La Defensoría del Pueblo
EN MI ÚLTIMO artículo recordaba la sabia enseñanza de José Dolores Moscote: "Siempre es incontestablemente mejor para un país la actitud dispuesta y vigilante del pueblo, aunque a veces caiga en errores manifiestos, que una actitud pasiva e indiferente que deje el campo a merced de las dictaduras y las tiranías". Recurro nuevamente a la misma para llamar la atención a la importancia que tiene para los ciudadanos su participación en los asuntos públicos y, en especial en lo que ser refiere a la Defensoría del Pueblo.
Al momento de su creación mediante la Ley 7, en febrero de 1997, se dijo que "se pretende, crear una institución que permita la consolidación de nuestro sistema democrático, mediante la permanente participación ciudadana, y la creación de una cultura que propicie la permanente vigencia de los Derechos Humanos". Amerita recordar que ese sólo propósito le mereció a la recién creada institución los más arteros ataques de parte de los tradicionales partidarios del autoritarismo y la concepción feudal de la administración de justicia, quienes arremetieron contra la Ley de la Defensoría mediante un recurso de institucionalidad que amputó y decapitó a la Defensoría del Pueblo. La cooperación de diversos organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), además de la Unión Europea, la Embajada de Alemania en Panamá y los ombudsman de Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras y México, fueron burdamente burlados por la acción del Ministerio Público en contubernio con la Corte Suprema de Justicia.
Los dedicados esfuerzos de su primer responsable, Dr. Italo Antinori Bolaños, lograron -no sin dificultades- sentar las bases para iniciar en nuestra sociedad la lucha contra los obstáculos que nos impiden asumir y reconocer los Derechos Humanos como parte de nuestra propia cultura y alcanzar los objetivos de un verdadero y auténtico acercamiento a los Derechos Humanos.
En Panamá no cabe duda que la dignidad humana se encuentra gravemente deteriorada, lo cual hace entonces más que obligatoria la participación ciudadana y poder cuestionarnos sobre la capacidad que tienen la sociedad, el Estado y cada panameño en su propia vida, para hacer efectivos todos y cada uno de los derechos fundamentales. Los marcos jurídicos, constitucionales o legales, no nos ofrecen muchos mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Necesitamos, cada vez más, mejores medios para alcanzar una verdadera vivencia de los Derechos Humanos, que exige trabajo, compromiso y persistencia cotidiana en un largo andar que descubrimos y construimos individual y socialmente. Marshall Berman afirma que: "Una de las pocas cosas que pueden hacer de la vida moderna algo digno de ser vivido es la mayor oportunidad que nos ofrece- y en ocasiones incluso nos impone-de hablar unos con otros, de abrirnos a los demás y comprenderlos".
En esta tercera ocasión en que se debe elegir al Defensor del Pueblo, si bien la institución fue elevada a rango constitucional, no se ha contemplado aún que la misma pueda desempeñarse en el campo que le corresponde, con la capacidad y legitimidad que desde los inicios de la década del 80 hemos venido solicitando los ciudadanos que, desde una u otra posición profesional nos hemos ocupado del tema en coloquios, charlas, conferencias, artículos, tesis de grado, folletos o libros. Es por ello que es determinante que los ciudadanos nos involucremos de manera activa y directa en la decisión que deberá -en principio- ser tomada por los integrantes de la Asamblea Nacional.
Sin una activa participación de todos los sectores de la sociedad, sin un verdadero y educativo debate sobre los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, la importancia del papel de la institución y de los ciudadanos como centinelas de sus libertades y derechos, se vería disminuida y erosionada. Por ello, complace que en esta ocasión más de ochenta ciudadanos presentemos nuestra documentación para aspirar al cargo oficial. Ello puede o debería significar que cuenta Panamá con ocho decenas de mujeres y hombres que están aceptando públicamente dedicarse de cuerpo y alma a la educación, divulgación y defensa de los Derechos Humanos, ya sea que resulten o no escogidos para el cargo. Puesto que de eso se trata: que la elección del Defensor del Pueblo no sea un acto más del oficialismo o de la partidocracia, del amiguismo o compadrismo legislativo, y mucho menos que sea el capricho del jefe del Ejecutivo para contar con un besa manos más a los que ya existen.
Cerrado el proceso de inscripciones, todas los sectores de la sociedad deben participar y hacer conocer públicamente sus preferencias. Los medios de comunicación deben dar igualdad de oportunidad a todos para presentar sus criterios y se deben hacer debates en toda la República para evitar que el monopolio de los diputados en la elección, nos traiga como resultado un aliado de la corrupción.
Al momento de su creación mediante la Ley 7, en febrero de 1997, se dijo que "se pretende, crear una institución que permita la consolidación de nuestro sistema democrático, mediante la permanente participación ciudadana, y la creación de una cultura que propicie la permanente vigencia de los Derechos Humanos". Amerita recordar que ese sólo propósito le mereció a la recién creada institución los más arteros ataques de parte de los tradicionales partidarios del autoritarismo y la concepción feudal de la administración de justicia, quienes arremetieron contra la Ley de la Defensoría mediante un recurso de institucionalidad que amputó y decapitó a la Defensoría del Pueblo. La cooperación de diversos organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), además de la Unión Europea, la Embajada de Alemania en Panamá y los ombudsman de Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras y México, fueron burdamente burlados por la acción del Ministerio Público en contubernio con la Corte Suprema de Justicia.
Los dedicados esfuerzos de su primer responsable, Dr. Italo Antinori Bolaños, lograron -no sin dificultades- sentar las bases para iniciar en nuestra sociedad la lucha contra los obstáculos que nos impiden asumir y reconocer los Derechos Humanos como parte de nuestra propia cultura y alcanzar los objetivos de un verdadero y auténtico acercamiento a los Derechos Humanos.
En Panamá no cabe duda que la dignidad humana se encuentra gravemente deteriorada, lo cual hace entonces más que obligatoria la participación ciudadana y poder cuestionarnos sobre la capacidad que tienen la sociedad, el Estado y cada panameño en su propia vida, para hacer efectivos todos y cada uno de los derechos fundamentales. Los marcos jurídicos, constitucionales o legales, no nos ofrecen muchos mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Necesitamos, cada vez más, mejores medios para alcanzar una verdadera vivencia de los Derechos Humanos, que exige trabajo, compromiso y persistencia cotidiana en un largo andar que descubrimos y construimos individual y socialmente. Marshall Berman afirma que: "Una de las pocas cosas que pueden hacer de la vida moderna algo digno de ser vivido es la mayor oportunidad que nos ofrece- y en ocasiones incluso nos impone-de hablar unos con otros, de abrirnos a los demás y comprenderlos".
En esta tercera ocasión en que se debe elegir al Defensor del Pueblo, si bien la institución fue elevada a rango constitucional, no se ha contemplado aún que la misma pueda desempeñarse en el campo que le corresponde, con la capacidad y legitimidad que desde los inicios de la década del 80 hemos venido solicitando los ciudadanos que, desde una u otra posición profesional nos hemos ocupado del tema en coloquios, charlas, conferencias, artículos, tesis de grado, folletos o libros. Es por ello que es determinante que los ciudadanos nos involucremos de manera activa y directa en la decisión que deberá -en principio- ser tomada por los integrantes de la Asamblea Nacional.
Sin una activa participación de todos los sectores de la sociedad, sin un verdadero y educativo debate sobre los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, la importancia del papel de la institución y de los ciudadanos como centinelas de sus libertades y derechos, se vería disminuida y erosionada. Por ello, complace que en esta ocasión más de ochenta ciudadanos presentemos nuestra documentación para aspirar al cargo oficial. Ello puede o debería significar que cuenta Panamá con ocho decenas de mujeres y hombres que están aceptando públicamente dedicarse de cuerpo y alma a la educación, divulgación y defensa de los Derechos Humanos, ya sea que resulten o no escogidos para el cargo. Puesto que de eso se trata: que la elección del Defensor del Pueblo no sea un acto más del oficialismo o de la partidocracia, del amiguismo o compadrismo legislativo, y mucho menos que sea el capricho del jefe del Ejecutivo para contar con un besa manos más a los que ya existen.
Cerrado el proceso de inscripciones, todas los sectores de la sociedad deben participar y hacer conocer públicamente sus preferencias. Los medios de comunicación deben dar igualdad de oportunidad a todos para presentar sus criterios y se deben hacer debates en toda la República para evitar que el monopolio de los diputados en la elección, nos traiga como resultado un aliado de la corrupción.
