La crisis del café
La caída en picado de los precios del café en el mercado internacional le ha costado a Etiopía 830 millones de dólares en pérdidas por exportaciones en los últimos cinco años, una cantidad que habría servido para construir 1,250 centros de salud o 2,000 escuelas. El caso de este país de África subsahariana, uno de los más pobres del mundo, es sólo una muestra de las terribles consecuencias de una crisis que afecta a 25 millones de familias de los países en vías de desarrollo que dependen del cultivo de este producto.
Intermón Oxfam dio la señal de alarma en septiembre de 2002 y desde entonces muchas han sido las voces que han denunciado este claro ejemplo de la injusticia de las reglas que dominan el comercio mundial y reflejo de la grave situación que atraviesa el mercado internacional de las materias primas.
El envío masivo de correos electrónicos y postales a las multinacionales del sector y el aumento de la venta de café de comercio justo en España demuestran el grado de sensibilidad y movilización de la ciudadanía española. Sin embargo, las respuestas prácticas y efectivas por parte de los agentes con capacidad de decisión e influencia han sido más bien escasas, por lo que, lejos de remitir, la crisis del café se ha agravado, y los productores, arruinados por años de descensos vertiginosos de los precios, se han pasado al cultivo de droga porque resulta una alternativa mucho más rentable.
Un agricultor cafetalero de Etiopía vende en la actualidad por 86 centavos lo que hace unos años vendía por tres dólares. En cambio, cobra nueve dólares si en lugar de café cultiva "kat", una planta de efectos estimulantes cuya venta está prohibida en Estados Unidos y en varios países europeos, incluido España.
En sólo cinco años, los ingresos por las exportaciones de café en Etiopía han caído de un 70% a un 35% del conjunto de sus ventas al extranjero, mientras que las de kat se han doblado hasta representar un 13%. Se trata de una situación idéntica a la de otros países africanos y latinoamericanos.
En Perú, por ejemplo, en lugar de kat los campesinos plantan coca, cuyo kilo se vende casi cinco veces más caro que el café.
El paso del café a la droga refleja el fracaso en la toma de decisiones de los gobiernos y la falta de compromisos de las grandes multinacionales para garantizar un precio digno a los pequeños productores.
Es cierto que algunas de las cuatro grandes compañías torrefactoras que dominan el mercado mundial han hecho algún adelanto, pero también sus medidas son más que limitadas.
Procter & Gamble (la única que no comercializa marcas de café en España) ha anunciado una línea de café de comercio justo, pero sigue sin definir directrices claras de compra a los agricultores en condiciones equitativas. Nestlé ha aumentado la compra directa a los productores, aunque sólo como respuesta a una situación coyuntural. En el caso de Sara Lee (que comercializa Marcilla en España) y Kraft (Saimaza), la actuación ha sido muy escasa nula. Mientras tanto, y a pesar de la crisis del café, los ya copiosos beneficios de las cuatro multinacionales no han dejado de aumentar.
Para defenderse, las empresas cafetaleras argumentan que no son las únicas culpables. Y tienen razón. Nadie pone en duda que los gobiernos (tanto del Norte como del Sur) y las grandes instituciones financieras (FMI y Banco Mundial) a duras penas han aportado reconocimientos públicos a la crisis. Pero las incapacidades políticas no pueden seguir sirviendo de excusa al sector privado para mantenerse como obstáculo principal de la solución. Son las multinacionales las que deben incorporar estrategias en sus políticas comerciales que permitan asegurar un precio digno a los productores.
Las empresas son en parte responsables y, por tanto, tienen que ser parte del remedio. Está en sus manos -y también en las de los gobiernos e instituciones internacionales- impulsar los cambios necesarios para salir del túnel de la crisis.
El reto es acabar con los argumentos económicos que justifican la producción de droga en países como Etiopía o Perú y convertir de nuevo el café en un cultivo rentable.
La movilización social en los países productores de café y en los principales países consumidores acabará dando sus frutos para hacer reaccionar a las multinacionales y los gobiernos. Ahí radica buena parte de la esperanza de las millones de familias afectadas por la crisis.
*Centro de Colaboraciones Solidarias.
(ccs@tsai.es)
Intermón Oxfam dio la señal de alarma en septiembre de 2002 y desde entonces muchas han sido las voces que han denunciado este claro ejemplo de la injusticia de las reglas que dominan el comercio mundial y reflejo de la grave situación que atraviesa el mercado internacional de las materias primas.
El envío masivo de correos electrónicos y postales a las multinacionales del sector y el aumento de la venta de café de comercio justo en España demuestran el grado de sensibilidad y movilización de la ciudadanía española. Sin embargo, las respuestas prácticas y efectivas por parte de los agentes con capacidad de decisión e influencia han sido más bien escasas, por lo que, lejos de remitir, la crisis del café se ha agravado, y los productores, arruinados por años de descensos vertiginosos de los precios, se han pasado al cultivo de droga porque resulta una alternativa mucho más rentable.
Un agricultor cafetalero de Etiopía vende en la actualidad por 86 centavos lo que hace unos años vendía por tres dólares. En cambio, cobra nueve dólares si en lugar de café cultiva "kat", una planta de efectos estimulantes cuya venta está prohibida en Estados Unidos y en varios países europeos, incluido España.
En sólo cinco años, los ingresos por las exportaciones de café en Etiopía han caído de un 70% a un 35% del conjunto de sus ventas al extranjero, mientras que las de kat se han doblado hasta representar un 13%. Se trata de una situación idéntica a la de otros países africanos y latinoamericanos.
En Perú, por ejemplo, en lugar de kat los campesinos plantan coca, cuyo kilo se vende casi cinco veces más caro que el café.
El paso del café a la droga refleja el fracaso en la toma de decisiones de los gobiernos y la falta de compromisos de las grandes multinacionales para garantizar un precio digno a los pequeños productores.
Es cierto que algunas de las cuatro grandes compañías torrefactoras que dominan el mercado mundial han hecho algún adelanto, pero también sus medidas son más que limitadas.
Procter & Gamble (la única que no comercializa marcas de café en España) ha anunciado una línea de café de comercio justo, pero sigue sin definir directrices claras de compra a los agricultores en condiciones equitativas. Nestlé ha aumentado la compra directa a los productores, aunque sólo como respuesta a una situación coyuntural. En el caso de Sara Lee (que comercializa Marcilla en España) y Kraft (Saimaza), la actuación ha sido muy escasa nula. Mientras tanto, y a pesar de la crisis del café, los ya copiosos beneficios de las cuatro multinacionales no han dejado de aumentar.
Para defenderse, las empresas cafetaleras argumentan que no son las únicas culpables. Y tienen razón. Nadie pone en duda que los gobiernos (tanto del Norte como del Sur) y las grandes instituciones financieras (FMI y Banco Mundial) a duras penas han aportado reconocimientos públicos a la crisis. Pero las incapacidades políticas no pueden seguir sirviendo de excusa al sector privado para mantenerse como obstáculo principal de la solución. Son las multinacionales las que deben incorporar estrategias en sus políticas comerciales que permitan asegurar un precio digno a los productores.
Las empresas son en parte responsables y, por tanto, tienen que ser parte del remedio. Está en sus manos -y también en las de los gobiernos e instituciones internacionales- impulsar los cambios necesarios para salir del túnel de la crisis.
El reto es acabar con los argumentos económicos que justifican la producción de droga en países como Etiopía o Perú y convertir de nuevo el café en un cultivo rentable.
La movilización social en los países productores de café y en los principales países consumidores acabará dando sus frutos para hacer reaccionar a las multinacionales y los gobiernos. Ahí radica buena parte de la esperanza de las millones de familias afectadas por la crisis.
*Centro de Colaboraciones Solidarias.
(ccs@tsai.es)
