La descentralización debe ser gradual
Es un error aferrarse a esquemas de descentralización política o administrativa que, sin tomar en cuenta las realidades propias de cada país, proponen copiar experiencias foráneas. Ultimamente se ha dado por sentado que convertir a los municipios en el eje de la acción gubernamental automáticamente producirá efectos favorables en la administración y prestación de los servicios públicos. No comparto ese punto de vista. Sin oponerme a que en el caso de Panamá, eventualmente, podamos llegar a adjudicar a los municipios todas las competencias que para ellos se reclaman, creo que en ese tema debe actuarse sin precipitaciones y prestando la debida atención a las realidades nacionales.
La República de Panamá, como es conocido, está dividida, para fines administrativos y políticos en provincias, comarcas, distritos y corregimientos. Todas esa divisiones han estado contempladas en nuestro ordenamiento constitucional, pero su relevancia ha variado de manera notable en las últimas décadas.
El número de las provincias no ha aumentado, pero sí el de las comarcas, creadas para responder a las aspiraciones de nuestras etnias autóctonas de mantener sus formas tradicionales y culturales de vida. El número de los distritos no ha crecido significativamente y sus funciones, al igual que las de las provincias, se han mantenido sin mayores variaciones.
Los corregimientos, con la creación de la figura del Representante de Corregimiento, han sido la división administrativa que ha tenido mayor impacto político. En un período llegaron a reunir las facultades de legislar, escoger al Presidente de la República y a constituir los consejos municipales.
Al desaparecer la Asamblea de Representantes de Corregimientos, por mandato de la reforma constitucional de 1983, la repercusión nacional del corregimiento perdió mucho del poder que se le había asignado, pero todavía mantiene el control político de las decisiones al nivel municipal y provincial: los representantes integran los consejos municipales y los consejos provinciales, donde son los únicos con poder de voto.
Haber reconocido y relevado el papel del corregimiento y su representante no es básicamente negativo, pero sí lo fue que en un momento dado muchos representantes se sintieran administradores de pequeñas republiquitas.
Las propuestas para descentralizar la administración pública debieran tomar en cuenta esa experiencia. Así como los corregimientos no estaban en capacidad de administrar servicios públicos por su reducido tamaño y falta de capacidad administrativa, antes de decidir trasladar competencias a los municipios debe evaluarse, con sumo cuidado, cuáles de ellos tendrían capacidad real para desarrollar con éxito nuevas y mayores responsabilidades y en qué áreas.
Desde hace bastante tiempo vengo proponiendo rescatar el papel de los Consejos Provinciales, que se integra con los representantes de corregimiento, que son los únicos con derecho a voto, pero en los que, además, participan los gobernadores, los alcaldes, la Junta Técnica Provincial, ésta en representación de los distintos ministerios, y los legisladores de la respectiva provincia.
Mi propuesta es muy sencilla: creo firmemente que en toda la transformación que han sufrido nuestras formas de representación política y en las que ahora se proponen se olvida, uno, que existen los Consejos Provinciales, que no tienen que ser creados sino aprovechados a su máxima capacidad y, dos, que ellos deben ser el primer escalón en el proceso de descentralización. Cada provincia, a través de su Consejo Provincial, debe determinar sus prioridades y darles forma mediante el plan de desarrollo provincial, función que la Constitución les atribuye en el artículo 252.
Haber ensayado una descentralización, como en el pasado se hizo, que se saltó a las provincias y a los municipios, para descansar en los corregimientos fue un contrasentido e, igualmente, lo sería dejar de lado a las provincias para concentrarse en los municipios. Eventualmente, se pueden y se deben trasladar mayores competencias administrativas a los municipios, pero debe hacerse de manera gradual. Y en ese sentido, insisto, debiéramos transitar primero por la "provincialización" antes de incursionar en la "municipalización".
La República de Panamá, como es conocido, está dividida, para fines administrativos y políticos en provincias, comarcas, distritos y corregimientos. Todas esa divisiones han estado contempladas en nuestro ordenamiento constitucional, pero su relevancia ha variado de manera notable en las últimas décadas.
El número de las provincias no ha aumentado, pero sí el de las comarcas, creadas para responder a las aspiraciones de nuestras etnias autóctonas de mantener sus formas tradicionales y culturales de vida. El número de los distritos no ha crecido significativamente y sus funciones, al igual que las de las provincias, se han mantenido sin mayores variaciones.
Los corregimientos, con la creación de la figura del Representante de Corregimiento, han sido la división administrativa que ha tenido mayor impacto político. En un período llegaron a reunir las facultades de legislar, escoger al Presidente de la República y a constituir los consejos municipales.
Al desaparecer la Asamblea de Representantes de Corregimientos, por mandato de la reforma constitucional de 1983, la repercusión nacional del corregimiento perdió mucho del poder que se le había asignado, pero todavía mantiene el control político de las decisiones al nivel municipal y provincial: los representantes integran los consejos municipales y los consejos provinciales, donde son los únicos con poder de voto.
Haber reconocido y relevado el papel del corregimiento y su representante no es básicamente negativo, pero sí lo fue que en un momento dado muchos representantes se sintieran administradores de pequeñas republiquitas.
Las propuestas para descentralizar la administración pública debieran tomar en cuenta esa experiencia. Así como los corregimientos no estaban en capacidad de administrar servicios públicos por su reducido tamaño y falta de capacidad administrativa, antes de decidir trasladar competencias a los municipios debe evaluarse, con sumo cuidado, cuáles de ellos tendrían capacidad real para desarrollar con éxito nuevas y mayores responsabilidades y en qué áreas.
Desde hace bastante tiempo vengo proponiendo rescatar el papel de los Consejos Provinciales, que se integra con los representantes de corregimiento, que son los únicos con derecho a voto, pero en los que, además, participan los gobernadores, los alcaldes, la Junta Técnica Provincial, ésta en representación de los distintos ministerios, y los legisladores de la respectiva provincia.
Mi propuesta es muy sencilla: creo firmemente que en toda la transformación que han sufrido nuestras formas de representación política y en las que ahora se proponen se olvida, uno, que existen los Consejos Provinciales, que no tienen que ser creados sino aprovechados a su máxima capacidad y, dos, que ellos deben ser el primer escalón en el proceso de descentralización. Cada provincia, a través de su Consejo Provincial, debe determinar sus prioridades y darles forma mediante el plan de desarrollo provincial, función que la Constitución les atribuye en el artículo 252.
Haber ensayado una descentralización, como en el pasado se hizo, que se saltó a las provincias y a los municipios, para descansar en los corregimientos fue un contrasentido e, igualmente, lo sería dejar de lado a las provincias para concentrarse en los municipios. Eventualmente, se pueden y se deben trasladar mayores competencias administrativas a los municipios, pero debe hacerse de manera gradual. Y en ese sentido, insisto, debiéramos transitar primero por la "provincialización" antes de incursionar en la "municipalización".
