La justicia necesita agilización, no burocracia
Es un hecho incuestionable que la mora judicial alcanza niveles dramáticos, pero no es con más burocracia con la que ésta se podría resolver.
Saber que una justicia tardía dista mucho de ser justicia es un hecho conocido, pero se ha dejado de lado por lo que urgen medidas prácticas que nos lleven a una solución real y efectiva en la cual utilizar los recursos intelectuales vírgenes de que dispone el Estado, en las universidades, es una necesidad impostergable.
Hay que reforzar los tribunales de justicia en el lugar donde se produce la mora al ingresar ingentes cantidades de negocios a los diferentes despachos judiciales.
La Constitución debe contener un mecanismo proporcional al crecimiento de la población, semejante al que hoy se aplica para determinar la integración cuantitativa de la Asamblea Nacional, aplicable a los tribunales.
Vistas así las cosas, al ser imperiosa la solución de este problema, debemos reforzar las personerías, las fiscalías, los juzgados municipales y de circuito así como los tribunales superiores para lo cual consideramos que el Estado panameño cuenta con la riqueza más exuberante cuales son los centenares de estudiantes de derecho, en los grupos de graduandos y pre-graduandos a quienes les vendría muy bien la práctica en el Organo Judicial y Ministerio Público.
La sociedad está en espera de una solución inteligente y justa y no es únicamente la creación de más tribunales la solución al problema cuando tiene nuestro país una economía en crisis.
Es de observar, que los estudiantes de medicina (V y VI años) ejercen sus prácticas en los hospitales y centros rurales de salud del Estado, por lo que sin lugar a dudas debe corresponder a los estudiantes de derecho un rol semejante en los tribunales de justicia.
Finalmente, después de haberse recibido el título de abogado deberían dar un año de servicios en la defensoría de oficio, después del cual es cuando otorgaría la Corte Suprema la idoneidad correspondiente.
En los hospitales hablamos de mejorar la salud y de salvar preciosas vidas, en lo relativo a los tribunales los estudiantes de derecho contribuirían a agilizar la justicia que al igual que la libertad son sagrados derechos del hombre.
En Panamá sin la mayor dilación se debe dictar una ley elaborada por el Ejecutivo del nuevo gobierno en concordancia con las autoridades universitarias, de tal suerte que de las prácticas del personal educando de las universidades no sólo se obtenga el mejor provecho, sino que colateralmente éstos desarrollen sus actividades de aprendizaje en términos de mejorar su capacidad profesional en el campo del derecho.
El Ministerio Público instruye las sumarias que luego remiten a los juzgados hasta que al fin, después de las diferentes instancias culminan dichos negocios en la Corte Suprema de Justicia, pero es en el nivel primario en donde se congestiona el sistema en virtud del crecimiento poblacional, haciendo más lenta cada día la justicia panameña.
La labor de los estudiantes de derecho cuantitativa tanto como cualitativamente podría ser grandiosa y expedita dada la cantidad de estudiantes que cursan los claustros universitarios en Panamá.
Sabemos que en el pasado han existido acuerdos que consideramos tímidos entre la Universidad Nacional, la Asamblea Nacional y tal vez algún otro despacho público, pero ello no es lo suficiente, ni lo adecuado ni lo que proponemos.
En la Asamblea se dictan las leyes, en los tribunales no sólo se aplican éstas, sino que se contribuiría a agilizar la mora judicial cuyos resultados sería de positivos beneficios para todos: a la sociedad, porque no estarían estancadas sus demandas, a los estudiantes porque dichas prácticas les retribuiría con creces beneficios a la hora del ejercicio privado o público y al Estado porque resolvería un problema que crece a galope, sin que se haya podido resolver por falta de una medida heroica.
Esperamos que nuestros comentarios tanto como el aporte de nuestra idea contribuyan en algo a la solución de este problema que hace crisis en el Organo Judicial.
Saber que una justicia tardía dista mucho de ser justicia es un hecho conocido, pero se ha dejado de lado por lo que urgen medidas prácticas que nos lleven a una solución real y efectiva en la cual utilizar los recursos intelectuales vírgenes de que dispone el Estado, en las universidades, es una necesidad impostergable.
Hay que reforzar los tribunales de justicia en el lugar donde se produce la mora al ingresar ingentes cantidades de negocios a los diferentes despachos judiciales.
La Constitución debe contener un mecanismo proporcional al crecimiento de la población, semejante al que hoy se aplica para determinar la integración cuantitativa de la Asamblea Nacional, aplicable a los tribunales.
Vistas así las cosas, al ser imperiosa la solución de este problema, debemos reforzar las personerías, las fiscalías, los juzgados municipales y de circuito así como los tribunales superiores para lo cual consideramos que el Estado panameño cuenta con la riqueza más exuberante cuales son los centenares de estudiantes de derecho, en los grupos de graduandos y pre-graduandos a quienes les vendría muy bien la práctica en el Organo Judicial y Ministerio Público.
La sociedad está en espera de una solución inteligente y justa y no es únicamente la creación de más tribunales la solución al problema cuando tiene nuestro país una economía en crisis.
Es de observar, que los estudiantes de medicina (V y VI años) ejercen sus prácticas en los hospitales y centros rurales de salud del Estado, por lo que sin lugar a dudas debe corresponder a los estudiantes de derecho un rol semejante en los tribunales de justicia.
Finalmente, después de haberse recibido el título de abogado deberían dar un año de servicios en la defensoría de oficio, después del cual es cuando otorgaría la Corte Suprema la idoneidad correspondiente.
En los hospitales hablamos de mejorar la salud y de salvar preciosas vidas, en lo relativo a los tribunales los estudiantes de derecho contribuirían a agilizar la justicia que al igual que la libertad son sagrados derechos del hombre.
En Panamá sin la mayor dilación se debe dictar una ley elaborada por el Ejecutivo del nuevo gobierno en concordancia con las autoridades universitarias, de tal suerte que de las prácticas del personal educando de las universidades no sólo se obtenga el mejor provecho, sino que colateralmente éstos desarrollen sus actividades de aprendizaje en términos de mejorar su capacidad profesional en el campo del derecho.
El Ministerio Público instruye las sumarias que luego remiten a los juzgados hasta que al fin, después de las diferentes instancias culminan dichos negocios en la Corte Suprema de Justicia, pero es en el nivel primario en donde se congestiona el sistema en virtud del crecimiento poblacional, haciendo más lenta cada día la justicia panameña.
La labor de los estudiantes de derecho cuantitativa tanto como cualitativamente podría ser grandiosa y expedita dada la cantidad de estudiantes que cursan los claustros universitarios en Panamá.
Sabemos que en el pasado han existido acuerdos que consideramos tímidos entre la Universidad Nacional, la Asamblea Nacional y tal vez algún otro despacho público, pero ello no es lo suficiente, ni lo adecuado ni lo que proponemos.
En la Asamblea se dictan las leyes, en los tribunales no sólo se aplican éstas, sino que se contribuiría a agilizar la mora judicial cuyos resultados sería de positivos beneficios para todos: a la sociedad, porque no estarían estancadas sus demandas, a los estudiantes porque dichas prácticas les retribuiría con creces beneficios a la hora del ejercicio privado o público y al Estado porque resolvería un problema que crece a galope, sin que se haya podido resolver por falta de una medida heroica.
Esperamos que nuestros comentarios tanto como el aporte de nuestra idea contribuyan en algo a la solución de este problema que hace crisis en el Organo Judicial.
