La embajada americana y los intereses panameños
Como quien descubre que el agua moja, algunos políticos y comentaristas de la vida pública panameña han denunciado que la Embajada de Estados Unidos busca satisfacer intereses de ese país cuando hacen sus señalamientos de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá está involucrado en actos de corrupción. ¿Puede semejante afirmación ser proferida con la sinceridad de quien cree que ha descubierto algo que los demás ignoran? Habría que responder que sí, si tan airados críticos del gobierno de Bush fuesen oligofrénicos; pero como no lo son, la razón de su exaltación ante el dedo acusador de la diplomacia americana es puramente una táctica para seguir desorientando a los panameños que buscan obtener un esclarecimiento ante hechos en apariencia complejos. En este caso, la verdad es muy difícil de ocultar: la embajada americana toda su vida se ha visto a sí misma como representante de los intereses norteamericanos en nuestro suelo. Esto no ha cambiado y está bien que así sea. Su interés en que avance el adecentamiento de la justicia panameña es sincero, pues cabe anticipar que cuando sus empresas desarrollen una más amplia red de operaciones comerciales aquí, se encontrarán rehenes de un sistema de justicia corrupto.
Las dos áreas que son de mayor interés para las empresas norteamericanas que operarán en Panamá, a raíz de la firma de un TLC, o de la ejecución de las obras de ampliación del Canal, son las demandas laborales y las reclamaciones contra el Estado, producto de licitaciones y contratos con la Nación. Ambas son competencia de la Sala Tercera. ¿No es más fácil darse cuenta que, en esta ocasión, los intereses de EU benefician a nuestro país? ¿No deberíamos sentirnos reforzados y optimistas en nuestras convicciones ciudadanas al contar con un aliado tan poderoso en esta lucha a brazo partido contra la corrupción judicial?
Las dos áreas que son de mayor interés para las empresas norteamericanas que operarán en Panamá, a raíz de la firma de un TLC, o de la ejecución de las obras de ampliación del Canal, son las demandas laborales y las reclamaciones contra el Estado, producto de licitaciones y contratos con la Nación. Ambas son competencia de la Sala Tercera. ¿No es más fácil darse cuenta que, en esta ocasión, los intereses de EU benefician a nuestro país? ¿No deberíamos sentirnos reforzados y optimistas en nuestras convicciones ciudadanas al contar con un aliado tan poderoso en esta lucha a brazo partido contra la corrupción judicial?