La justicia panameña en una encrucijada
Una Corte del Distrito Oriental de Virginia en los EE.UU. ha iniciado un proceso formal contra el ex presidente de la compañía panameña Port Engineering and Consultants Corp (PECC) y contra otros co conspiradores, entre ellos tres altos oficiales del gobierno de Panamá durante la administración de Ernesto Pérez Balladares entre 1994 y 1999, acusándolos de participar en una entramada criminal para lograr, mediante sobornos y dádivas, el otorgamiento ilegal y sin licitación, de una concesión para dar mantenimiento a los faros y boyas en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá. La justicia panameña tuvo en su poder la misma documentación que los fiscales y los jueces de Virginia, pero aquí a diferencia de allá, un lamentable y ya tradicional manto de encubrimiento consiguió que, ninguno de los altos ex funcionarios involucrados en la trama criminal tuviera que rendir cuentas ante la sociedad panameña por sus execrables actuaciones. El presidente Ricardo Martinelli Berrocal tiene en sus manos una oportunidad de oro para iniciar en La Corte Suprema de Justicia, el cambio que los panameños de bien anhelamos, de manera que podamos ver alguna vez a los delincuentes de cuello blanco pagar por el asalto descarado al erario, pero por cuenta de nuestra administración de justicia. Los hermanos costarricenses lo lograron y ellos están hechos de la misma materia que nosotros.
