La educación y el cambio tecnológico
Nadie podría poner en duda la utilidad de estos emprendimientos, pero corresponde preguntarse si el Ministerio de Educación tiene hoy una adecuada percepción de cuál debe ser, en rigor, el rol del Estado en lo que se relaciona con la promoción de las nuevas tecnologías y en lo que atañe a los mecanismos que pueden contribuir a estimular su correcto uso y una saludable expansión de las redes electrónicas en función del bien común y el interés público.
Un análisis riguroso de la situación actual permite verificar la existencia de una deficiencia estructural que no debe ser ocultada. Esa deficiencia consiste en que la política aplicada al sector no está insertada en un contexto global que incluya una visión de largo plazo y que parta de una definición clara de las prioridades y los objetivos generales del país, así como de las estrategias diseñadas para alcanzarlos. Cuando se trabaja con esa concepción integral se advierte con claridad que la misión del Estado no es obtener las mejores computadoras, sino lograr que la mayor parte de la población esté en condiciones de acceder a los beneficios de estas modernas tecnologías.
Ese es el punto en el que los gobiernos tienen una responsabilidad irrenunciable. Su obligación no es promover empresas que puedan ser desarrolladas por el sector privado, como son las iniciativas de comercio electrónico o de mero entretenimiento, sino promover la infraestructura necesaria para que esas iniciativas prosperen y, fundamentalmente, procurar que el mayor número posible de panameños - sin exclusiones - pueda manejar las herramientas que la ciencia y la tecnología incorporan día tras día al campo de la cultura y la comunicación. En ese aspecto, obviamente, la principal responsabilidad recae sobre el sistema educativo.
Examinadas a la luz de los requerimientos del desarrollo económico y social del país, las nuevas tecnologías son el equivalente de lo que en otro tiempo fueron las carreteras, las calles y los caminos. Pero los pasos que se den para impulsar el cambio tecnológico deben estar encuadrados en la concepción global de un proyecto de país, de sus metas y prioridades. El desarrollo del Internet debe ser consecuencia del desarrollo del país, y no a la inversa.
Lo que el Gobierno puede y debe hacer es asegurar que su acción, en todos los órdenes, y especialmente en el ámbito educativo, responda a gestiones responsables y transparentes que tengan asegurada su continuidad. Si el Ministerio de Educación, como ocurre frecuentemente en nuestro país, ve trabada su gestión por el peso de los intereses políticos partidistas o de las tendencias demagógicas, poco es seguramente lo que podrá avanzarse hacia los grandes objetivos nacionales de largo aliento. La relación entre el desarrollo tecnológico, la educación y el progreso social deben examinarse en función de esos factores estructurales, decisivos para el éxito de cualquier gestión de gobierno.
Un análisis riguroso de la situación actual permite verificar la existencia de una deficiencia estructural que no debe ser ocultada. Esa deficiencia consiste en que la política aplicada al sector no está insertada en un contexto global que incluya una visión de largo plazo y que parta de una definición clara de las prioridades y los objetivos generales del país, así como de las estrategias diseñadas para alcanzarlos. Cuando se trabaja con esa concepción integral se advierte con claridad que la misión del Estado no es obtener las mejores computadoras, sino lograr que la mayor parte de la población esté en condiciones de acceder a los beneficios de estas modernas tecnologías.
Ese es el punto en el que los gobiernos tienen una responsabilidad irrenunciable. Su obligación no es promover empresas que puedan ser desarrolladas por el sector privado, como son las iniciativas de comercio electrónico o de mero entretenimiento, sino promover la infraestructura necesaria para que esas iniciativas prosperen y, fundamentalmente, procurar que el mayor número posible de panameños - sin exclusiones - pueda manejar las herramientas que la ciencia y la tecnología incorporan día tras día al campo de la cultura y la comunicación. En ese aspecto, obviamente, la principal responsabilidad recae sobre el sistema educativo.
Examinadas a la luz de los requerimientos del desarrollo económico y social del país, las nuevas tecnologías son el equivalente de lo que en otro tiempo fueron las carreteras, las calles y los caminos. Pero los pasos que se den para impulsar el cambio tecnológico deben estar encuadrados en la concepción global de un proyecto de país, de sus metas y prioridades. El desarrollo del Internet debe ser consecuencia del desarrollo del país, y no a la inversa.
Lo que el Gobierno puede y debe hacer es asegurar que su acción, en todos los órdenes, y especialmente en el ámbito educativo, responda a gestiones responsables y transparentes que tengan asegurada su continuidad. Si el Ministerio de Educación, como ocurre frecuentemente en nuestro país, ve trabada su gestión por el peso de los intereses políticos partidistas o de las tendencias demagógicas, poco es seguramente lo que podrá avanzarse hacia los grandes objetivos nacionales de largo aliento. La relación entre el desarrollo tecnológico, la educación y el progreso social deben examinarse en función de esos factores estructurales, decisivos para el éxito de cualquier gestión de gobierno.
