La Corte, la nota y la fiscal

Nuevamente, en menos de un año, el sector judicial deja caer sobre la conciencia social el peso de sus dramas internos. Con disgusto, pero sin asombro, acabamos de asistir a otro sainete donde este sector parece encarnar un drama de anarquía y desgobierno que bien puede hacer temer al ciudadano por el resguardo de sus deberes y derechos.
Con anterioridad, los escandalosos autos de detención contra tres ex directores de la Caja de Seguro Social, ácidamente cuestionados por el pleno de la Corte, cayeron como una advertencia severa respecto a los elementos que se consideran a la hora de detenciones preventivas. Tal parece que en materia de interpretación de las leyes no prima lo escrito, sino lo que cada componente judicial concluye.
Importa mucho valorar con exactitud la escena, porque cuando en abril de 2005 se habló de generar un nuevo Pacto de Estado por la Justicia, varios fueron los que consideraron reformas a las leyes, o cambios de forma en el propio aparato; pero con la demanda interpuesta por la Corte contra la Fiscal Anticorrupción, la preocupación que salta es la de hasta dónde lo académico se ha visto afectado. Claro que en ocasiones, y quizás en muchas, sea justificado el interés ciudadano por investigar a uno u otro magistrado, anhelo que no puede implicar pasar por alto la ley que han jurado defender muchos de los que integran el supremo tribunal.
Por mucha razón que puede tener un ciudadano, defender la ley no implica utilizar métodos que la violen o pongan en entredicho el funcionamiento de establecimientos como la Corte. ¿Qué queda? Para muchos la posibilidad de callar y permitir el "lesseferismo" dañino en cuerpos como éste, una equivocación que sólo afectaría lo que más debemos cuidar: la institucionalidad del país.
Expertos locales y extranjeros que han podido ver o participar en reformas legales en Panamá, no sólo elogian tales estatutos, sino que reconocen su condición avanzada. Pero no deja de ser lamentable que su aplicación no corra pareja a su formulación. Vale la pena también formularse una pregunta: ¿Qué organismo decidirá la sanción penal, en caso que prospere la querella presentada por la Corte Suprema de Justicia? ¿Ella misma acaso? ¿No será a eso a lo que se refería el magistrado disidente, cuando en la nota enviada a la Presidenta, hacía relación a lo que llamó "decisiones atolondradas"?