La impunidad de las calificadoras de riesgo
La semana pasada, bajo el título "Estandarizar la pobreza", me referí al reciente dictamen de la empresa Standard & Poors que ha sembrado de nubarrones el horizonte de nuestro país.
Según esa empresa y alguna otra de las denominadas "calificadoras de riesgo", si Panamá dispone utilizar parte de los dineros producidos por las privatizaciones de empresas públicas para financiar, por ejemplo, un programa para aliviar al hambre y la desnutrición de por lo menos una pequeña parte de los miles de panameños que se acuestan sin comer, nos enfrentamos al riesgo de que nos cuelguen el cartel de país de algo riesgo y nos conviertan, en un abrir y cerrar de ojos, en parias de la comunidad financiera internacional.
Calificar a un país como de alto riesgo es un mensaje a los eventuales inversores para que se alejen de él. También produce el efecto de que se le cierren las fuentes del crédito internacional, porque las organizaciones financieras como el BID o el Banco Mundial se pensarán dos veces concederle préstamos o retrasarán el desembolso de los que han aprobado. Igualmente, los títulos de su deuda pública (bonos o pagarés) no podrán acceder a los mercados de capitales o serán cotizados por valores muy inferiores y no producirán los recursos esperados.
La historia está plagada de una multitud de ejemplos de las "recetas salvadoras", cuyo estricto cumplimiento, se decía nos sacaría del subdesarrollo y nos catapultaría a la velocidad de la luz al mundo desarrollado. Durante varias décadas hemos estado siguiéndolas, pero cada día somos más pobres y menos desarrollados, en términos relativos, porque la brecha que nos separa de los países ricos no se achica sino que se agranda.
Basta con hacer un poco de memoria para recordar que, no hace mucho tiempo, se nos recomendaba embarcarnos en la sustitución de las importaciones y proteger nuestra producción con barreras arancelarias y no arancelarias. Ahora, si un país se atreve tan sólo a fijarlas en niveles más justos, como es el caso de Panamá, le llueven las advertencias (entiéndase amenazas) como las de Standard & Poor´s.
También se recomendó que el Estado asumiera la prestación de los servicios públicos, como agua, electricidad y teléfonos, y para cumplir con esa estrategia, que entonces era el credo de moda, nos prestaban plata por montones y contrajimos deudas colosales que todavía no hemos terminado de pagar. Ahora, se considera como transplantado de otro planeta a quien sostenga que esos servicios, o alguno de ellos, deban continuar en manos del Estado.
La experiencia ha demostrado que ninguna de las recetas ensayadas ha tenido las virtudes salvadoras que se les atribuyeron. Y también hemos visto que con frecuencia se producen cambios de rumbo. Sin embargo, mientras el paradigma de moda está vigente abundan los profetas y los sabios que, premunidos de infabilidad, juzgan y condenan a quienes no compartan "sus verdades".
El mundo está lleno de opiniones diversas y, por tanto, cada quien tiene derecho a tener la suya, incluidas las "calificadoras de riesgo". Pero las opiniones, según quien las emita, pueden producir efectos de diversas magnitudes y de muy distintas consecuencias. Y nadie debe estar exento de responder por ellas.
Si el gobernante de un país democrático se equivoca, con toda seguridad su bando político recibirá el castigo de los electores en los siguientes comicios. Si un ciudadano privado o un medio de comunicación emiten juicios que injustificadamente afectan la confianza de los depositantes de un banco, por ejemplo, lo más seguro es que tendrán que responder judicialmente. Pero si una "calificadora de riesgo", con sus dictámenes causa perjuicios a un país ¿cómo se le exige responsabilidad? Aparentemente no hay forma de hacerlo.
Así como creo que la facultad que hasta ahora se han atribuido los Estados Unidos, de calificar unilateralmente a los países que, según ellos, colaboran en la lucha contra las drogas, debe ser asumida por una organización internacional, también creo que es impostergable promover alternativas que anulen el poder que arbitrariamente se atribuyen las denominadas "calificadoras de riesgo" para juzgar y condenar, según "sus parámetros", a los países subdesarrollados.
Todavía, que se sepa, nadie lo ha hecho, pero ya es hora de que algún país promueva una denuncia ante un organismo internacional competente o una demanda ante los tribunales del país del domicilio de una de estas calificadoras, para exigirles responsabilidad por las opiniones que emiten, habida cuenta de los enormes perjuicios que las mismas pueden causar.
Según esa empresa y alguna otra de las denominadas "calificadoras de riesgo", si Panamá dispone utilizar parte de los dineros producidos por las privatizaciones de empresas públicas para financiar, por ejemplo, un programa para aliviar al hambre y la desnutrición de por lo menos una pequeña parte de los miles de panameños que se acuestan sin comer, nos enfrentamos al riesgo de que nos cuelguen el cartel de país de algo riesgo y nos conviertan, en un abrir y cerrar de ojos, en parias de la comunidad financiera internacional.
Calificar a un país como de alto riesgo es un mensaje a los eventuales inversores para que se alejen de él. También produce el efecto de que se le cierren las fuentes del crédito internacional, porque las organizaciones financieras como el BID o el Banco Mundial se pensarán dos veces concederle préstamos o retrasarán el desembolso de los que han aprobado. Igualmente, los títulos de su deuda pública (bonos o pagarés) no podrán acceder a los mercados de capitales o serán cotizados por valores muy inferiores y no producirán los recursos esperados.
La historia está plagada de una multitud de ejemplos de las "recetas salvadoras", cuyo estricto cumplimiento, se decía nos sacaría del subdesarrollo y nos catapultaría a la velocidad de la luz al mundo desarrollado. Durante varias décadas hemos estado siguiéndolas, pero cada día somos más pobres y menos desarrollados, en términos relativos, porque la brecha que nos separa de los países ricos no se achica sino que se agranda.
Basta con hacer un poco de memoria para recordar que, no hace mucho tiempo, se nos recomendaba embarcarnos en la sustitución de las importaciones y proteger nuestra producción con barreras arancelarias y no arancelarias. Ahora, si un país se atreve tan sólo a fijarlas en niveles más justos, como es el caso de Panamá, le llueven las advertencias (entiéndase amenazas) como las de Standard & Poor´s.
También se recomendó que el Estado asumiera la prestación de los servicios públicos, como agua, electricidad y teléfonos, y para cumplir con esa estrategia, que entonces era el credo de moda, nos prestaban plata por montones y contrajimos deudas colosales que todavía no hemos terminado de pagar. Ahora, se considera como transplantado de otro planeta a quien sostenga que esos servicios, o alguno de ellos, deban continuar en manos del Estado.
La experiencia ha demostrado que ninguna de las recetas ensayadas ha tenido las virtudes salvadoras que se les atribuyeron. Y también hemos visto que con frecuencia se producen cambios de rumbo. Sin embargo, mientras el paradigma de moda está vigente abundan los profetas y los sabios que, premunidos de infabilidad, juzgan y condenan a quienes no compartan "sus verdades".
El mundo está lleno de opiniones diversas y, por tanto, cada quien tiene derecho a tener la suya, incluidas las "calificadoras de riesgo". Pero las opiniones, según quien las emita, pueden producir efectos de diversas magnitudes y de muy distintas consecuencias. Y nadie debe estar exento de responder por ellas.
Si el gobernante de un país democrático se equivoca, con toda seguridad su bando político recibirá el castigo de los electores en los siguientes comicios. Si un ciudadano privado o un medio de comunicación emiten juicios que injustificadamente afectan la confianza de los depositantes de un banco, por ejemplo, lo más seguro es que tendrán que responder judicialmente. Pero si una "calificadora de riesgo", con sus dictámenes causa perjuicios a un país ¿cómo se le exige responsabilidad? Aparentemente no hay forma de hacerlo.
Así como creo que la facultad que hasta ahora se han atribuido los Estados Unidos, de calificar unilateralmente a los países que, según ellos, colaboran en la lucha contra las drogas, debe ser asumida por una organización internacional, también creo que es impostergable promover alternativas que anulen el poder que arbitrariamente se atribuyen las denominadas "calificadoras de riesgo" para juzgar y condenar, según "sus parámetros", a los países subdesarrollados.
Todavía, que se sepa, nadie lo ha hecho, pero ya es hora de que algún país promueva una denuncia ante un organismo internacional competente o una demanda ante los tribunales del país del domicilio de una de estas calificadoras, para exigirles responsabilidad por las opiniones que emiten, habida cuenta de los enormes perjuicios que las mismas pueden causar.
