La guerra contra las drogas
Los carteles productores de drogas ilegales en Colombia y otros países de Sur América encuentran el aliento para mantenerse en este peligroso negocio en el inmenso lucro que pueden realizar. Están continuamente buscando nuevas rutas más económicas y menos arriesgadas para transportar sus productos ilegales desde los centros de producción hacia los mercados de consumo. Así, los países en medio estamos en constante amenaza.
En Panamá, hemos visto el ciclo entero. Primero durante los ochenta establecieron relaciones con los comerciantes y entidades financieras locales, en algunos casos en forma subrepticia, para transportar los productos ilegales y luego poder lavar el dinero. En el proceso, penetraron hasta los más altos niveles del gobierno, desde las fuerzas armadas y aduanas hasta la Presidencia de la República. Hoy tenemos lo que algunos consideran lo peor: un porcentaje importante de la población enviciada con todo tipo de drogas ilegales en todas las clases sociales.
En República Dominicana los ingredientes podrían estarse mezclando para convertirla en el más nuevo de los centros de transbordo hacia los Estados Unidos, el principal mercado de consumo de las drogas, y de lavado de dinero. Y ¿por qué la isla caribeña? En primera instancia, su posición geográfica es óptima. Está a únicamente 100 kilómetros de Puerto Rico y los dominicanos mantienen una presencia considerable en importantes ciudades de los Estados Unidos, en especial Nueva York, lo cual facilita las comunicaciones y transacciones de la isla a tierra firme.
Y en segunda instancia, México, otro importante centro de transbordo, se les ha convertido a los barones de la droga en un país de alto costo y riesgo, ya que los intermediarios mexicanos están exigiendo una mayor parte del pastel y las autoridades del país están siendo renovadas por personas íntegras a raíz de significativos escándalos recientes.
De ser este caso, Leonel Fernández, elegido Presidente de República Dominicana en 1996, enfrenta un gran reto. Para su infortunio, cuenta con escasos recursos y la ineficiente y recargada burocracia que dejó Joaquín Balaguer. Pero mientras refuerza la infraestructura policial e investigativa necesaria para combatir el narcotráfico y lavado de dinero, no ha permanecido pasivo; está utilizando las leyes para mantener a estos criminales en jaque. Por ejemplo, ya extraditó a los Estados Unidos a dos dominicanos encausados por delitos relacionados con drogas. La amenaza de este tipo de medida parece ser muy efectiva, ya que como bien ha demostrado la experiencia colombiana, los nacionales tradicionalmente han visto a la extradición como la consecuencia más temible por su conducta criminal.
Los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico y consumo de drogas así como el lavado de dinero deben continuar y redoblarse. A medida que los criminales ajustan sus prácticas y operaciones, las autoridades locales en los diferentes países de transbordo tienen que contar con los recursos para combatirlos y con el apoyo del gobierno del principal mercado de consumo. La guerra contra las drogas continuará hasta tanto este problema transnacional no sea atacado en forma multinacional.
En Panamá, hemos visto el ciclo entero. Primero durante los ochenta establecieron relaciones con los comerciantes y entidades financieras locales, en algunos casos en forma subrepticia, para transportar los productos ilegales y luego poder lavar el dinero. En el proceso, penetraron hasta los más altos niveles del gobierno, desde las fuerzas armadas y aduanas hasta la Presidencia de la República. Hoy tenemos lo que algunos consideran lo peor: un porcentaje importante de la población enviciada con todo tipo de drogas ilegales en todas las clases sociales.
En República Dominicana los ingredientes podrían estarse mezclando para convertirla en el más nuevo de los centros de transbordo hacia los Estados Unidos, el principal mercado de consumo de las drogas, y de lavado de dinero. Y ¿por qué la isla caribeña? En primera instancia, su posición geográfica es óptima. Está a únicamente 100 kilómetros de Puerto Rico y los dominicanos mantienen una presencia considerable en importantes ciudades de los Estados Unidos, en especial Nueva York, lo cual facilita las comunicaciones y transacciones de la isla a tierra firme.
Y en segunda instancia, México, otro importante centro de transbordo, se les ha convertido a los barones de la droga en un país de alto costo y riesgo, ya que los intermediarios mexicanos están exigiendo una mayor parte del pastel y las autoridades del país están siendo renovadas por personas íntegras a raíz de significativos escándalos recientes.
De ser este caso, Leonel Fernández, elegido Presidente de República Dominicana en 1996, enfrenta un gran reto. Para su infortunio, cuenta con escasos recursos y la ineficiente y recargada burocracia que dejó Joaquín Balaguer. Pero mientras refuerza la infraestructura policial e investigativa necesaria para combatir el narcotráfico y lavado de dinero, no ha permanecido pasivo; está utilizando las leyes para mantener a estos criminales en jaque. Por ejemplo, ya extraditó a los Estados Unidos a dos dominicanos encausados por delitos relacionados con drogas. La amenaza de este tipo de medida parece ser muy efectiva, ya que como bien ha demostrado la experiencia colombiana, los nacionales tradicionalmente han visto a la extradición como la consecuencia más temible por su conducta criminal.
Los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico y consumo de drogas así como el lavado de dinero deben continuar y redoblarse. A medida que los criminales ajustan sus prácticas y operaciones, las autoridades locales en los diferentes países de transbordo tienen que contar con los recursos para combatirlos y con el apoyo del gobierno del principal mercado de consumo. La guerra contra las drogas continuará hasta tanto este problema transnacional no sea atacado en forma multinacional.
