La educación requiere acción
La educación nacional parece no salir de su estancamiento. No por la falta de identificación de las causales del problema, sino porque los responsables dados a definir los cambios necesarios, continúan ahogados en asuntos coyunturales y consumidos por sus mezquinos intereses.
Aunque nuestros niveles de analfabetismo y escolaridad parecieran cónsonos con la región en que estamos, continuamos muy por debajo de los que deberían prevalecer para que estemos preparados en la competencia de la moderna economía mundial. El sistema educativo continúa graduando ciudadanos que no cuentan ni con los fundamentos necesarios para lograr un desarrollo con la experiencia, ni con los conocimientos específicos para iniciar carreras técnicas.
Las causales son las mismas que en otras latitudes. Las infraestructuras en los centros educativos están en pobre estado y peor abastecidos. Un porcentaje importante de los estudiantes no cuenta con alimentación adecuada por la situación de pobreza en que viven. Los maestros y educadores no cuentan con los recursos, entrenamiento, docencia y dirección necesarios para educar.
Entre tanto, los padres de familia no asumen su responsabilidad de mantener a los niños y jóvenes en las escuelas, ni de cooperar con los maestros en la educación de sus hijos. La disciplina y educación comienzan en casa y continúa en la escuela, no al revés. Los niños y en especial los jóvenes reclaman derechos sin necesariamente cumplir con sus deberes.
Por su parte, los educadores continúan poniendo de primero en su lista de reclamaciones su propia compensación y jubilación, en lugar de un mejoramiento en infraestructuras y abastecimiento de herramientas de trabajo. A pesar de algunos elementos que deben hacer de esta labor, satisfactoria, ellos, al igual que otros grupos agremiados, buscan recortar los años de trabajo y aumentar sus jubilaciones. De lograr lo que se proponen, los maestros estarían en sus casas a los 50 años de edad y acabarían cobrando jubilaciones entre 20 y 30 años, cuando todavía podrían ser miembros productivos de la sociedad.
Pero el gobierno prefiere ignorar sus limitaciones y continúa concediendo privilegios que no han sido justificados con los resultados obtenidos. Es cierto que la paga es pobre y que sin aumentos los mejores calificados buscarán profesiones distintas a la enseñanza, pero los que ya están educando tienen que demostrar con resultados objetivos, como cualquier otro trabajador del país, que tienen derecho a una mejor compensación antes de recibirla. El gobierno debe exigirlo.
El Plan de Gobierno de Unión por Panamá que llevó a Mireya Moscoso a la presidencia, identifica 23 problemas de la educación nacional y enumera 40 medidas específicas para sacarla de la crisis actual. No se necesitan más estudios ni comisiones, la ciudadanía espera acción. Estamos seguros que se cometerán errores y sin duda se perjudicarán intereses creados, pero si se logran cambios positivos, al menos a nivel primario, habremos comenzado a dirigir al país hacia un mejor mañana.
Aunque nuestros niveles de analfabetismo y escolaridad parecieran cónsonos con la región en que estamos, continuamos muy por debajo de los que deberían prevalecer para que estemos preparados en la competencia de la moderna economía mundial. El sistema educativo continúa graduando ciudadanos que no cuentan ni con los fundamentos necesarios para lograr un desarrollo con la experiencia, ni con los conocimientos específicos para iniciar carreras técnicas.
Las causales son las mismas que en otras latitudes. Las infraestructuras en los centros educativos están en pobre estado y peor abastecidos. Un porcentaje importante de los estudiantes no cuenta con alimentación adecuada por la situación de pobreza en que viven. Los maestros y educadores no cuentan con los recursos, entrenamiento, docencia y dirección necesarios para educar.
Entre tanto, los padres de familia no asumen su responsabilidad de mantener a los niños y jóvenes en las escuelas, ni de cooperar con los maestros en la educación de sus hijos. La disciplina y educación comienzan en casa y continúa en la escuela, no al revés. Los niños y en especial los jóvenes reclaman derechos sin necesariamente cumplir con sus deberes.
Por su parte, los educadores continúan poniendo de primero en su lista de reclamaciones su propia compensación y jubilación, en lugar de un mejoramiento en infraestructuras y abastecimiento de herramientas de trabajo. A pesar de algunos elementos que deben hacer de esta labor, satisfactoria, ellos, al igual que otros grupos agremiados, buscan recortar los años de trabajo y aumentar sus jubilaciones. De lograr lo que se proponen, los maestros estarían en sus casas a los 50 años de edad y acabarían cobrando jubilaciones entre 20 y 30 años, cuando todavía podrían ser miembros productivos de la sociedad.
Pero el gobierno prefiere ignorar sus limitaciones y continúa concediendo privilegios que no han sido justificados con los resultados obtenidos. Es cierto que la paga es pobre y que sin aumentos los mejores calificados buscarán profesiones distintas a la enseñanza, pero los que ya están educando tienen que demostrar con resultados objetivos, como cualquier otro trabajador del país, que tienen derecho a una mejor compensación antes de recibirla. El gobierno debe exigirlo.
El Plan de Gobierno de Unión por Panamá que llevó a Mireya Moscoso a la presidencia, identifica 23 problemas de la educación nacional y enumera 40 medidas específicas para sacarla de la crisis actual. No se necesitan más estudios ni comisiones, la ciudadanía espera acción. Estamos seguros que se cometerán errores y sin duda se perjudicarán intereses creados, pero si se logran cambios positivos, al menos a nivel primario, habremos comenzado a dirigir al país hacia un mejor mañana.
