La enfermedad no está en la sábana
En un anuncio sin precedentes, los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) comunicaron su decisión de abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un importante organismo de solución de controversias internacionales que 143 países han establecido en la ciudad de Washington.
Reunidos en Barquisimeto la semana pasada, los presidentes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela acordaron denunciar el tratado constitutivo del CIADI, el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, firmado en 1965. Cuba, otro miembro del ALBA, no es parte de este Convenio.
En opinión del presidente boliviano, Evo Morales, el CIADI ha sido un instrumento de las empresas multinacionales para "saquear" los recursos naturales de su país al cual suelen acudir "porque saben que siempre arbitra a su favor". El presidente venezolano, Hugo Chávez, catalogó por su parte al CIADI como un organismo que "funciona en sintonía con los intereses del Imperio". De regreso en Bolivia, Morales declaró que emprenderá una campaña internacional "para erradicar al CIADI".
Los integrantes del ALBA denunciaron la "parcialidad" de los laudos arbitrales dictados bajo las normas del CIADI, si bien no identificaron a ningún arbitraje en que se hubiera beneficiado indebidamente a una empresa multinacional.
Temiendo que la medida afecte drásticamente la inversión extranjera, dirigentes empresariales de los tres países censuraron el anuncio en duros términos. Mientras tanto, Argentina y Ecuador, que entre otros Estados enfrentan millonarios conflictos y demandas arbitrales, analizan la posición del ALBA con particular interés.
El CIADI es un organismo del Grupo del Banco Mundial creado con la misión de facilitar la solución de disputas entre Estados e inversionistas de otros Estados. Consolidando la seguridad jurídica de las inversiones, el CIADI garantiza que las obligaciones contractuales de las partes se cumplan a través de procedimientos y mecanismos independientes de mediación, conciliación y arbitraje internacionales.
El acelerado incremento de la inversión extranjera a lo largo de la última década en Panamá demuestra que nuestra participación en organismos como el CIADI rinde beneficios. En 1994, a invitación del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, tuve la oportunidad de dictar una conferencia sobre las ventajas que la adhesión al Convenio de Washington de 1965 significaba para nuestro país, conferencia que Panamá América reprodujo con amplio despliegue en sus páginas. Al año siguiente, Panamá se convirtió finalmente en país signatario del Convenio, cumpliendo poco después con todos los requisitos de membresía en el CIADI.
Sobre la radical posición boliviana contraria al CIADI, la misma parece originada en una demanda arbitral que las empresas Bechtel y Abengoa, de Estados Unidos y España, respectivamente, presentaron ante el Centro como socias en "Aguas del Tunari", una entidad que administraba el servicio de agua potable en Cochabamba tras su privatización en 1999. Bolivia, que no estaba asesorada por especialistas en arbitraje internacional sino por abogados inexpertos, obtuvo pésimos resultados en el proceso. Sin embargo, los aspectos sociales del caso y el rol directo del Banco Mundial en la privatización del agua en Bolivia incentivaron una intensa campaña de activistas organizados a nivel internacional, quienes lograron que Bechtel y Abengoa desistieran del proceso a cambio de un pago simbólico.
Otra causa parece ser el reciente anuncio de empresas como Euro Telecom Italia y la brasileña Petrobras de recurrir a tribunales arbitrales si la protección de sus inversiones en Bolivia, amenzadas por ciertas políticas gubernamentales, lo exigiese.
A pesar de lo manifestado en Barquisimeto, Bolivia, Nicaragua y Venezuela siguen comprometidas por tratados bilaterales de protección de inversiones que remiten disputas con inversionistas extranjeros al CIADI o a otros organismos similares. Adicionalmente, Nicaragua se mantiene obligada por disposiciones análogas del acuerdo de libre comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, el CAFTA.
La anunciada posición del ALBA no mermará a corto plazo la confianza que la mayoría de los Estados e inversionistas mantienen en los mecanismos de solución de controversias internacionales, ni en el CIADI como organismo administrativo - ningún centro "decide" controversias-, solo administra su manejo por el respectivo tribunal arbitral. No obstante, sirve de aldabonazo sobre la conveniencia de desvincular al CIADI del Banco Mundial - una entidad con crecientes niveles de corrupción y plagada de escándalos de funcionarios- con lo que obtendría una imagen pública más objetiva al igual que su plena independencia jurídica e institucional.
El aldabonazo puede estar dirigido también a los Estados que en sus disputas con inversionistas extranjeros todavía no han aprendido a tomar en serio las demandas millonarias presentadas en su contra en arbitrajes internacionales.
Reunidos en Barquisimeto la semana pasada, los presidentes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela acordaron denunciar el tratado constitutivo del CIADI, el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, firmado en 1965. Cuba, otro miembro del ALBA, no es parte de este Convenio.
En opinión del presidente boliviano, Evo Morales, el CIADI ha sido un instrumento de las empresas multinacionales para "saquear" los recursos naturales de su país al cual suelen acudir "porque saben que siempre arbitra a su favor". El presidente venezolano, Hugo Chávez, catalogó por su parte al CIADI como un organismo que "funciona en sintonía con los intereses del Imperio". De regreso en Bolivia, Morales declaró que emprenderá una campaña internacional "para erradicar al CIADI".
Los integrantes del ALBA denunciaron la "parcialidad" de los laudos arbitrales dictados bajo las normas del CIADI, si bien no identificaron a ningún arbitraje en que se hubiera beneficiado indebidamente a una empresa multinacional.
Temiendo que la medida afecte drásticamente la inversión extranjera, dirigentes empresariales de los tres países censuraron el anuncio en duros términos. Mientras tanto, Argentina y Ecuador, que entre otros Estados enfrentan millonarios conflictos y demandas arbitrales, analizan la posición del ALBA con particular interés.
El CIADI es un organismo del Grupo del Banco Mundial creado con la misión de facilitar la solución de disputas entre Estados e inversionistas de otros Estados. Consolidando la seguridad jurídica de las inversiones, el CIADI garantiza que las obligaciones contractuales de las partes se cumplan a través de procedimientos y mecanismos independientes de mediación, conciliación y arbitraje internacionales.
El acelerado incremento de la inversión extranjera a lo largo de la última década en Panamá demuestra que nuestra participación en organismos como el CIADI rinde beneficios. En 1994, a invitación del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, tuve la oportunidad de dictar una conferencia sobre las ventajas que la adhesión al Convenio de Washington de 1965 significaba para nuestro país, conferencia que Panamá América reprodujo con amplio despliegue en sus páginas. Al año siguiente, Panamá se convirtió finalmente en país signatario del Convenio, cumpliendo poco después con todos los requisitos de membresía en el CIADI.
Sobre la radical posición boliviana contraria al CIADI, la misma parece originada en una demanda arbitral que las empresas Bechtel y Abengoa, de Estados Unidos y España, respectivamente, presentaron ante el Centro como socias en "Aguas del Tunari", una entidad que administraba el servicio de agua potable en Cochabamba tras su privatización en 1999. Bolivia, que no estaba asesorada por especialistas en arbitraje internacional sino por abogados inexpertos, obtuvo pésimos resultados en el proceso. Sin embargo, los aspectos sociales del caso y el rol directo del Banco Mundial en la privatización del agua en Bolivia incentivaron una intensa campaña de activistas organizados a nivel internacional, quienes lograron que Bechtel y Abengoa desistieran del proceso a cambio de un pago simbólico.
Otra causa parece ser el reciente anuncio de empresas como Euro Telecom Italia y la brasileña Petrobras de recurrir a tribunales arbitrales si la protección de sus inversiones en Bolivia, amenzadas por ciertas políticas gubernamentales, lo exigiese.
A pesar de lo manifestado en Barquisimeto, Bolivia, Nicaragua y Venezuela siguen comprometidas por tratados bilaterales de protección de inversiones que remiten disputas con inversionistas extranjeros al CIADI o a otros organismos similares. Adicionalmente, Nicaragua se mantiene obligada por disposiciones análogas del acuerdo de libre comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, el CAFTA.
La anunciada posición del ALBA no mermará a corto plazo la confianza que la mayoría de los Estados e inversionistas mantienen en los mecanismos de solución de controversias internacionales, ni en el CIADI como organismo administrativo - ningún centro "decide" controversias-, solo administra su manejo por el respectivo tribunal arbitral. No obstante, sirve de aldabonazo sobre la conveniencia de desvincular al CIADI del Banco Mundial - una entidad con crecientes niveles de corrupción y plagada de escándalos de funcionarios- con lo que obtendría una imagen pública más objetiva al igual que su plena independencia jurídica e institucional.
El aldabonazo puede estar dirigido también a los Estados que en sus disputas con inversionistas extranjeros todavía no han aprendido a tomar en serio las demandas millonarias presentadas en su contra en arbitrajes internacionales.
