La inmigración será regulada por la ley
Es curioso que, dada la lucha contra el terrorismo a nivel mundial que, de forma directa e indirecta, puede afectar la seguridad del Estado panameño, la inmigración de extranjeros al país no cuente con una efectiva regulación constitucional o legal. Hoy día no sabemos, a ciencia cierta, cuántos extranjeros residen en Panamá, dónde están ubicados, en qué condiciones viven, a qué se dedican, ni con qué fines reales han ingresado, de manera ilegal, al país. No tenemos idea de la relación inmigración/criminalidad.
Nuestro control de fronteras y costas es inefectivo. Nuestro aeropuerto no cuenta con la tecnología de punta que requerimos para aprovechar registros internacionales de seguridad existentes. Nuestros niveles de prudencia anticipativa en materia de seguridad nacional son negligentes. La corrupción, el clientelismo político y el tráfico de influencias juegan un papel importante en todo lo relativo esta temática.
Por muchísimos años la inmigración de determinadas nacionalidades ha sido un negocio a nivel gubernamental. ¿Continuará esto así? Nuestra posición geográfica y la existencia de nuestro Canal son ventajosas para el bien y para el mal. ¿Nos preocupa esto?
Nuestra Constitución, en su artículo 14 nos, dice:
La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país.
No se refiere a la “seguridad territorial”. Me parece que tal es el artículo apropiado para tocar el tema. Tampoco exalta la potencialidad del apoyo organizado, mediante asistencia de países amigos, en relación con tales menesteres; particularmente, cuando nuestra Carta Magna prohíbe la existencia de un ejército propio.
El artículo 16: Los panameños por naturalización no están obligados a tomar las armas contra su Estado de origen.
Este aspecto, ante la problemática global de amainar el terrorismo, es anticuado. El mismo debe ser eliminado, ya que no refleja la realidad; particularmente, tomando en cuenta que panameños por naturalización pueden ocupar cargos importantes, tales como ser diputados (as), etc.
Muchos intelectuales y profesionales de diversas ramas consideran muy sofisticado el indicar que ya contamos con demasiadas leyes y que lo que hay que hacer es cumplirlas; sin embargo, no estamos proponiendo “incrementos” legislativos. Lo que se recomienda es una necesaria reforma integral de nuestra Constitución.
El cambio propuesto, relativo al manejo gubernamental, requerirá reformas en materia constitucional; el juega vivo partidista y la apatía de los expertos, en materia constitucional, las han impedido.
