La justicia social: críticas y respuestas
Hace tres semanas comenté la excelente conferencia que dictó Carlos Alberto Montaner bajo el título "¿Por qué Panamá es pobre?" Afirmé que compartía la tesis de Montaner, según la cual es la cultura la que determina si una sociedad crea riqueza o se estanca en la pobreza. Pero le hice dos alcances: uno sobre la ineludible interacción internacional que condiciona la posibilidad de que un país realice por sí solo los cambios culturales que necesita para poder crear riqueza, y el otro sobre el papel indispensable de la justicia social en lograr el apoyo de un pueblo a dichos cambios. Sobre este último punto, esbocé la hipótesis de que su pensamiento había evolucionado, desde la publicación de sus libros Manual del Idiota Latinoamericano y Español y Fabricantes de Miseria, en los que denunció presupuestos del concepto de la justicia social y que encontré demasiado polémicos y parciales. En su conferencia en Panamá, sin embargo, la presentación del mercado como enmarcado en un contexto ético e institucional me pareció propicia a su reconocimiento del papel de la justicia social.
Evidentemente, este comentario interesó a Montaner, quien me escribió una corta nota sobre el tema. Con su usual claridad conceptual resumió sus objeciones al concepto de justicia social: "El problema de la "justicia social" es que resulta difícil más allá de proporcionar una buena educación pública y razonable atención médica de manera que las personas puedan, realmente, luchar por sus objetivos individuales. Pero cuando confías a burócratas y políticos la tarea de establecer lo que le corresponde recibir a cada cual -la famosa justicia social- lo que suele ocurrir es una multiplicación del despilfarro. Este es el aporte de la Escuela de Virginia a la economía, cuantificar el gasto público y describir cómo con la coartada de la justicia social se fomentan el clientelismo y la corrupción, entre otras razones, porque quienes tienen la tarea de asignar los recursos suelen ser seres humanos, como todos, gobernados por sus propias pasiones y, generalmente, en busca de satisfacer sus propios intereses. Y esto es verdad, incluso, cuando el Estado concede a la sociedad civil la posibilidad de sustituirlo, como ocurre con las ONGs. Un estudio reciente lo demuestra: hasta un 90% se queda en los bolsillos de las ONGs como salarios y gastos generales. Cuando economistas como Mises, Hayek o Buchanan confian más en la libertad y en el mercado que en las decisiones de los burócratas como método para asignar recursos no lo hacen por codicia o por falta de instinto social o impulsos humanitarios, sino porque la experiencia empírica los ha convencido de que ese camino es mucho más corto para aliviar la miseria de las gentes."
Agradezco que Carlos Alberto me haya transmitido su pensamiento acerca de un tema importante sobre el cual obviamente discrepamos. Me estimula a exponer mis puntos de vista en respuesta a sus objeciones.
Primero, no es necesario que la puesta en práctica de la justicia social se le asigne exclusivamente a "burócratas y políticos". La exigencia básica de la justicia social es que cada miembro de una sociedad tenga acceso a los recursos indispensables de diversa índole que le permitan poder forjarse una vida digna de un ser humano. Así lo afirmaba Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno en 1931, al introducir el concepto de justicia social: "A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la repartición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquiera persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados" (no. 58).
Esta condición puede tratar de obtenerse por una combinación de métodos, tales la solidaridad interpersonal, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y las instancias municipales y estatales. La determinación del mínimo indispensable y de la combinación específica de métodos para intentar ponerlo al alcance de todos los miembros de la sociedad, no debe ser en una democracia prerrogativa de burócratas y políticos, sino que involucra a todos, directa o indirectamente, y presupone la interacción entre la sociedad civil y los Poderes del Estado. En última instancia depende tanto de la cultura de la sociedad, como de su historia. Así lo decía Pío XII en una alocución de1953: "la forma concreta" de las exigencias de la justicia social depende de las "circunstancias del tiempo, del lugar, de la cultura". Es un hecho que ningún país moderno y desarrollado ha dejado de incorporar exigencias semejantes.
Segundo, no veo por qué limitar a "una buena educación y razonable atención médica" lo indispensable para que un individuo pueda luchar por sus propios objetivos. Pero, admitidas esas dos condiciones, se puede sostener que también son indispensables otros recursos, tales como el acceso a una vivienda, la facilidad de transporte, un trabajo con un salario que permita cubrir las necesidades básicas y efectuar algo de ahorro, la posibilidad de jubilación o provisión para la vejez, la oportunidad de vacación y ocio, así como el espacio cívico y político requerido para ejercer las libertades fundamentales y participar en la decisiones de la comunidad.
Todo ello configura la base sobre la cual cada uno puede esforzarse por escoger sus objetivos de vida y por tratar de alcanzarlos. La justicia social no obliga a proporcionarle estos recursos a cada miembro de una sociedad en la misma cantidad y calidad. Ninguna sociedad lo ha logrado y, cuando lo ha intentado, se han suscitado enormes injusticias de otra índole. Pero es de justicia intentar organizar la vida social y económica del Estado de manera que todos sus integrantes, por lo menos, no estén radicalmente excluidos de poder acceder en la práctica a un mínimo indispensable de estos recursos. No intentarlo elimina una de los factores más potentes de cambio y de progreso social.
Tercero, no comprendo que se desconfíe del papel del Estado porque los seres humanos son "gobernados por sus propias pasiones y, generalmente, en busca de satisfacer sus propios intereses", pero luego se confíe en el mercado para que sea prácticamente el único agente que distribuya las condiciones de vida, incluso las mínimas necesarias para una vida digna de un ser humano. En efecto, el mercado es una suma de decisiones estrictamente individuales, que están afectadas por las mismas pasiones y los mismos intereses. ¿Cómo esperar que las condiciones comunes de libertad y de bienestar de una sociedad resulten de un cúmulo de tales decisiones? ¿Podemos generar por sólo una agregación de egoísmos una convivencia con su indispensable núcleo de valores compartidos y su necesario ideal de equidad?
Centesimus annus de Juan Pablo II es la encíclica que se juzga más positivamente en Fabricantes de Miseria por su "reivindicación de mercado y su lógica productiva". Se le juzga bajo la influencia de las "brillantes ideas del teólogo católico Michael Novak", defensor de una interpretación liberal de la doctrina social cristiana.. Pero en dicho documento el Papa, al mismo tiempo que reconoce que "el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades", advierte que "esto vale sólo para las necesidades que son "solventables", con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son "vendibles", esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas... Por encima de la lógica de intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre , en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad" (no. 34).
Cuarto, existe una experiencia empírica que argumenta en contra de una confianza irreflexiva en "las decisiones de los burócratas como método para asignar recursos". Pero existe otra experiencia empírica en contra de una confianza equivalente en el mercado como método para evitar que los recursos no se concentren excesivamente en manos de unos pocos individuos, lo que obstaculiza la vigencia de un régimen de igualdad de oportunidades. Hay datos irrefutables acerca de la riqueza que el mercado contribuye a crear y de que la economía centralmente planificada por el Estado no se le compara en este sentido. Pero no menos irrefutables son los datos de que el mercado por si sólo puede ser insensible, injusto y hasta cruel, permitiendo escandalosas concentraciones de riqueza al lado de dramáticas privaciones de necesidades, bajo "una ideología radical de tipo capitalista" como advierte Juan Pablo II (no.42).
La crítica tan encarnizada a la justicia social por el pensamiento liberal va dirigida sobre todo a los que Octavio Paz llamó "el ogro filantrópico", es decir al Estado moderno en su desarrollo monstruoso. Éste absorbió una pluralidad excesiva de funciones políticas que competían a los gobiernos locales y también de funciones económicas, sociales y culturales que competían a instancias privadas o de la sociedad civil. Desconoció el principio de subsidiariedad, en virtud del cual la organización superior debe respetar las competencias de las organizaciones inferiores y apoyarlas sin sustituirse a ellas ni intervenir arbitrariamente en sus predios. El Estado, que debe ser la última instancia de solidaridad en la sociedad, ha tratado de acaparar las instancias previas. Suscita, por ello, una reacción crítica que tiende a negar la función de solidaridad del Estado.
El pensamiento liberal, de cual Carlos Alberto Montaner es un expositor, tiene entonces una tarea de crítica benéfica, a saber liberarnos del "ogro filantrópico". Pero se revela insuficiente como propuesta de una sociedad por construir. Le hace falta reconocer la dimensión comunitaria del ser humano y con ella la vigencia del bien común y de la justicia social, en virtud de los cuales debemos revisar todo nuestro derecho positivo y, si necesario, corregirlo y completarlo, a la luz de un ideal de equidad que deriva del derecho natural por intermedio de nuestra cultura. (ariyan@sinfo.net)
Evidentemente, este comentario interesó a Montaner, quien me escribió una corta nota sobre el tema. Con su usual claridad conceptual resumió sus objeciones al concepto de justicia social: "El problema de la "justicia social" es que resulta difícil más allá de proporcionar una buena educación pública y razonable atención médica de manera que las personas puedan, realmente, luchar por sus objetivos individuales. Pero cuando confías a burócratas y políticos la tarea de establecer lo que le corresponde recibir a cada cual -la famosa justicia social- lo que suele ocurrir es una multiplicación del despilfarro. Este es el aporte de la Escuela de Virginia a la economía, cuantificar el gasto público y describir cómo con la coartada de la justicia social se fomentan el clientelismo y la corrupción, entre otras razones, porque quienes tienen la tarea de asignar los recursos suelen ser seres humanos, como todos, gobernados por sus propias pasiones y, generalmente, en busca de satisfacer sus propios intereses. Y esto es verdad, incluso, cuando el Estado concede a la sociedad civil la posibilidad de sustituirlo, como ocurre con las ONGs. Un estudio reciente lo demuestra: hasta un 90% se queda en los bolsillos de las ONGs como salarios y gastos generales. Cuando economistas como Mises, Hayek o Buchanan confian más en la libertad y en el mercado que en las decisiones de los burócratas como método para asignar recursos no lo hacen por codicia o por falta de instinto social o impulsos humanitarios, sino porque la experiencia empírica los ha convencido de que ese camino es mucho más corto para aliviar la miseria de las gentes."
Agradezco que Carlos Alberto me haya transmitido su pensamiento acerca de un tema importante sobre el cual obviamente discrepamos. Me estimula a exponer mis puntos de vista en respuesta a sus objeciones.
Primero, no es necesario que la puesta en práctica de la justicia social se le asigne exclusivamente a "burócratas y políticos". La exigencia básica de la justicia social es que cada miembro de una sociedad tenga acceso a los recursos indispensables de diversa índole que le permitan poder forjarse una vida digna de un ser humano. Así lo afirmaba Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno en 1931, al introducir el concepto de justicia social: "A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la repartición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquiera persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados" (no. 58).
Esta condición puede tratar de obtenerse por una combinación de métodos, tales la solidaridad interpersonal, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y las instancias municipales y estatales. La determinación del mínimo indispensable y de la combinación específica de métodos para intentar ponerlo al alcance de todos los miembros de la sociedad, no debe ser en una democracia prerrogativa de burócratas y políticos, sino que involucra a todos, directa o indirectamente, y presupone la interacción entre la sociedad civil y los Poderes del Estado. En última instancia depende tanto de la cultura de la sociedad, como de su historia. Así lo decía Pío XII en una alocución de1953: "la forma concreta" de las exigencias de la justicia social depende de las "circunstancias del tiempo, del lugar, de la cultura". Es un hecho que ningún país moderno y desarrollado ha dejado de incorporar exigencias semejantes.
Segundo, no veo por qué limitar a "una buena educación y razonable atención médica" lo indispensable para que un individuo pueda luchar por sus propios objetivos. Pero, admitidas esas dos condiciones, se puede sostener que también son indispensables otros recursos, tales como el acceso a una vivienda, la facilidad de transporte, un trabajo con un salario que permita cubrir las necesidades básicas y efectuar algo de ahorro, la posibilidad de jubilación o provisión para la vejez, la oportunidad de vacación y ocio, así como el espacio cívico y político requerido para ejercer las libertades fundamentales y participar en la decisiones de la comunidad.
Todo ello configura la base sobre la cual cada uno puede esforzarse por escoger sus objetivos de vida y por tratar de alcanzarlos. La justicia social no obliga a proporcionarle estos recursos a cada miembro de una sociedad en la misma cantidad y calidad. Ninguna sociedad lo ha logrado y, cuando lo ha intentado, se han suscitado enormes injusticias de otra índole. Pero es de justicia intentar organizar la vida social y económica del Estado de manera que todos sus integrantes, por lo menos, no estén radicalmente excluidos de poder acceder en la práctica a un mínimo indispensable de estos recursos. No intentarlo elimina una de los factores más potentes de cambio y de progreso social.
Tercero, no comprendo que se desconfíe del papel del Estado porque los seres humanos son "gobernados por sus propias pasiones y, generalmente, en busca de satisfacer sus propios intereses", pero luego se confíe en el mercado para que sea prácticamente el único agente que distribuya las condiciones de vida, incluso las mínimas necesarias para una vida digna de un ser humano. En efecto, el mercado es una suma de decisiones estrictamente individuales, que están afectadas por las mismas pasiones y los mismos intereses. ¿Cómo esperar que las condiciones comunes de libertad y de bienestar de una sociedad resulten de un cúmulo de tales decisiones? ¿Podemos generar por sólo una agregación de egoísmos una convivencia con su indispensable núcleo de valores compartidos y su necesario ideal de equidad?
Centesimus annus de Juan Pablo II es la encíclica que se juzga más positivamente en Fabricantes de Miseria por su "reivindicación de mercado y su lógica productiva". Se le juzga bajo la influencia de las "brillantes ideas del teólogo católico Michael Novak", defensor de una interpretación liberal de la doctrina social cristiana.. Pero en dicho documento el Papa, al mismo tiempo que reconoce que "el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades", advierte que "esto vale sólo para las necesidades que son "solventables", con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son "vendibles", esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas... Por encima de la lógica de intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre , en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad" (no. 34).
Cuarto, existe una experiencia empírica que argumenta en contra de una confianza irreflexiva en "las decisiones de los burócratas como método para asignar recursos". Pero existe otra experiencia empírica en contra de una confianza equivalente en el mercado como método para evitar que los recursos no se concentren excesivamente en manos de unos pocos individuos, lo que obstaculiza la vigencia de un régimen de igualdad de oportunidades. Hay datos irrefutables acerca de la riqueza que el mercado contribuye a crear y de que la economía centralmente planificada por el Estado no se le compara en este sentido. Pero no menos irrefutables son los datos de que el mercado por si sólo puede ser insensible, injusto y hasta cruel, permitiendo escandalosas concentraciones de riqueza al lado de dramáticas privaciones de necesidades, bajo "una ideología radical de tipo capitalista" como advierte Juan Pablo II (no.42).
La crítica tan encarnizada a la justicia social por el pensamiento liberal va dirigida sobre todo a los que Octavio Paz llamó "el ogro filantrópico", es decir al Estado moderno en su desarrollo monstruoso. Éste absorbió una pluralidad excesiva de funciones políticas que competían a los gobiernos locales y también de funciones económicas, sociales y culturales que competían a instancias privadas o de la sociedad civil. Desconoció el principio de subsidiariedad, en virtud del cual la organización superior debe respetar las competencias de las organizaciones inferiores y apoyarlas sin sustituirse a ellas ni intervenir arbitrariamente en sus predios. El Estado, que debe ser la última instancia de solidaridad en la sociedad, ha tratado de acaparar las instancias previas. Suscita, por ello, una reacción crítica que tiende a negar la función de solidaridad del Estado.
El pensamiento liberal, de cual Carlos Alberto Montaner es un expositor, tiene entonces una tarea de crítica benéfica, a saber liberarnos del "ogro filantrópico". Pero se revela insuficiente como propuesta de una sociedad por construir. Le hace falta reconocer la dimensión comunitaria del ser humano y con ella la vigencia del bien común y de la justicia social, en virtud de los cuales debemos revisar todo nuestro derecho positivo y, si necesario, corregirlo y completarlo, a la luz de un ideal de equidad que deriva del derecho natural por intermedio de nuestra cultura. (ariyan@sinfo.net)
