La financiación de los partidos políticos
Las donaciones privadas ponen a los partidos en manos de quienes los financian. Por eso hay grandes intereses que pretenden "comprar" a los partidos por medio de las donaciones a las campañas electorales. Un partido con pocos y grandes dueños es incapaz de ser inclusivo. Entiendo que grosso modo ese es el razonamiento que anima a los actores políticos que proponen la transparencia y control de la financiación privada de los partidos.
En su "Nueva Constitución", el Foro 2020 propone registrar las donaciones que reciben los partidos y estipular un tope máximo de financiamiento privado en las campañas electorales. La propuesta de la Asamblea Legislativa, contenida en su anteproyecto de Constitución, es menos clara, aunque habla de que habrá un límite de gastos en las campañas que propenderá a la democratización de los partidos políticos.
El PRD no tiene propuestas al respecto.
El atolondramiento de la financiación privada de los partidos políticos es en Panamá una de las causas de la impopularidad de la financiación pública. Las ácidas críticas que ha recibido la adopción de esta medida desde 1998 tienen asidero, creo yo, en la contradicción de financiar públicamente a los partidos sin regular rigurosamente la financiación privada.
La financiación pública y el control de la privada están destinadas a lograr la independencia de los partidos. Además de que los costes de información sean menos gravosos para los ciudadanos de menor ingreso, lo cual abre las puertas de la tan deseada y buscada participación ciudadana, sin defenestrar a los partidos.
Las posibilidades de corrupción están relacionadas con el vínculo existente entre la estructura política y la riqueza privada, y uno de esos vínculos es el financiamiento de los partidos políticos.
Claro está que en Panamá el descontrol de las donaciones privadas mantiene a los partidos bajo la tutela de sus dueños tradicionales y cierra las puertas a la participación ciudadana.
Obviamente, bajo el actual modelo de financiación panameño no se hace otra cosa que dar más dinero público a los partidos que más invierten financieramente en ganar votos, o sea, para los partidos con dueños más poderosos.
Los actuales costos de las campañas electorales panameñas son una afrenta a los pobres del país. En efecto, con el propósito de hacer la financiación pública más efectiva y atajar el obsceno y sostenido aumento de los costes de las campañas electorales, una de las medidas más utilizadas es la de imponerles un tope. Eso haría que los partidos compitieran financieramente en igualdad de condiciones, viéndose obligados a dar mayor importancia a la presentación de aspectos programáticos más interesantes para la población. También incentivaría la participación como candidatos de representantes de los estratos sociales menos favorecidos, al resultarle menos prohibitivos los costes de una campaña electoral.
Otra vía para lograr nuestro objetivo puede ser ponderar la desgravación de donaciones. Si una donación es, por ejemplo, de menos de 100 dólares se le podría desgravar cerca del 100%, y si excede los 500 dólares se le podría desgravar el 50%. Así sucesivamente, con el fin de que a los sectores pudientes les resulte realmente caro comprar favores y que, por ende, bajen los costos de las campañas.
Otra posibilidad sería la de bloquear las listas para las elecciones legislativas. Hacerlo también ayudaría a disminuir los costes de las campañas para los candidatos a legislador, toda vez los gastos para lograr los votos para toda la lista del partido se pueden compartir entre los interesados, cosa que no sucede si se pide el voto individualmente.
Existe el riesgo de que los cazadores de prebendas busquen otros medios para influir en la política, incluyendo algunos de índole ilegal. Las donaciones sin control público podrían comenzar a realizarse, por ejemplo, mediante las famosas cenas de campaña, por lo que la regulación de todas las actividades debe ser rigurosa.
Hay un temor real y justificado a la transparencia de las donaciones privadas: que al ser conocidos los donantes de un partido, si este pierde, el ganador tomará represalias contra sus mecenas. En parte, este razonamiento no es válido para los grandes donantes, porque es bien sabido que ellos ponen dinero en todas las campañas. No hay espacio aquí para esbozar soluciones a ese tema, sólo se puede decir que esta actitud parte de un problema cultural de nuestras elites, que siempre han abusado exageradamente de la provisión pública como forma de obtener beneficios privados. No hay que permitir que este argumento frustre el deseo de atacar la corrupción y las trabas a la participación provocadas por la opacidad del financiamiento privado a los partidos.
Las reformas constitucionales que actualmente se están discutiendo son las propuestas por el PRD. Es una lástima que no hayan incluido el tema de la financiación de los partidos, ya que esta sería una de las pocas que realmente ayudarían a apuntalar a nuestro sistema de partidos y, por ende, a nuestra democracia. El dinero es el punto álgido de la vida interna de los partidos, abordemos este problema de una vez por todas.
(harryrba@yahoo.com)
En su "Nueva Constitución", el Foro 2020 propone registrar las donaciones que reciben los partidos y estipular un tope máximo de financiamiento privado en las campañas electorales. La propuesta de la Asamblea Legislativa, contenida en su anteproyecto de Constitución, es menos clara, aunque habla de que habrá un límite de gastos en las campañas que propenderá a la democratización de los partidos políticos.
El PRD no tiene propuestas al respecto.
El atolondramiento de la financiación privada de los partidos políticos es en Panamá una de las causas de la impopularidad de la financiación pública. Las ácidas críticas que ha recibido la adopción de esta medida desde 1998 tienen asidero, creo yo, en la contradicción de financiar públicamente a los partidos sin regular rigurosamente la financiación privada.
La financiación pública y el control de la privada están destinadas a lograr la independencia de los partidos. Además de que los costes de información sean menos gravosos para los ciudadanos de menor ingreso, lo cual abre las puertas de la tan deseada y buscada participación ciudadana, sin defenestrar a los partidos.
Las posibilidades de corrupción están relacionadas con el vínculo existente entre la estructura política y la riqueza privada, y uno de esos vínculos es el financiamiento de los partidos políticos.
Claro está que en Panamá el descontrol de las donaciones privadas mantiene a los partidos bajo la tutela de sus dueños tradicionales y cierra las puertas a la participación ciudadana.
Obviamente, bajo el actual modelo de financiación panameño no se hace otra cosa que dar más dinero público a los partidos que más invierten financieramente en ganar votos, o sea, para los partidos con dueños más poderosos.
Los actuales costos de las campañas electorales panameñas son una afrenta a los pobres del país. En efecto, con el propósito de hacer la financiación pública más efectiva y atajar el obsceno y sostenido aumento de los costes de las campañas electorales, una de las medidas más utilizadas es la de imponerles un tope. Eso haría que los partidos compitieran financieramente en igualdad de condiciones, viéndose obligados a dar mayor importancia a la presentación de aspectos programáticos más interesantes para la población. También incentivaría la participación como candidatos de representantes de los estratos sociales menos favorecidos, al resultarle menos prohibitivos los costes de una campaña electoral.
Otra vía para lograr nuestro objetivo puede ser ponderar la desgravación de donaciones. Si una donación es, por ejemplo, de menos de 100 dólares se le podría desgravar cerca del 100%, y si excede los 500 dólares se le podría desgravar el 50%. Así sucesivamente, con el fin de que a los sectores pudientes les resulte realmente caro comprar favores y que, por ende, bajen los costos de las campañas.
Otra posibilidad sería la de bloquear las listas para las elecciones legislativas. Hacerlo también ayudaría a disminuir los costes de las campañas para los candidatos a legislador, toda vez los gastos para lograr los votos para toda la lista del partido se pueden compartir entre los interesados, cosa que no sucede si se pide el voto individualmente.
Existe el riesgo de que los cazadores de prebendas busquen otros medios para influir en la política, incluyendo algunos de índole ilegal. Las donaciones sin control público podrían comenzar a realizarse, por ejemplo, mediante las famosas cenas de campaña, por lo que la regulación de todas las actividades debe ser rigurosa.
Hay un temor real y justificado a la transparencia de las donaciones privadas: que al ser conocidos los donantes de un partido, si este pierde, el ganador tomará represalias contra sus mecenas. En parte, este razonamiento no es válido para los grandes donantes, porque es bien sabido que ellos ponen dinero en todas las campañas. No hay espacio aquí para esbozar soluciones a ese tema, sólo se puede decir que esta actitud parte de un problema cultural de nuestras elites, que siempre han abusado exageradamente de la provisión pública como forma de obtener beneficios privados. No hay que permitir que este argumento frustre el deseo de atacar la corrupción y las trabas a la participación provocadas por la opacidad del financiamiento privado a los partidos.
Las reformas constitucionales que actualmente se están discutiendo son las propuestas por el PRD. Es una lástima que no hayan incluido el tema de la financiación de los partidos, ya que esta sería una de las pocas que realmente ayudarían a apuntalar a nuestro sistema de partidos y, por ende, a nuestra democracia. El dinero es el punto álgido de la vida interna de los partidos, abordemos este problema de una vez por todas.
(harryrba@yahoo.com)
