La diferencia entre "honor" e "imagen"
Cuando yo tenía trece años, unas compañeras de colegio me inventaron una calumnia bastante seria. Pude haber acudido con mis padres a la dirección del colegio para acusarlas y formar un escándalo mayúsculo. No lo hice porque me dije: "Cuando hablan de mí, si lo que dicen es verdad, debo aceptarlo. Si lo que dicen es mentira, no me preocupo porque es mentira". Entendí que lo importante no era lo que otros dijeran de mí, sino el concepto que yo tenía de mí misma.
Hay muchos que no entienden la diferencia entre "honor" e "imagen". El honor de una persona es una cuestión interna que tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo. Es cuestión de integridad, de asegurarse de que sus acciones sean consecuentes con su conciencia. Como uno es humano y falla, para conservar el honor es necesario hacer consuetudinariamente un examen de conciencia para admitir, corregir y reparar los errores cometidos.
La imagen, por el contrario, se trata de la opinión que otros tengan de uno. La persona que forma el concepto de sí misma, atendiendo al decir de otros, vivirá atormentada porque le falta un norte interno. Otros, porque se les ha muerto la conciencia de tanto desoírla, procurarán por todos los medios posibles que su imagen no refleje aquello. Ocurre también que, cuando una persona ocupa una posición de relevancia en la comunidad, descuida el examen de conciencia que mantiene su honor para convertirse en un defensor quisquilloso de su imagen.
Muchos confunden el honor y la imagen. Un ejemplo reciente lo vimos con la actuación del procurador José Antonio Sossa en relación a la denuncia de la prostitución infantil. Su reacción inicial fue de proteger su imagen. Sólo después de ser criticado por no investigar la denuncia fue que se supo que el Ministerio Público tomó cartas en el asunto. Hace poco, el mismo procurador señaló que "el asesinato de la vida espiritual de una persona es un crimen horrible" (El Panamá América 19 de julio del 2000). Demuestro así que su vida espiritual depende de otros, lo cual es una insensatez.
Manuel Antonio Noriega solía desviar las acusaciones aduciendo que eran un ataque a Panamá. Igual táctica se utilizó cuando una revista inglesa reportó que dinero producto del narcotráfico ayudó a financiar la campaña electoral del presidente Pérez Balladares. Mayor Alfredo Alemán, también involucrado en el reportaje, dijo que se trataba de un ataque, no contra su persona sino contra Panamá (La Prensa 12 de junio de 1996).
Contrastan estas reacciones con la del entonces canciller, Ricardo Alberto Arias, mencionado en un reportaje, en el cual aducía que Arias pertenecía a una firma de abogados relacionada con un banco involucrado en el blanqueo de dinero. Arias declaró que toda su participación como parte del equipo de abogados que organizó el banco estaba disponible en la firma Galindo, Arias y López (La Prensa 11 de junio de 1996). En este sentido, traigo a colación otro caso que no es del conocimiento público. Según me informó una fuente digna de crédito, durante la campaña electoral de 1994, una multinacional ofreció al candidato presidencial Rubén Darío Carles el uso gratuito de su aeronave. Probablemente pensando que de ser elegido ese préstamo lo comprometería con la multinacional, Carles no aceptó el ofrecimiento. Al observarle una persona de su equipo que nadie se enteraría, Carles la calló contestándole que él sí lo sabría.
Esas son reacciones correctas. En el primer caso, el funcionario cuestionado ofreció las pruebas de su actuación al escrutinio público. En el segundo caso, el candidato presidencial defendió su honor como se debe, actuando de acuerdo con los dictados de su conciencia. Por lo anterior se entiende que si los funcionarios y personalidades públicas actúan correctamente, las demandas por calumnia e injuria son improcedentes.
Recuerdo a los que hoy defienden el encarcelamiento de quienes, supuestamente, han injuriado su honra, que la demanda por calumnia fue una táctica impuesta por la dictadura de los militares y sus socios civiles. Pasados diez años, durante los cuales mantuvieron a los habitantes de la República sin libertad de expresión, después de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, los militares y sus socios civiles tuvieron que permitir la existencia de diarios independientes. Pero, para intimidar y hostigar a quienes osaron decir la verdad de lo que ocurría tras bastidores, recurrieron a la demanda por calumnia. El uso de aquella táctica dictatorial fue inútil porque no protegió su imagen. La verdad tardó, pero se supo. Hoy, por más que se insista en usar la misma táctica, igual sucederá.
Hay muchos que no entienden la diferencia entre "honor" e "imagen". El honor de una persona es una cuestión interna que tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo. Es cuestión de integridad, de asegurarse de que sus acciones sean consecuentes con su conciencia. Como uno es humano y falla, para conservar el honor es necesario hacer consuetudinariamente un examen de conciencia para admitir, corregir y reparar los errores cometidos.
La imagen, por el contrario, se trata de la opinión que otros tengan de uno. La persona que forma el concepto de sí misma, atendiendo al decir de otros, vivirá atormentada porque le falta un norte interno. Otros, porque se les ha muerto la conciencia de tanto desoírla, procurarán por todos los medios posibles que su imagen no refleje aquello. Ocurre también que, cuando una persona ocupa una posición de relevancia en la comunidad, descuida el examen de conciencia que mantiene su honor para convertirse en un defensor quisquilloso de su imagen.
Muchos confunden el honor y la imagen. Un ejemplo reciente lo vimos con la actuación del procurador José Antonio Sossa en relación a la denuncia de la prostitución infantil. Su reacción inicial fue de proteger su imagen. Sólo después de ser criticado por no investigar la denuncia fue que se supo que el Ministerio Público tomó cartas en el asunto. Hace poco, el mismo procurador señaló que "el asesinato de la vida espiritual de una persona es un crimen horrible" (El Panamá América 19 de julio del 2000). Demuestro así que su vida espiritual depende de otros, lo cual es una insensatez.
Manuel Antonio Noriega solía desviar las acusaciones aduciendo que eran un ataque a Panamá. Igual táctica se utilizó cuando una revista inglesa reportó que dinero producto del narcotráfico ayudó a financiar la campaña electoral del presidente Pérez Balladares. Mayor Alfredo Alemán, también involucrado en el reportaje, dijo que se trataba de un ataque, no contra su persona sino contra Panamá (La Prensa 12 de junio de 1996).
Contrastan estas reacciones con la del entonces canciller, Ricardo Alberto Arias, mencionado en un reportaje, en el cual aducía que Arias pertenecía a una firma de abogados relacionada con un banco involucrado en el blanqueo de dinero. Arias declaró que toda su participación como parte del equipo de abogados que organizó el banco estaba disponible en la firma Galindo, Arias y López (La Prensa 11 de junio de 1996). En este sentido, traigo a colación otro caso que no es del conocimiento público. Según me informó una fuente digna de crédito, durante la campaña electoral de 1994, una multinacional ofreció al candidato presidencial Rubén Darío Carles el uso gratuito de su aeronave. Probablemente pensando que de ser elegido ese préstamo lo comprometería con la multinacional, Carles no aceptó el ofrecimiento. Al observarle una persona de su equipo que nadie se enteraría, Carles la calló contestándole que él sí lo sabría.
Esas son reacciones correctas. En el primer caso, el funcionario cuestionado ofreció las pruebas de su actuación al escrutinio público. En el segundo caso, el candidato presidencial defendió su honor como se debe, actuando de acuerdo con los dictados de su conciencia. Por lo anterior se entiende que si los funcionarios y personalidades públicas actúan correctamente, las demandas por calumnia e injuria son improcedentes.
Recuerdo a los que hoy defienden el encarcelamiento de quienes, supuestamente, han injuriado su honra, que la demanda por calumnia fue una táctica impuesta por la dictadura de los militares y sus socios civiles. Pasados diez años, durante los cuales mantuvieron a los habitantes de la República sin libertad de expresión, después de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, los militares y sus socios civiles tuvieron que permitir la existencia de diarios independientes. Pero, para intimidar y hostigar a quienes osaron decir la verdad de lo que ocurría tras bastidores, recurrieron a la demanda por calumnia. El uso de aquella táctica dictatorial fue inútil porque no protegió su imagen. La verdad tardó, pero se supo. Hoy, por más que se insista en usar la misma táctica, igual sucederá.
