A la Corte Suprema de Justicia
Los residentes de las viviendas que hemos resultado afectados con el ilegal cambio de código de zonificación de las fincas donde se adelanta la construcción del edificio The Millenium hemos recurrido a cuanta instancia existe, en la vía administrativa, para hacer valer nuestros derechos y en todas hemos encontrado, hasta el momento, una total apatía. Ninguna ha tenido la determinación de acabar con el ilícito, aun cuando en privado lo han aceptado. Ello nos ha obligado a recurrir a la Honorable Corte Suprema de Justicia y ante ella se interpuso el lunes 27 de septiembre recurso Contencioso Administrativo de Nulidad mediante el cual se solicita, como petición especial, la suspensión del acto que ninguna de las autoridades de este país ha procedido a hacer, no obstante las evidencias de ilegalidad existentes. Esta solicitud se ha hecho como medida provisional hasta tanto se decida el fondo del asunto jurídico propuesto a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y es que los constructores, a pesar de conocer la oposición que existe a la construcción que adelantan, la han acelerado aparentemente con el propósito de querer alegar que el hecho está consumado, lo que definitivamente no es así pues apenas llevan, a la fecha, tres losas de treinta que consta el proyecto. Es decir, ni siquiera un 10% del mismo se ha avanzado en cuanto a número de losas se trata. Con esta medida también se persigue que el dueño de la obra no incurra en mayores perjuicios como derivación del levantamiento de mejoras cuya demolición posterior, por incongruentes con las normas urbanísticas, pueda ordenarse por las autoridades correspondientes.
Estamos solicitando a la Honorable Corte Suprema de Justicia que no sólo declare ilegal el cambio de código de zonificación, como parece haber consenso en todos los que han conocido del caso, sino también en el respectivo permiso de construcción como una prolongación igualmente viciada del cambio de suelo realizada ilegalmente. Si el permiso de construcción adquiere su validez jurídica como consecuencia del ilegal cambio de zonificación resulta de elemental lógica que el permiso también resulta ilegal pues pierde su sustento jurídico. Perdida la legalidad lo principal, igual debe acontecer con lo accesorio o derivativo, de acuerdo con elemental raciocinio. O como dice el adagio jurídico, lo accesorio corre la suerte de lo principal". ¿No le parece igual a usted, apreciado lector?
Estimamos que la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene en esta ocasión la brillante oportunidad de poner orden en este país en lo tocante a la zonificación y desarrollo urbano. No puede ser que a los habitantes de este país no se nos ofrezca la seguridad social que preceptúa nuestra Constitución Nacional. No puede ser que seamos los ciudadanos víctimas de los especuladores, los mercaderes de inmuebles, que sin ningún impedimento violen a diestra y siniestra, en forma impune, las normas más elementales de convivencia y paz social como es la habitabilidad de las ciudades e interrumpan el desarrollo armónico de la ciudad. Estatuye el artículo 105 de nuestra Constitución Nacional que "es función del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social". O sea, la salud no sólo es la ausencia de enfermedad o su padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social que los constructores del edificio The Millenium han socavado al acabar con el equilibrio urbanístico establecido con la zonificación de baja densidad existente en el sector, establecida por ley.
Es obligación ineludible del Estado resolver los problemas de la ciudad y ello supone mejorar la habitabilidad y con ella, la calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales. Precisamente, la ciudad como lugar de convivencia y de vida, decíamos en un escrito anterior y ahora lo reiteramos, tiene un papel determinante en la salud de las personas que viven en ella. Es en la ciudad donde se desarrollan las actividades que condicionan la vida del individuo: económicas, sociales, culturales, educativas, de ocio, etc. En este sentido, el entorno urbano como espacio de relaciones y de actividad y el entorno físico, como espacio o soporte natural adaptado y modificado por el hombre, marcan unas pautas que habilitan un modo de vida y de utilización del tiempo (ocio, trabajo, obligaciones, necesidades). El trazado de las ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la población y de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una importancia capital para la habitabilidad. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se respete el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública.
Aclaramos que no nos oponemos al progreso y desarrollo de nuestra ciudad capital, como expresamos en carta abierta a la Sra. Presidenta de la República, siempre y cuando se lleve dentro del marco de la legalidad, con respeto a los derechos legítimos y de justicia y consideración hacia los ciudadanos que se han de ver afectados y que, como en el caso presente, ven trastocados inesperadamente su calidad de vida y afectadas las inversiones que han hecho en residencias para su tranquilidad, seguridad y sosiego.
Sin embargo, cuando se rompe ese marco de legalidad al que aludimos, violando normas establecidas que nos permitían vivir confiados en el amparo de la seguridad jurídica que nos brindaban, nos vemos abocados a acudir hoy ante el más alto tribunal de justicia, la Honorable Corte Suprema de Justicia, plenamente confiados en su sentido de justicia, equidad y respeto a los derechos ciudadanos. Amén.
Estamos solicitando a la Honorable Corte Suprema de Justicia que no sólo declare ilegal el cambio de código de zonificación, como parece haber consenso en todos los que han conocido del caso, sino también en el respectivo permiso de construcción como una prolongación igualmente viciada del cambio de suelo realizada ilegalmente. Si el permiso de construcción adquiere su validez jurídica como consecuencia del ilegal cambio de zonificación resulta de elemental lógica que el permiso también resulta ilegal pues pierde su sustento jurídico. Perdida la legalidad lo principal, igual debe acontecer con lo accesorio o derivativo, de acuerdo con elemental raciocinio. O como dice el adagio jurídico, lo accesorio corre la suerte de lo principal". ¿No le parece igual a usted, apreciado lector?
Estimamos que la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene en esta ocasión la brillante oportunidad de poner orden en este país en lo tocante a la zonificación y desarrollo urbano. No puede ser que a los habitantes de este país no se nos ofrezca la seguridad social que preceptúa nuestra Constitución Nacional. No puede ser que seamos los ciudadanos víctimas de los especuladores, los mercaderes de inmuebles, que sin ningún impedimento violen a diestra y siniestra, en forma impune, las normas más elementales de convivencia y paz social como es la habitabilidad de las ciudades e interrumpan el desarrollo armónico de la ciudad. Estatuye el artículo 105 de nuestra Constitución Nacional que "es función del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social". O sea, la salud no sólo es la ausencia de enfermedad o su padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social que los constructores del edificio The Millenium han socavado al acabar con el equilibrio urbanístico establecido con la zonificación de baja densidad existente en el sector, establecida por ley.
Es obligación ineludible del Estado resolver los problemas de la ciudad y ello supone mejorar la habitabilidad y con ella, la calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales. Precisamente, la ciudad como lugar de convivencia y de vida, decíamos en un escrito anterior y ahora lo reiteramos, tiene un papel determinante en la salud de las personas que viven en ella. Es en la ciudad donde se desarrollan las actividades que condicionan la vida del individuo: económicas, sociales, culturales, educativas, de ocio, etc. En este sentido, el entorno urbano como espacio de relaciones y de actividad y el entorno físico, como espacio o soporte natural adaptado y modificado por el hombre, marcan unas pautas que habilitan un modo de vida y de utilización del tiempo (ocio, trabajo, obligaciones, necesidades). El trazado de las ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la población y de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una importancia capital para la habitabilidad. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se respete el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública.
Aclaramos que no nos oponemos al progreso y desarrollo de nuestra ciudad capital, como expresamos en carta abierta a la Sra. Presidenta de la República, siempre y cuando se lleve dentro del marco de la legalidad, con respeto a los derechos legítimos y de justicia y consideración hacia los ciudadanos que se han de ver afectados y que, como en el caso presente, ven trastocados inesperadamente su calidad de vida y afectadas las inversiones que han hecho en residencias para su tranquilidad, seguridad y sosiego.
Sin embargo, cuando se rompe ese marco de legalidad al que aludimos, violando normas establecidas que nos permitían vivir confiados en el amparo de la seguridad jurídica que nos brindaban, nos vemos abocados a acudir hoy ante el más alto tribunal de justicia, la Honorable Corte Suprema de Justicia, plenamente confiados en su sentido de justicia, equidad y respeto a los derechos ciudadanos. Amén.
