La inmoralidad en el pago de millones a fiscales
DE SOSPECHOSO, incongruente e inmoral puedo señalar el pago realizado el 30 de diciembre pasado a los fiscales y ex fiscales del Ministerio Público. Es sospechoso, porque se utiliza el último día del año, cuando la atención de todos está orientada a las festividades de la fecha. Fin de semana de jolgorio como pantalla de lo que se está haciendo.
Desde hace cuatro meses, el gobierno ha denunciado las precarias condiciones en que se han encontrado las arcas del Estado, siendo lo lógico en este caso, posponer el pago y hacerlo efectivo en partidas diferidas en los próximos cinco años. La incongruencia salta a primera vista.
Es inmoral, porque el Estado tiene una serie de compromisos de deuda tanto con empleados públicos como con la empresa privada, y por el hecho de que a quince personas se les ha pagado una suma muy elevada de dinero sin mediar ninguna negociación para diferir estos pagos. Hoy, el gobierno no tendrá ningún argumento para cancelar esos compromisos, que por cierto son por más de 10 años.
Desde 1987 se le debe a los empleados públicos trece mes, que de una forma u otra los gobiernos han estado esquivando dicha obligación y por ello, el Estado no le queda cancelar de una vez esta deuda, que es con miles de servidores públicos. No hay excusa, o los quince son privilegiados.
Desde los años 80, a los trabajadores de Salud se les debe una cantidad de dinero que sabemos que las autoridades de la CSS la tienen contabilizada, y con una propuesta de pago diferido lo acontecido en el Ministerio Público a final de diciembre, no le queda más que cancelarla en un único pago durante este año. Lo mismo sucede con administrativos de la CSS, a quienes se les adeudan pagos y tienen los mismos derechos que los quince funcionarios del Ministerio Públicos.
Ni hablar de los casi 20,000 servidores públicos que ganan menos del salario mínimo y que no sólo por aspecto moral sino legal se les debe reconocer esto, ¿o es que quince personas tienen más privilegios que estos funcionarios?
¿Qué excusa se tendrá ahora para cancelarle a la empresa privada lo adeudado? Ninguna.
En ningún momento he expresado la legalidad o no de este pago, porque sí considero que se le debe pagar a cada uno lo que la Ley exige. Además, esta legalidad, en caso que existiese, se mediaría en los tribunales. Pero sucede que las deudas antes descritas son todas legales, similar a la equiparación hecha a estas quince personas; por lo tanto, tienen todo el derecho de recibir lo que les adeudan, como los 15 privilegiados.
Esas son las consecuencias que se producen cuando se realiza un acto como lo sucedido el 30 de diciembre. Ahora, el Estado no tiene ningún argumento, ni legal ni moral ni económico, en cancelar lo adeudado. Espero que los dirigentes de FENASEP, ANFAC y gremios de salud exijan los derechos que todos tenemos por igual; no hacerlo es apadrinar la sinvergüensura en el Ministerio Público.
"Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar". Gandhi
(cdabadia@cwpanama.net)
Desde hace cuatro meses, el gobierno ha denunciado las precarias condiciones en que se han encontrado las arcas del Estado, siendo lo lógico en este caso, posponer el pago y hacerlo efectivo en partidas diferidas en los próximos cinco años. La incongruencia salta a primera vista.
Es inmoral, porque el Estado tiene una serie de compromisos de deuda tanto con empleados públicos como con la empresa privada, y por el hecho de que a quince personas se les ha pagado una suma muy elevada de dinero sin mediar ninguna negociación para diferir estos pagos. Hoy, el gobierno no tendrá ningún argumento para cancelar esos compromisos, que por cierto son por más de 10 años.
Desde 1987 se le debe a los empleados públicos trece mes, que de una forma u otra los gobiernos han estado esquivando dicha obligación y por ello, el Estado no le queda cancelar de una vez esta deuda, que es con miles de servidores públicos. No hay excusa, o los quince son privilegiados.
Desde los años 80, a los trabajadores de Salud se les debe una cantidad de dinero que sabemos que las autoridades de la CSS la tienen contabilizada, y con una propuesta de pago diferido lo acontecido en el Ministerio Público a final de diciembre, no le queda más que cancelarla en un único pago durante este año. Lo mismo sucede con administrativos de la CSS, a quienes se les adeudan pagos y tienen los mismos derechos que los quince funcionarios del Ministerio Públicos.
Ni hablar de los casi 20,000 servidores públicos que ganan menos del salario mínimo y que no sólo por aspecto moral sino legal se les debe reconocer esto, ¿o es que quince personas tienen más privilegios que estos funcionarios?
¿Qué excusa se tendrá ahora para cancelarle a la empresa privada lo adeudado? Ninguna.
En ningún momento he expresado la legalidad o no de este pago, porque sí considero que se le debe pagar a cada uno lo que la Ley exige. Además, esta legalidad, en caso que existiese, se mediaría en los tribunales. Pero sucede que las deudas antes descritas son todas legales, similar a la equiparación hecha a estas quince personas; por lo tanto, tienen todo el derecho de recibir lo que les adeudan, como los 15 privilegiados.
Esas son las consecuencias que se producen cuando se realiza un acto como lo sucedido el 30 de diciembre. Ahora, el Estado no tiene ningún argumento, ni legal ni moral ni económico, en cancelar lo adeudado. Espero que los dirigentes de FENASEP, ANFAC y gremios de salud exijan los derechos que todos tenemos por igual; no hacerlo es apadrinar la sinvergüensura en el Ministerio Público.
"Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar". Gandhi
(cdabadia@cwpanama.net)
