La investigación de diplomas falsos
Ha pasado casi un mes, y la comisión especial nombrada por el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, para investigar la denuncia por la expedición de diplomas falsos, no ha rendido informe alguno; mientras las personas involucradas, identificadas por nombre y apellido, continúan tranquilamente en sus puestos, devengando jugosos salarios, prestas a seguir haciendo de las suyas.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, llegó a ejecutar una inspección judicial a las oficinas de la Rectoría, dentro de los predios universitarios; pero un recurso de amparo de garantías constitucionales, promovido por las autoridades de esa casa de estudios, paralizó la investigación que adelantaba el Ministerio Público. ¿Cuál es el argumento del rector García de Paredes para oponerse a que la procuradora Gómez continúe por su propia cuenta las pesquisas? La autonomía universitaria, que -según alega- impide que ninguna autoridad entre a sus predios, ni siquiera para investigar un crimen. ¿Un país dentro de otro? Eso pretenden, pero se equivocan.
En una ocasión, el presidente Ernesto Pérez Balladares, colmado de la insensata tiradera de piedras y tranques de la vía Bolívar, dispuso la toma por asalto de la Universidad, mediante una orden del gobernador de turno. En cosa de minutos, los enmascarados fueron apresados y todos los edificios, incluyendo la misma rectoría fue ocupada. Al final del día, se retiraron las fuerzas del orden. El pobre gobernador fue acusado y se le siguió juicio por el hecho, hasta que un providencial indulto le ahorró más incomodidades judiciales que le persiguieron, incluso, una vez dejado el cargo. ¿Qué hizo de malo? Nada, excepto cumplir su deber.
Debe quedar claro, sin embargo, que pese a las pretensiones de los rectores, el campus universitario no es una república aparte; y que la autonomía no le garantiza extraterritorialidad alguna para la investigación de delitos, ni siquiera bajo la nueva ley universitaria aprobada con el contubernio del actual gobierno y su incondicional bancada de diputados.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, llegó a ejecutar una inspección judicial a las oficinas de la Rectoría, dentro de los predios universitarios; pero un recurso de amparo de garantías constitucionales, promovido por las autoridades de esa casa de estudios, paralizó la investigación que adelantaba el Ministerio Público. ¿Cuál es el argumento del rector García de Paredes para oponerse a que la procuradora Gómez continúe por su propia cuenta las pesquisas? La autonomía universitaria, que -según alega- impide que ninguna autoridad entre a sus predios, ni siquiera para investigar un crimen. ¿Un país dentro de otro? Eso pretenden, pero se equivocan.
En una ocasión, el presidente Ernesto Pérez Balladares, colmado de la insensata tiradera de piedras y tranques de la vía Bolívar, dispuso la toma por asalto de la Universidad, mediante una orden del gobernador de turno. En cosa de minutos, los enmascarados fueron apresados y todos los edificios, incluyendo la misma rectoría fue ocupada. Al final del día, se retiraron las fuerzas del orden. El pobre gobernador fue acusado y se le siguió juicio por el hecho, hasta que un providencial indulto le ahorró más incomodidades judiciales que le persiguieron, incluso, una vez dejado el cargo. ¿Qué hizo de malo? Nada, excepto cumplir su deber.
Debe quedar claro, sin embargo, que pese a las pretensiones de los rectores, el campus universitario no es una república aparte; y que la autonomía no le garantiza extraterritorialidad alguna para la investigación de delitos, ni siquiera bajo la nueva ley universitaria aprobada con el contubernio del actual gobierno y su incondicional bancada de diputados.
