La independencia del Órgano Legislativo
Mucho se ha estudiado, escrito y analizado, en democracia, el vital concepto de la independencia en la operatividad de los Poderes del Estado; tal, se supone, permite establecer los controles y equilibrios (pesos y contrapesos) necesarios para el desarrollo de la función gubernamental; sin ellos, el balance del manejo del gobierno se desajusta, generándose fisuras en la base que sostiene el conjunto de principios, valores y propósitos del sistema de gobierno democrático y representativo.
El desequilibrio planteado afecta el sistema de manera integral, pues los objetivos de éstos dejan de conformar la fuerza del interés nacional, para convertirse en el oscuro jardín del interés personal forjándose, peligrosamente, la punta falsa de la pirámide desde la cual emanan, fundamentalmente, las acciones de gobierno.
La venta de influencias, el clientelismo político, el enriquecimiento injustificado, la corrupción y su impunidad, permean así la totalidad de nuestra fragil institucionalidad.
Al escribirles sobre esta temática y en el caso particular de la Asamblea Nacional, debo referirme al absolutismo de los partidos políticos facilitado, ampliamente, dentro de nuestra normativa constitucional; para ello, sólo citaré dos artículos que, claramente, afectan en diversidad de formas la independencia de nuestro Órgano Legislativo:
“Artículo 150. Los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral”.
“Artículo 151. Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades”….
Ante tales normativas, en escasas ocasiones escucharemos debates objetivos, alejados de la línea partidista. Dios nos guarde cuando el partido en el poder tenga mayoría y el Ejecutivo falsee en la transparencia y benevolencia de propósitos.
Hoy, con el devenir del Cambio, contamos con un poder ejecutivo consciente de las tristes realidades por las cuales nuestra pequeña patria ha venido atravesando y a quien le agradecernos sus loables propósitos. Estaremos observando el desarrollo de su gestión.
Lamentablemente la ausencia de líderes proactivos ha sido notoria. El Estado panameño requiere de una reforma constitucional integral. Salimos de una dictadura militar y estamos bajo una dictadura de partidos, al amparo de la legalidad. Es notorio que textos como los arriba señalados, junto a otras similares gemas constitucionales, hayan pasado desapercibidas en las pocas ocasiones que hemos logrado una revisión constitucional. ¿Por qué será?
