La educación las trampas de la burocracia
Para los especialistas, el trabajo es la prioridad estratégica para alcanzar el desarrollo; pero admiten también que sólo la educación podrá interrumpir el ciclo trágico de la pobreza. Esto es así, pues, la educación condiciona la transmisión de oportunidades de bienestar entre generaciones. Por lo tanto, la inversión que pueda hacer el Estado panameño para enfatizar en los aspectos de calidad y equidad, evitar la deserción y aumentar la cobertura en todos los niveles, en especial los de la educación inicial y secundaria que muestren mayores rezagos, debe constituir una alta prioridad en la agenda de gobierno.
Sin embargo, pese a que muchos funcionarios han afirmado públicamente que, para el año 2005, se ha aprobado "un presupuesto responsable" para el sector social, para otros, el presupuesto educativo aprobado disfraza una realidad completamente ajena a las necesidades reales y crecientes de la población escolar. Según datos de la CEPAL, la tendencia en la región es que en tiempo de crisis la cobertura de los servicios sociales básicos asciende a 30 dólares por habitante, entrañando el 8% del presupuesto público total y el 2.5 % del PIB. Esta tendencia no ha sido tomada en cuenta.
Es por eso que cuando el gobierno de Torrijos suena la alarma de la crisis económica que nos viene encima para sumergirnos en el oleaje de las reformas fiscales y del Seguro Social que nos golpeará el ingreso como el peor de los tsunamis, resulta irónico creer que las respuestas estatales serán suficientes, especialmente debido a la volatilidad del presupuesto público que, aunque siempre lo "autorizan", nunca lo ejecutan.
En tal sentido, corresponderá a las nuevas autoridades derrotar las trampas que emplea la burocracia para no ejecutar el presupuesto y hacer un uso más eficaz del mismo para contrarrestar la reducción del ingreso de los hogares más vulnerables a la actual crisis.
Sin embargo, pese a que muchos funcionarios han afirmado públicamente que, para el año 2005, se ha aprobado "un presupuesto responsable" para el sector social, para otros, el presupuesto educativo aprobado disfraza una realidad completamente ajena a las necesidades reales y crecientes de la población escolar. Según datos de la CEPAL, la tendencia en la región es que en tiempo de crisis la cobertura de los servicios sociales básicos asciende a 30 dólares por habitante, entrañando el 8% del presupuesto público total y el 2.5 % del PIB. Esta tendencia no ha sido tomada en cuenta.
Es por eso que cuando el gobierno de Torrijos suena la alarma de la crisis económica que nos viene encima para sumergirnos en el oleaje de las reformas fiscales y del Seguro Social que nos golpeará el ingreso como el peor de los tsunamis, resulta irónico creer que las respuestas estatales serán suficientes, especialmente debido a la volatilidad del presupuesto público que, aunque siempre lo "autorizan", nunca lo ejecutan.
En tal sentido, corresponderá a las nuevas autoridades derrotar las trampas que emplea la burocracia para no ejecutar el presupuesto y hacer un uso más eficaz del mismo para contrarrestar la reducción del ingreso de los hogares más vulnerables a la actual crisis.
