La filosofía sobre el aumento al salario mínimo
HE PASADO HORAS con parientes y copartidarios filosofando sobre los problemas que más agobian a los panameños y cada quién tiene su propia lista y posible soluciones. Coincidimos en algunos temas, como son: seguridad, desempleo, educación, transporte, salud, y aún así cada uno otorga un peso específico diferente de acuerdo a como está siendo afectado su entorno en determinado momento.
He dedicado algo de tiempo también a examinar, en compañía de algunos compañeros de APEDE, sobre los desafíos y las oportunidades que representa practicar en nuestros negocios la "Responsabilidad Social Empresarial". Pero no resulta fácil en un país como el nuestro, plagado de juega vivo, vender la teoría de que hay que cumplir a cabalidad las leyes, practicar la transparencia, colaborar con la comunidad, proteger el medio ambiente, mejorar el servicio a nuestros clientes y atender a conciencia los problemas laborales.
Esa inversión, que implica tiempo y dinero, son muy pocos los que están dispuestos a asumirla. Pero el hecho de que estamos comenzando a globalizarnos y de que dentro de esa tendencia las grandes empresas a nivel mundial sólo harán negocios con empresas locales que cumplan con estándares de ética y calidad, nos obligará a cambiar. Ya se está trabajando con asesores internacionales y el Ministerio de Comercio para implementar la certificación ISO 26,000, de manera que las empresas que califiquen se convertirán automáticamente en socios ideales para los inversionistas extranjeros.
Parte de los temas prioritarios de una verdadera responsabilidad empresarial son las buenas relaciones laborales y con la comunidad, en la cual desarrolla su actividad. Buscar una mejor equidad en la repartición de la riqueza es parte de lo que todos los panameños conscientes debemos aspirar. No existe otra fórmula para resolver el problema social del país. La mejor manera de ayudar a nuestros colaboradores es mediante un reconocimiento justo al valor de su trabajo, no sólo en forma monetaria sino también en ascensos dentro de la organización.
Cada dos años el gobierno por ley debe revisar el salario mínimo y convocar una comisión conformada por representantes de los dos sectores directamente afectados: empresarios y trabajadores. Cada dos años se repite la historia, ninguno se pone de acuerdo con el otro; los empresarios aducen la mala situación económica del país y los obreros sus grandes necesidades y los altos costos de la canasta familiar. Saben una cosa, siempre ambos tendrán razón, no existe una situación económica ideal y los costos de producción no van a dejar de aumentar. Si a esto le sumamos el condimento político que, aunque no lo quieran reconocer, existe dentro de todos los gremios, pues hay que demostrarle a nuestros asociados y a la comunidad firmeza y cierto grado de intransigencia para que voten por mí en la próxima elección.
El gobierno termina definiendo unilateralmente cuál es el aumento adecuado y las partes como es esperado se declaran en total descontento con dicha decisión. Resulta que en estos momentos la situación es peor que lo que normalmente se ha presentado, hay ingredientes que afectan negativamente ambos lados. Aumentos del combustible, de la electricidad y transporte, adicionalmente otros como nuevos impuestos (CAIR) y el incremento de cuota obrero-patronal (Seguro Social) que afectarán indistintamente a las partes, distanciarán más las posiciones.
Recomiendo, entonces, una fórmula usada en muchos países que eliminará por completo esta desafortunada y estéril práctica bianual.
Se trata de una sencilla fórmula matemática de obligatoria indexación al salario de todos los trabajadores que ganan menos de 800 balboas mensuales, tanto en el sector privado como en el gobierno. La fórmula toma en cuenta sólo los incrementos locales del costo de la vida, tales como: inflación, transporte, canasta básica, y se traduce en un porcentaje de aumento al salario correspondiente, el cual lo establecería la Contraloría General de la República cada 1 de enero y sería de forzoso e inmediato cumplimiento.
El Gobierno se quita un problema político de encima, los trabajadores recibirán un ajuste anual de conformidad con la realidad nacional y los empresarios tendrán la certeza de que el incremento podrá ser asumido dentro de sus costos de operación. Una cosa es clara, cuando se aumentan los salarios, automáticamente se aumenta el consumo y esto se traduce en mayores ventas para el comercio.
Por otro lado, si nuestro colaboradores están en capacidad de hacer frente a sus obligaciones esenciales, rendirán más y la empresa será más productiva. Esta es la filosofía del salario equitativo que debe prevalecer, todas las partes ganan y habrá paz social.
He dedicado algo de tiempo también a examinar, en compañía de algunos compañeros de APEDE, sobre los desafíos y las oportunidades que representa practicar en nuestros negocios la "Responsabilidad Social Empresarial". Pero no resulta fácil en un país como el nuestro, plagado de juega vivo, vender la teoría de que hay que cumplir a cabalidad las leyes, practicar la transparencia, colaborar con la comunidad, proteger el medio ambiente, mejorar el servicio a nuestros clientes y atender a conciencia los problemas laborales.
Esa inversión, que implica tiempo y dinero, son muy pocos los que están dispuestos a asumirla. Pero el hecho de que estamos comenzando a globalizarnos y de que dentro de esa tendencia las grandes empresas a nivel mundial sólo harán negocios con empresas locales que cumplan con estándares de ética y calidad, nos obligará a cambiar. Ya se está trabajando con asesores internacionales y el Ministerio de Comercio para implementar la certificación ISO 26,000, de manera que las empresas que califiquen se convertirán automáticamente en socios ideales para los inversionistas extranjeros.
Parte de los temas prioritarios de una verdadera responsabilidad empresarial son las buenas relaciones laborales y con la comunidad, en la cual desarrolla su actividad. Buscar una mejor equidad en la repartición de la riqueza es parte de lo que todos los panameños conscientes debemos aspirar. No existe otra fórmula para resolver el problema social del país. La mejor manera de ayudar a nuestros colaboradores es mediante un reconocimiento justo al valor de su trabajo, no sólo en forma monetaria sino también en ascensos dentro de la organización.
Cada dos años el gobierno por ley debe revisar el salario mínimo y convocar una comisión conformada por representantes de los dos sectores directamente afectados: empresarios y trabajadores. Cada dos años se repite la historia, ninguno se pone de acuerdo con el otro; los empresarios aducen la mala situación económica del país y los obreros sus grandes necesidades y los altos costos de la canasta familiar. Saben una cosa, siempre ambos tendrán razón, no existe una situación económica ideal y los costos de producción no van a dejar de aumentar. Si a esto le sumamos el condimento político que, aunque no lo quieran reconocer, existe dentro de todos los gremios, pues hay que demostrarle a nuestros asociados y a la comunidad firmeza y cierto grado de intransigencia para que voten por mí en la próxima elección.
El gobierno termina definiendo unilateralmente cuál es el aumento adecuado y las partes como es esperado se declaran en total descontento con dicha decisión. Resulta que en estos momentos la situación es peor que lo que normalmente se ha presentado, hay ingredientes que afectan negativamente ambos lados. Aumentos del combustible, de la electricidad y transporte, adicionalmente otros como nuevos impuestos (CAIR) y el incremento de cuota obrero-patronal (Seguro Social) que afectarán indistintamente a las partes, distanciarán más las posiciones.
Recomiendo, entonces, una fórmula usada en muchos países que eliminará por completo esta desafortunada y estéril práctica bianual.
Se trata de una sencilla fórmula matemática de obligatoria indexación al salario de todos los trabajadores que ganan menos de 800 balboas mensuales, tanto en el sector privado como en el gobierno. La fórmula toma en cuenta sólo los incrementos locales del costo de la vida, tales como: inflación, transporte, canasta básica, y se traduce en un porcentaje de aumento al salario correspondiente, el cual lo establecería la Contraloría General de la República cada 1 de enero y sería de forzoso e inmediato cumplimiento.
El Gobierno se quita un problema político de encima, los trabajadores recibirán un ajuste anual de conformidad con la realidad nacional y los empresarios tendrán la certeza de que el incremento podrá ser asumido dentro de sus costos de operación. Una cosa es clara, cuando se aumentan los salarios, automáticamente se aumenta el consumo y esto se traduce en mayores ventas para el comercio.
Por otro lado, si nuestro colaboradores están en capacidad de hacer frente a sus obligaciones esenciales, rendirán más y la empresa será más productiva. Esta es la filosofía del salario equitativo que debe prevalecer, todas las partes ganan y habrá paz social.
