La honestidad en la política
En un artículo anterior hago denuncia explícita sobre un problema que se acentúa progresivamente. El de la percepción del ciudadano común y corriente respecto a la figura de autoridad.
Las teorías del aprendizaje social y sicoanalíticas plantean, aunque en forma distinta, que un individuo aprende en referencia a otro. De allí que el psicoanálisis plantee el vínculo afectivo (identificación con otro), como parte de la formación yoica, mientras que Albert Bandura plantee que las personas aprenden por o mediante observación-imitación.
Lo concluyente es que en ambos postulados, se requiere de un modelo, y que ese modelo se inicia en la historia individual, en el hogar (figuras paternas) y luego se desplaza hacia modelos sociales de otro orden.
Nuestra intención no es hacer análisis clínicos de problemas sociales, pero sí evaluar la percepción negativa de las masas frente a las figuras que, de algún modo, representan la ley.
Esta percepción negativa trae de trasfondo un doble problema: primero el del modelamiento (el de aprender con el ejemplo) y el segundo el del descrédito (el de no creer en la ley).
De otro orden la democracia sistema político predominante, tras la forma de flexibilidad informática, permite a cualquier ciudadano o institución, hacer denuncia sobre actos de corrupción cometidos por figuras públicas, sean calumniosas o no.
En un Estado autoritario, estilo absolutista, esto no es posible, ya que los massmedia (medios de comunicación), son controlados y se mantiene este tipo de información al margen o con una imagen distinta, por lo cual actos impúdicos están ocultos tras la máscara social-estatal.
Gracias a esta apertura o desenmascaramiento, la población total tiene acceso a toda una serie de información del pasado y el presente, sobre usos y abusos de recursos estatales de personajes, la mayoría políticos, lo cual trae como consecuencia un apareamiento constante de figuras simbólicas e institucionales, con la variable corrupción.
La corrupción, término ambiguo, podría abarcar diversas acepciones, pero a mi criterio se resume en el ámbito público, como el uso de posiciones públicas para obtener de forma directa o indirecta, beneficios económicos extrasalariales para sí mismo o para un grupo minúsculo vinculado. De allí que los conceptos como malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, recepción de salarios elevados y no justificados, inmunologías políticas. etc., sean resumidos o recogidos en la definición anteriormente expuesta.
Ahora tendremos que observar dos aspectos sobre el tema. Lo primero la normalización de lo antes planteado y sus bases jurídicas subyacentes.
Pues, desde la fundación de América Latina el Estado se convirtió en una fuente de rápido aprovisionamiento, para la clase política e influyente, por una parte se “condicionó” a los dirigentes histórico-socio culturalmente a obtener beneficios del Estado y, por otra parte, se patentizó en las leyes. De esta idea se desprende que la constitución requiere de una reformulación total, de forma que ciertos privilegios, canonjías sean eliminados, y que todo acto de corrupción pública sea tipificado como delito y penalizado de forma ejemplar, ante tribunales de justicia autónomos, sobre todo los cometidos por figuras de elevada jerarquía.
Esta penalización implica depurar el sistema y devolverle la credibilidad que ha perdido.
En síntesis, el tema de la honestidad debe ser seriamente evaluado, pues el país requiere de modelos que actúen al menos de acuerdo a su discurso, y que sean ejemplo para el resto del colectivo.
Las teorías del aprendizaje social y sicoanalíticas plantean, aunque en forma distinta, que un individuo aprende en referencia a otro. De allí que el psicoanálisis plantee el vínculo afectivo (identificación con otro), como parte de la formación yoica, mientras que Albert Bandura plantee que las personas aprenden por o mediante observación-imitación.
Lo concluyente es que en ambos postulados, se requiere de un modelo, y que ese modelo se inicia en la historia individual, en el hogar (figuras paternas) y luego se desplaza hacia modelos sociales de otro orden.
Nuestra intención no es hacer análisis clínicos de problemas sociales, pero sí evaluar la percepción negativa de las masas frente a las figuras que, de algún modo, representan la ley.
Esta percepción negativa trae de trasfondo un doble problema: primero el del modelamiento (el de aprender con el ejemplo) y el segundo el del descrédito (el de no creer en la ley).
De otro orden la democracia sistema político predominante, tras la forma de flexibilidad informática, permite a cualquier ciudadano o institución, hacer denuncia sobre actos de corrupción cometidos por figuras públicas, sean calumniosas o no.
En un Estado autoritario, estilo absolutista, esto no es posible, ya que los massmedia (medios de comunicación), son controlados y se mantiene este tipo de información al margen o con una imagen distinta, por lo cual actos impúdicos están ocultos tras la máscara social-estatal.
Gracias a esta apertura o desenmascaramiento, la población total tiene acceso a toda una serie de información del pasado y el presente, sobre usos y abusos de recursos estatales de personajes, la mayoría políticos, lo cual trae como consecuencia un apareamiento constante de figuras simbólicas e institucionales, con la variable corrupción.
La corrupción, término ambiguo, podría abarcar diversas acepciones, pero a mi criterio se resume en el ámbito público, como el uso de posiciones públicas para obtener de forma directa o indirecta, beneficios económicos extrasalariales para sí mismo o para un grupo minúsculo vinculado. De allí que los conceptos como malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, recepción de salarios elevados y no justificados, inmunologías políticas. etc., sean resumidos o recogidos en la definición anteriormente expuesta.
Ahora tendremos que observar dos aspectos sobre el tema. Lo primero la normalización de lo antes planteado y sus bases jurídicas subyacentes.
Pues, desde la fundación de América Latina el Estado se convirtió en una fuente de rápido aprovisionamiento, para la clase política e influyente, por una parte se “condicionó” a los dirigentes histórico-socio culturalmente a obtener beneficios del Estado y, por otra parte, se patentizó en las leyes. De esta idea se desprende que la constitución requiere de una reformulación total, de forma que ciertos privilegios, canonjías sean eliminados, y que todo acto de corrupción pública sea tipificado como delito y penalizado de forma ejemplar, ante tribunales de justicia autónomos, sobre todo los cometidos por figuras de elevada jerarquía.
Esta penalización implica depurar el sistema y devolverle la credibilidad que ha perdido.
En síntesis, el tema de la honestidad debe ser seriamente evaluado, pues el país requiere de modelos que actúen al menos de acuerdo a su discurso, y que sean ejemplo para el resto del colectivo.
