La institucional y el estado de derecho
LA independencia judicial es un ingrediente fundamental para el funcionamiento de la democracia, y en Panamá no es una excepción, dado los compromisos de Estado que se derivan de los tratados de derechos humanos que exigen salvaguardar la independencia de nuestro sistema judicial entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras las Naciones Unidas convienen que "Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo".
El principio de la independencia judicial consignado en la Carta Democrática Interamericana, explica que "son elementos esenciales de la democracia representativa", entre otros, "el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho" y "la separación e independencia de los poderes públicos".
La Constitución de Panamá establece en su artículo 2 los principios de la independencia judicial y la separación de poderes. La independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia de los Derechos Humanos, puesto que el estado de derecho en una sociedad democrática depende, en gran medida, de la acción del Poder Judicial en una administración de justicia independiente, imparcial y efectiva.
La idea del estado de derecho de acuerdo con el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política entraña una supervisión judicial en la guarda de la integridad constitucional o legalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo, de los actos administrativos y de las leyes. La independencia de los jueces se encuentra expresamente garantizada en los artículos 210 y 211 de la Constitución Política, sitúa en un contexto institucional la separación de poderes en un régimen democrático.
La Corte Suprema de Justicia como los demás Órganos del Estado están expuestos a la crítica de los medios de comunicación, proclives a generar opinión frente a las demandas sociales, pero sería peligroso acentuar la pérdida de credibilidad en las instituciones incitando su aislamiento de la sociedad civil, ello no sólo resultaría devastador a la institucionalidad del país sino contraproducente a la proyección del estado de derecho.
Una imagen en caricatura dice más que mil palabras, sobre todo cuando se utiliza para ridiculizar y atacar directamente la dignidad humana, el derecho a la intimidad, la honra, el honor y la imagen, así como la integridad moral del individuo. No resulta casual actos explícitamente hostiles u ofensivos se dirijan de modo repetido contra quien ostenta una investidura en un Órgano del Estado.
En efecto, la postulación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia a la candidatura a Juez en la Corte Penal Internacional, conformada por 105 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, ha generado una campaña contra su legítima aspiración y la independencia de las decisiones judiciales, afectando la imagen del sistema judicial y el estado de derecho que impera en el país.
La libertad de expresión es un valor fundamental que ha de ejercerse dentro de los límites que marca la ley y, por tanto debe coexistir con la responsabilidad personal respetando los derechos y sensibilidades de los demás, los derechos humanos, los sentimientos, las convicciones políticas y religiosas. La libertad de expresión y la independencia de la prensa son derechos universales que deben ser ejercidas con responsabilidad, respetando los valores fundamentales sin incitar al odio mediante caricaturas o expresiones de xenofobias, racistas y degradantes que excluyan y descalifiquen a personas, sea cual sea su origen, color o convicción política y religiosa.
No podemos pasar inadvertidos ante la crítica mordaz y degradante dirigida en menoscabo de la dignidad de la primera jurista negra que ostenta la más alta magistratura del Órgano Judicial en nuestro país. La Licenciada Graciela Dixon, procedente de los estratos sociales más humildes de nuestro país, reconocida por su trayectoria nacionalista, sus convicciones cívicas y patrióticas y su defensa por los derechos humanos, reúne la imparcialidad y la integridad requeridas para aspirar a una magistratura en el Tribunal Penal Internacional. No podemos descalificar a los nuestros, cuando requerimos del apoyo diplomático de los países de la región para respaldar una candidatura para posicionar una panameña en esta instancia judicial mundial.
El momento histórico que vive el país requiere de tolerancia, pero también, de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del Estado, cuya independencia y credibilidad son valores a preservar en nuestra sociedad, precisamente porque la soberanía popular a través de la Constitución, ha depositado su confianza en las decisiones judiciales para garantizar la convivencia pacífica y estable del país.
Mirar hacia dentro, construyendo positivamente nuestros valores y afianzando nuestra democracia fortaleceremos la institucionalidad del Estado panameño, en momentos que grandes proyectos como la ampliación del Canal requieren de un ambiente de seguridad jurídica que proyecte transparencia a los inversores locales y extranjeros ante los esfuerzos para mitigar el cuarenta por ciento de la pobreza que atraviesa el país. Después de todo, una buena imagen dice más que mil palabras.
El principio de la independencia judicial consignado en la Carta Democrática Interamericana, explica que "son elementos esenciales de la democracia representativa", entre otros, "el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho" y "la separación e independencia de los poderes públicos".
La Constitución de Panamá establece en su artículo 2 los principios de la independencia judicial y la separación de poderes. La independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia de los Derechos Humanos, puesto que el estado de derecho en una sociedad democrática depende, en gran medida, de la acción del Poder Judicial en una administración de justicia independiente, imparcial y efectiva.
La idea del estado de derecho de acuerdo con el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política entraña una supervisión judicial en la guarda de la integridad constitucional o legalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo, de los actos administrativos y de las leyes. La independencia de los jueces se encuentra expresamente garantizada en los artículos 210 y 211 de la Constitución Política, sitúa en un contexto institucional la separación de poderes en un régimen democrático.
La Corte Suprema de Justicia como los demás Órganos del Estado están expuestos a la crítica de los medios de comunicación, proclives a generar opinión frente a las demandas sociales, pero sería peligroso acentuar la pérdida de credibilidad en las instituciones incitando su aislamiento de la sociedad civil, ello no sólo resultaría devastador a la institucionalidad del país sino contraproducente a la proyección del estado de derecho.
Una imagen en caricatura dice más que mil palabras, sobre todo cuando se utiliza para ridiculizar y atacar directamente la dignidad humana, el derecho a la intimidad, la honra, el honor y la imagen, así como la integridad moral del individuo. No resulta casual actos explícitamente hostiles u ofensivos se dirijan de modo repetido contra quien ostenta una investidura en un Órgano del Estado.
En efecto, la postulación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia a la candidatura a Juez en la Corte Penal Internacional, conformada por 105 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, ha generado una campaña contra su legítima aspiración y la independencia de las decisiones judiciales, afectando la imagen del sistema judicial y el estado de derecho que impera en el país.
La libertad de expresión es un valor fundamental que ha de ejercerse dentro de los límites que marca la ley y, por tanto debe coexistir con la responsabilidad personal respetando los derechos y sensibilidades de los demás, los derechos humanos, los sentimientos, las convicciones políticas y religiosas. La libertad de expresión y la independencia de la prensa son derechos universales que deben ser ejercidas con responsabilidad, respetando los valores fundamentales sin incitar al odio mediante caricaturas o expresiones de xenofobias, racistas y degradantes que excluyan y descalifiquen a personas, sea cual sea su origen, color o convicción política y religiosa.
No podemos pasar inadvertidos ante la crítica mordaz y degradante dirigida en menoscabo de la dignidad de la primera jurista negra que ostenta la más alta magistratura del Órgano Judicial en nuestro país. La Licenciada Graciela Dixon, procedente de los estratos sociales más humildes de nuestro país, reconocida por su trayectoria nacionalista, sus convicciones cívicas y patrióticas y su defensa por los derechos humanos, reúne la imparcialidad y la integridad requeridas para aspirar a una magistratura en el Tribunal Penal Internacional. No podemos descalificar a los nuestros, cuando requerimos del apoyo diplomático de los países de la región para respaldar una candidatura para posicionar una panameña en esta instancia judicial mundial.
El momento histórico que vive el país requiere de tolerancia, pero también, de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del Estado, cuya independencia y credibilidad son valores a preservar en nuestra sociedad, precisamente porque la soberanía popular a través de la Constitución, ha depositado su confianza en las decisiones judiciales para garantizar la convivencia pacífica y estable del país.
Mirar hacia dentro, construyendo positivamente nuestros valores y afianzando nuestra democracia fortaleceremos la institucionalidad del Estado panameño, en momentos que grandes proyectos como la ampliación del Canal requieren de un ambiente de seguridad jurídica que proyecte transparencia a los inversores locales y extranjeros ante los esfuerzos para mitigar el cuarenta por ciento de la pobreza que atraviesa el país. Después de todo, una buena imagen dice más que mil palabras.
