La historia, la verdad, los hechos
En los últimos días del mes de diciembre de 2000, la sociedad fue impactada con el hallazgo de osamentas humanas en el antiguo cuartel militar de Tocumen. El sentimiento despertado en la población panameña, muy humano y comprensible, pretende ser manipulado políticamente al colocar los hechos fuera de su contexto histórico, con el claro objetivo de afectar una de las figuras más notables de la política panameña durante el siglo XX: El general Omar Torrijos y por ende, el Partido Revolucionario Democrático.
Un análisis desapasionado de los acontecimientos del 11 de octubre de 1968, nos permitirán ubicar que entre sus protagonistas principales se agitaban dos corrientes contradictorias: una represiva, cuartelaria, anticomunista, cuyo principal objetivo era la represión del movimiento popular y sus dirigentes, dirigida fundamentalmente por el coronel Boris Martínez. Prueba de ello es que los cientos de detenidos y perseguidos, casi su totalidad, eran militantes sindicales, estudiantiles, campesinos y de reconocida militancia en el movimiento de izquierda panameña. Esa situación se confirmará cuando sean identificados esos restos humanos, si se aplican procedimientos científicos como esperamos los panameños firmemente preocupados por la verdad histórica. La otra corriente, con un objetivo más definido, sostenida por el entonces coronel Torrijos propugnaba el diálogo con las organizaciones populares y un acercamiento a su dirigencia. En ocasiones, algunos dirigentes populares eran encarcelados, liberados a los días subsiguientes y nuevamente encarcelados, que evidenciaba la falta de un mando único en la dirigencia del movimiento armado.
El antagonismo entre las principales corrientes del movimiento insurreccional estaba ligado al origen del mismo. Recordemos que dos días antes, el doctor Arnulfo Arias desconociendo la Constitución y la institucionalidad de la Guardia Nacional, sus jerarquías, sus mandos, la antigüedad de los mismos, trata de imponerle a la institución oficiales castrenses traídos del exterior para dirigir la misma; es decir a los oficiales iniciadores de la acción armada, los movió originalmente el sentido de la sobrevivencia institucional y eso, en alguna medida, explica la falta de homogeneidad y coherencia en sus objetivos y proclamas, pues no todos estaban inspirados en los mismos propósitos. La proclama emitida, por la alta oficialidad de la Guardia Nacional, el 11 de octubre de 1968, es fiel testimonio de lo que afirmo. (Documentos, 13: 19968).
El primer desenlace de esta contradicción se escenificará en febrero de 1969; los sectores más cuartelarios y represivos, personalizados en las figuras del coronel Boris Martínez (Jefe de Estado Mayor) y el teniente coronel Fred Boyd (jefe del G-2) entre otros oficiales, son desplazados de la jerarquía militar.
Sin embargo, las contradicciones no habían terminado. Quedaba un sector proclive a los intereses oligarcas y norteamericanos que pretendía, mediante cosméticos cambios, imponer la aprobación de los antipatrióticos tratados rechazados en 1967 y perpetuar su presencia en el Istmo. Esa contradicción fue superada el 16 de diciembre de 1969, con la expulsión de la Institución militar de los coroneles Ramiro Silvera (segundo comandante), Amado Sanjur (Jefe de Estado Mayor) y Alejandro Araúz (G-2 del Estado Mayor).
Es importante ubicar los hechos históricos y sus personajes en su contexto para situar la real responsabilidad de sus participantes; pienso que no solamente esos acontecimientos trágicos de nuestra historia deben investigarse, sino todos aquellos como la muerte de residentes suizos en las tierras altas de Volcán ocurrido durante la administración del doctor Arnulfo Arias en 1940, o la muerte del mayor Lezcano Gómez, acaecida durante los sucesos del 10 de mayo de 1951; y que algunos escritos atribuyen al ex presidente Arias. Lo mismo sería importante indagar el destino final de miles de patriotas panameños desaparecidos durante la invasión del 20 de diciembre y la jerarquía eclesiástica pusiera el mismo empeño que realiza con el padre Héctor Gallegos, a pesar que el 9 de enero de 1990, aún humeantes los restos del barrio mártir de El Chorrillo, declarara el acto del ejército estadounidense, como una acción de liberación y la Presidenta también derrame una lágrima seca por ellos.
Si el espíritu que realmente nos motiva es el esclarecimiento de la verdad histórica y la reconciliación entre los panameños será imperativo indagar toda la historia política suscitada en nuestra patria. Lo contrario es demagogia, politiquería y nuevamente las palabras distarán de los hechos, como muchas promesas de la actual gobernante.
Un análisis desapasionado de los acontecimientos del 11 de octubre de 1968, nos permitirán ubicar que entre sus protagonistas principales se agitaban dos corrientes contradictorias: una represiva, cuartelaria, anticomunista, cuyo principal objetivo era la represión del movimiento popular y sus dirigentes, dirigida fundamentalmente por el coronel Boris Martínez. Prueba de ello es que los cientos de detenidos y perseguidos, casi su totalidad, eran militantes sindicales, estudiantiles, campesinos y de reconocida militancia en el movimiento de izquierda panameña. Esa situación se confirmará cuando sean identificados esos restos humanos, si se aplican procedimientos científicos como esperamos los panameños firmemente preocupados por la verdad histórica. La otra corriente, con un objetivo más definido, sostenida por el entonces coronel Torrijos propugnaba el diálogo con las organizaciones populares y un acercamiento a su dirigencia. En ocasiones, algunos dirigentes populares eran encarcelados, liberados a los días subsiguientes y nuevamente encarcelados, que evidenciaba la falta de un mando único en la dirigencia del movimiento armado.
El antagonismo entre las principales corrientes del movimiento insurreccional estaba ligado al origen del mismo. Recordemos que dos días antes, el doctor Arnulfo Arias desconociendo la Constitución y la institucionalidad de la Guardia Nacional, sus jerarquías, sus mandos, la antigüedad de los mismos, trata de imponerle a la institución oficiales castrenses traídos del exterior para dirigir la misma; es decir a los oficiales iniciadores de la acción armada, los movió originalmente el sentido de la sobrevivencia institucional y eso, en alguna medida, explica la falta de homogeneidad y coherencia en sus objetivos y proclamas, pues no todos estaban inspirados en los mismos propósitos. La proclama emitida, por la alta oficialidad de la Guardia Nacional, el 11 de octubre de 1968, es fiel testimonio de lo que afirmo. (Documentos, 13: 19968).
El primer desenlace de esta contradicción se escenificará en febrero de 1969; los sectores más cuartelarios y represivos, personalizados en las figuras del coronel Boris Martínez (Jefe de Estado Mayor) y el teniente coronel Fred Boyd (jefe del G-2) entre otros oficiales, son desplazados de la jerarquía militar.
Sin embargo, las contradicciones no habían terminado. Quedaba un sector proclive a los intereses oligarcas y norteamericanos que pretendía, mediante cosméticos cambios, imponer la aprobación de los antipatrióticos tratados rechazados en 1967 y perpetuar su presencia en el Istmo. Esa contradicción fue superada el 16 de diciembre de 1969, con la expulsión de la Institución militar de los coroneles Ramiro Silvera (segundo comandante), Amado Sanjur (Jefe de Estado Mayor) y Alejandro Araúz (G-2 del Estado Mayor).
Es importante ubicar los hechos históricos y sus personajes en su contexto para situar la real responsabilidad de sus participantes; pienso que no solamente esos acontecimientos trágicos de nuestra historia deben investigarse, sino todos aquellos como la muerte de residentes suizos en las tierras altas de Volcán ocurrido durante la administración del doctor Arnulfo Arias en 1940, o la muerte del mayor Lezcano Gómez, acaecida durante los sucesos del 10 de mayo de 1951; y que algunos escritos atribuyen al ex presidente Arias. Lo mismo sería importante indagar el destino final de miles de patriotas panameños desaparecidos durante la invasión del 20 de diciembre y la jerarquía eclesiástica pusiera el mismo empeño que realiza con el padre Héctor Gallegos, a pesar que el 9 de enero de 1990, aún humeantes los restos del barrio mártir de El Chorrillo, declarara el acto del ejército estadounidense, como una acción de liberación y la Presidenta también derrame una lágrima seca por ellos.
Si el espíritu que realmente nos motiva es el esclarecimiento de la verdad histórica y la reconciliación entre los panameños será imperativo indagar toda la historia política suscitada en nuestra patria. Lo contrario es demagogia, politiquería y nuevamente las palabras distarán de los hechos, como muchas promesas de la actual gobernante.
