convicción propia, a combatir la corrupción local e internacional.
Ubicar una oficina anticorrupción en algún ministerio, es el primer error que se comete y desluce la seriedad que se pretende exhibir. No es un secreto la capacidad de sumisión de un ministro frente a sus subalternos. Esa oficina debe estar directamente adscrita a la Presidencia de la República y debe además, tener acceso y poder suficiente para actuar frente a las negativas y actitudes elusivas que verá en su desempeño. Hay que dotarla de algún poder en todas las esferas gubernamentales para poder recabar información verás, oportuna y legalmente admisible.
El asunto no es crear el cargo, sino dotarlo de lo necesario, que no se limita a espacio físico, personal o equipos, sino también de la suficiente garantía en su proceder, para que no haya oficina que impida la investigación y procesamiento de las denuncias.
Los corruptores deben ser igualmente sancionados como los corruptos para destruir la causa del mal, de suerte que no sólo atendamos al enfermo, sino que ataquemos la enfermedad misma. De no considerarse éstas y otras situaciones, estaremos destinados al fracaso y todo concluirá con un cargo burocrático más, como muchos que existen y que no tienen funciones precisas, ni resultados de gestión visibles.
