La Cumbre y el Plan Puebla Panamá
Nadie hubiese pensado que el Plan Puebla Panamá (PPP), la iniciativa para propugnar la integración comercial y de estructuras industriales de México con Centroamérica, se proyectaría como uno de los temas centrales de las jornadas mexicanas en Berlín. Pero así fue, tanto por los elogios al proyecto del propio embajador mexicano, Jorge Eduardo Navarrete, como por las intervenciones de destacados académicos internacionales que participaron en las conferencias, exposiciones y diversos actos culturales que tuvieron lugar durante las recientes semanas. "El Plan Puebla Panamá es el ejemplo más destacado de la proyección de mi gobierno para impulsar el desarrollo comercial e industrial a nivel regional," afirmó Navarrete, un connotado economista con cátedras pasadas en el Colegio de México, la Universidad de Harvard, así como Oxford y Cambridge en su antiguo cargo de embajador ante la Corte de St. James. El diplomático también se refirió al Grupo de Río, al cual también pertenece Panamá, como el foro más idóneo para el planteamiento y la resolución de los problemas regionales.
Por su parte, John Coatsworth, historiador que dirige el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, se hizo eco del mismo planteamiento, considerando al PPP como una de las iniciativas "más serias" en el ámbito geopolítico de la región. Por otro lado, criticó la política exterior del gobierno del presidente George W. Bush por haber dejado a Latinoamérica "prácticamente en el olvido" después del 11 de septiembre de 2001. El historiador de Harvard también se refirió a las quejas de América Latina por las subvenciones agrícolas de EU y la Unión Europea que afectan negativamente a las exportaciones de la región tanto a Europa como al mercado de EU. El origen de estas críticas es la reciente decisión de la Unión Europea de prorrogar hasta el año 2013 la Política Agrícola Común (PAC), que los latinoamericanos califican de fuente de subvenciones que les impide competir en un plano de igualdad. España y Portugal rechazaron la pretensión de éstos de que su queja constara en acta. El tema de las subvenciones también fue planteado ante la Cumbre Iberoamericana, que se realizó la semana pasada en Santo Domingo, a través de una iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Ruckauf, que representaba el sentir de muchos de los latinoamericanos, marcó la magnitud de diferendo al exigir que las conclusiones de la Cumbre ya consensuadas fueran modificadas para que constara en acta la protesta de Iberoamérica por la política de EU y la Unión Europea. Inicialmente, el argentino aludió sólo a Estados Unidos (EU), cuyo gobierno incrementó considerablemente, la pasada primavera, los subsidios a la producción agrícola. Pero luego dijo que "el grupo de los Quince tiene una Política Agrícola Común (PAC), que es también una mala política".
El malestar de los productores latinoamericanos por las distorsiones que la PAC introduce en los precios agrícolas internacionales es antiguo y ha sido esgrimido en otras ocasiones como prueba de una hipocresía europea que contradice las promesas de cooperación al desarrollo con un cierre efectivo de mercados, deprimente para las economías de América Latina. Pero nunca se había llegado al punto de plantearse que esas protestas constaran en las actas de una cumbre iberoamericana.
España y Portugal, los dos términos europeos de este eje meridional de solidaridad trasatlántica, se han distinguido por su apoyo al mantenimiento de la PAC, frente a los estados noreuropeos, especialmente Alemania, que querrían suprimirla para ahorrarse costes, no por favorecer la competencia. España, uno de los países europeos que más se beneficia de la política agrícola comunitaria, se parapetó tras Portugal, cuyo ministro de Exteriores, Antonio Martins da Crus, asumió el cometido de contener la ofensiva argentina. Ni el secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, representante de España en esa reunión, ni el director general de la zona, Jaime Lacadena, participaron significativamente en el debate. Tampoco encontraron tiempo para contrastar con la prensa española los detalles de una versión de los hechos, que, en el secretismo que España ha impuesto a estas cumbres, procede esencialmente de fuentes latinoamericanas. Dijo Da Crus que ni su delegación ni la española estaban allí en representación de la UE, a la que, añadió, Ruckauf debería, en todo caso, dirigir sus quejas. También dejó claro que nadie podía esperar que Portugal o España suscribieran en Playa Bávaro unas conclusiones contrarias a las políticas que asumen en la UE. Fueron precisas más de dos horas de discusión para llegar al acuerdo de que las conclusiones originales quedarían inalteradas, aunque Argentina podría añadir, quizás, como anexo, una protesta de elaboración propia. Ése es el arreglo que los jefes de Estado y Gobierno de los 21 países convocados a la cumbre encontraron.
Los problemas de la inmigración abordaron, en cambio, la cumbre, con perspectivas más favorables para el enfoque de Madrid. Los países participantes consensuaron, en efecto, según consta en el borrador definitivo de conclusiones, cooperar para ordenar los flujos migratorios en beneficio de las dos partes y del "respeto pleno de todos los derechos humanos que les asisten ". La amenaza del visado afecta, sobre todo, a Ecuador y el resto de los latinoamericanos no se han movilizado por esa cuestión.
En materia de terrorismo, las conclusiones renuevan el compromiso de cooperar a nivel internacional para su extinción y recomiendan la reforma de las legislaciones nacionales para evitar que se produzcan situaciones de impunidad. Curiosamente la prensa alemana, al igual que la de EU, apenas se percató de la reunión de Santo Domingo, como tampoco las transmisiones internacionales de la BBC de Londres, aunque esa cadena internacional por lo general es la que más noticias de Latinoamérica trae al público europeo, aparte del diario londinense Financial Times que por lo menos el lunes pasado registró la cumbre en su calendario de la semana, cosa que no emuló ningún otro periódico europeo.
La transparencia que invoco no es una palabra hueca. Es un concepto que tiene significación política y moral. Es la transparencia definida por ley de la República como el "Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos." (Artículo 1, numerales 3 y 13. Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. G.O. No.2476, enero 23 de 2002)
Esta definición política consignada en una ley que no se puede dejar que se convierta en letra muerta, se complementa certeramente por el Legislador al encuadrar la transparencia en la gestión pública bajo el predominio de la Ética, que se concreta en la Ley 6 como el "Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de corrección y de racionalidad que se identifican como un Código de Buen Gobierno."
Creo que para triunfar en una etapa inicial de la guerra contra la Corrupción, es esencial e imperativo que en todas las esferas del poder público -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se emplee el arma de la transparencia que es, sin duda, la mejor vacuna y el mejor remedio contra el cáncer de la Corrupción.
Arias Calderón negó que haya ordenado intervención alguna, a la vez que informó que el procurador en su momento ordenó la intervención telefónica en el caso del nieto del coronel Marcos Justine, quien fue secuestrado y asesinado.
El Gobierno ha señalado a Aristides Valdonedo como uno de los responsables de falsificar el documento con la lista de personas a quienes supuestamente la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, ordenó pinchar los teléfonos. Arias Calderón no cree que Valdonedo tenga alguna responsabilidad en este caso, además de que a su juicio, el Gobierno no ha mostrado ni siquiera indicios de que esa aseveración sea válida.
Dio a conocer que existe un Decreto de mayo de 1991, firmado por Guillermo Endara, sobre las actividades del Consejo Nacional de Seguridad. En él se prohíben a este organismos 14 medidas y la primera de ellas es, precisamente, la intercepción de los teléfonos para espionaje político.
Le parece extraña la actitud de los legisladores oficialistas, quienes rechazaron la creación de una comisión que investigara el caso de los pinchazos telefónicos. "Esa es una mala señal", que no contribuye a la tranquilidad de la población, indicó.
Dijo no saber si el Gobierno tiene equipos para espionaje telefónico, aunque sabe que sí se ha usado, especialmente durante la época de las Fuerzas de Defensa. Todo ese equipo fue a parar a manos de Estados Unidos después de la intervención norteamericana en 1989. Por ahora teme que las autoridades permitan que el tema se diluya.
El ex coronel y ex jefe del G-2 de las extintas Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, acepta que en la época de gobierno militar se practicó el espionaje telefónico.
222Panamá tiene tecnología donada por países amigos que es usada por el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que hace el trabajo de vigilancia y de inteligencia en comunicaciones.
Sin embargo, aseguró que nunca vio cómo se hizo este tipo de espionaje, pese a que la ciudadanía sabía en aquel entonces que el G-2 realizaba labores de inteligencia del Estado.
Señaló que es difícil probar que el gobierno pinche teléfonos, pero informó que éste maneja este tipo de espionaje para saber qué hacen sus adversarios políticos, al igual que en su momento lo hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Sobre la validez del documento supuestamente firmado por la ministra Young, dijo tener sus dudas porque siendo el espionaje telefónico prohibido por ley, difícilmente un ministro emita un documento con su firma solicitando una práctica que está reglamentada.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
Por su parte, John Coatsworth, historiador que dirige el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, se hizo eco del mismo planteamiento, considerando al PPP como una de las iniciativas "más serias" en el ámbito geopolítico de la región. Por otro lado, criticó la política exterior del gobierno del presidente George W. Bush por haber dejado a Latinoamérica "prácticamente en el olvido" después del 11 de septiembre de 2001. El historiador de Harvard también se refirió a las quejas de América Latina por las subvenciones agrícolas de EU y la Unión Europea que afectan negativamente a las exportaciones de la región tanto a Europa como al mercado de EU. El origen de estas críticas es la reciente decisión de la Unión Europea de prorrogar hasta el año 2013 la Política Agrícola Común (PAC), que los latinoamericanos califican de fuente de subvenciones que les impide competir en un plano de igualdad. España y Portugal rechazaron la pretensión de éstos de que su queja constara en acta. El tema de las subvenciones también fue planteado ante la Cumbre Iberoamericana, que se realizó la semana pasada en Santo Domingo, a través de una iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Ruckauf, que representaba el sentir de muchos de los latinoamericanos, marcó la magnitud de diferendo al exigir que las conclusiones de la Cumbre ya consensuadas fueran modificadas para que constara en acta la protesta de Iberoamérica por la política de EU y la Unión Europea. Inicialmente, el argentino aludió sólo a Estados Unidos (EU), cuyo gobierno incrementó considerablemente, la pasada primavera, los subsidios a la producción agrícola. Pero luego dijo que "el grupo de los Quince tiene una Política Agrícola Común (PAC), que es también una mala política".
El malestar de los productores latinoamericanos por las distorsiones que la PAC introduce en los precios agrícolas internacionales es antiguo y ha sido esgrimido en otras ocasiones como prueba de una hipocresía europea que contradice las promesas de cooperación al desarrollo con un cierre efectivo de mercados, deprimente para las economías de América Latina. Pero nunca se había llegado al punto de plantearse que esas protestas constaran en las actas de una cumbre iberoamericana.
España y Portugal, los dos términos europeos de este eje meridional de solidaridad trasatlántica, se han distinguido por su apoyo al mantenimiento de la PAC, frente a los estados noreuropeos, especialmente Alemania, que querrían suprimirla para ahorrarse costes, no por favorecer la competencia. España, uno de los países europeos que más se beneficia de la política agrícola comunitaria, se parapetó tras Portugal, cuyo ministro de Exteriores, Antonio Martins da Crus, asumió el cometido de contener la ofensiva argentina. Ni el secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, representante de España en esa reunión, ni el director general de la zona, Jaime Lacadena, participaron significativamente en el debate. Tampoco encontraron tiempo para contrastar con la prensa española los detalles de una versión de los hechos, que, en el secretismo que España ha impuesto a estas cumbres, procede esencialmente de fuentes latinoamericanas. Dijo Da Crus que ni su delegación ni la española estaban allí en representación de la UE, a la que, añadió, Ruckauf debería, en todo caso, dirigir sus quejas. También dejó claro que nadie podía esperar que Portugal o España suscribieran en Playa Bávaro unas conclusiones contrarias a las políticas que asumen en la UE. Fueron precisas más de dos horas de discusión para llegar al acuerdo de que las conclusiones originales quedarían inalteradas, aunque Argentina podría añadir, quizás, como anexo, una protesta de elaboración propia. Ése es el arreglo que los jefes de Estado y Gobierno de los 21 países convocados a la cumbre encontraron.
Los problemas de la inmigración abordaron, en cambio, la cumbre, con perspectivas más favorables para el enfoque de Madrid. Los países participantes consensuaron, en efecto, según consta en el borrador definitivo de conclusiones, cooperar para ordenar los flujos migratorios en beneficio de las dos partes y del "respeto pleno de todos los derechos humanos que les asisten ". La amenaza del visado afecta, sobre todo, a Ecuador y el resto de los latinoamericanos no se han movilizado por esa cuestión.
En materia de terrorismo, las conclusiones renuevan el compromiso de cooperar a nivel internacional para su extinción y recomiendan la reforma de las legislaciones nacionales para evitar que se produzcan situaciones de impunidad. Curiosamente la prensa alemana, al igual que la de EU, apenas se percató de la reunión de Santo Domingo, como tampoco las transmisiones internacionales de la BBC de Londres, aunque esa cadena internacional por lo general es la que más noticias de Latinoamérica trae al público europeo, aparte del diario londinense Financial Times que por lo menos el lunes pasado registró la cumbre en su calendario de la semana, cosa que no emuló ningún otro periódico europeo.
La transparencia que invoco no es una palabra hueca. Es un concepto que tiene significación política y moral. Es la transparencia definida por ley de la República como el "Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos." (Artículo 1, numerales 3 y 13. Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. G.O. No.2476, enero 23 de 2002)
Esta definición política consignada en una ley que no se puede dejar que se convierta en letra muerta, se complementa certeramente por el Legislador al encuadrar la transparencia en la gestión pública bajo el predominio de la Ética, que se concreta en la Ley 6 como el "Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de corrección y de racionalidad que se identifican como un Código de Buen Gobierno."
Creo que para triunfar en una etapa inicial de la guerra contra la Corrupción, es esencial e imperativo que en todas las esferas del poder público -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se emplee el arma de la transparencia que es, sin duda, la mejor vacuna y el mejor remedio contra el cáncer de la Corrupción.
Arias Calderón negó que haya ordenado intervención alguna, a la vez que informó que el procurador en su momento ordenó la intervención telefónica en el caso del nieto del coronel Marcos Justine, quien fue secuestrado y asesinado.
El Gobierno ha señalado a Aristides Valdonedo como uno de los responsables de falsificar el documento con la lista de personas a quienes supuestamente la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, ordenó pinchar los teléfonos. Arias Calderón no cree que Valdonedo tenga alguna responsabilidad en este caso, además de que a su juicio, el Gobierno no ha mostrado ni siquiera indicios de que esa aseveración sea válida.
Dio a conocer que existe un Decreto de mayo de 1991, firmado por Guillermo Endara, sobre las actividades del Consejo Nacional de Seguridad. En él se prohíben a este organismos 14 medidas y la primera de ellas es, precisamente, la intercepción de los teléfonos para espionaje político.
Le parece extraña la actitud de los legisladores oficialistas, quienes rechazaron la creación de una comisión que investigara el caso de los pinchazos telefónicos. "Esa es una mala señal", que no contribuye a la tranquilidad de la población, indicó.
Dijo no saber si el Gobierno tiene equipos para espionaje telefónico, aunque sabe que sí se ha usado, especialmente durante la época de las Fuerzas de Defensa. Todo ese equipo fue a parar a manos de Estados Unidos después de la intervención norteamericana en 1989. Por ahora teme que las autoridades permitan que el tema se diluya.
El ex coronel y ex jefe del G-2 de las extintas Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, acepta que en la época de gobierno militar se practicó el espionaje telefónico.
222Panamá tiene tecnología donada por países amigos que es usada por el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que hace el trabajo de vigilancia y de inteligencia en comunicaciones.
Sin embargo, aseguró que nunca vio cómo se hizo este tipo de espionaje, pese a que la ciudadanía sabía en aquel entonces que el G-2 realizaba labores de inteligencia del Estado.
Señaló que es difícil probar que el gobierno pinche teléfonos, pero informó que éste maneja este tipo de espionaje para saber qué hacen sus adversarios políticos, al igual que en su momento lo hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Sobre la validez del documento supuestamente firmado por la ministra Young, dijo tener sus dudas porque siendo el espionaje telefónico prohibido por ley, difícilmente un ministro emita un documento con su firma solicitando una práctica que está reglamentada.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
