La Justicia y el TLC
Las conversaciones que desarrollan en Washington las delegaciones de Panamá y Estados Unidos con miras al inicio de negociaciones de un tratado de libre comercio, han encontrado una inesperada exigencia de la contraparte norteamericana: la exigencia a nosotros de una administración de justicia fiable. Nuestra corresponsal en esa ciudad, Jilma Prada, tuvo la singular oportunidad de presenciar, sentada a la mesa de discusión, la última reunión del intenso diálogo.
Las empresas estadounidenses y otras extranjeras, residentes aquí, han reportado su inconformidad con el manejo y las decisiones que emiten nuestros tribunales en diversas materias, incluyendo la laboral. La preocupación norteamericana no es nueva en este tipo de discusiones. Ya en el curso de las actuales negociaciones que adelanta por otra parte con Centroamérica, con el mismo fin, puso sobre la mesa una exigencia categórica de solución de algunas causas judiciales que afectan a varios de sus ciudadanos, particularmente en El Salvador y Guatemala.
El imperativo es el siguiente: o se arreglan estos casos o no hay avance. Así de simple. Allí no hay excusas válidas tales como la división de poderes, ni qué ocho cuartos. Para ellos somos democracias de papelillo y mentiritas, y a juzgar por los hechos, tienen razón. Con una Corte Suprema cargada de favoritos del régimen de turno, un Procurador igual, un Contralor lo mismo, jueces acusados de corrupción, otro favorecido por sentencias con jurisprudencia ad hoc, legisladores y ministros convertidos en magistrados, leyes para favorecer la impunidad, difícilmente podemos negarnos.
Ahora, para algunos ingenuos, podría tener sentido la certificación y el informe anual del Ejecutivo y el Congreso norteamericano, sobre las deficiencias de nuestra administración de justicia, no sólo de Panamá sino de otros países. La delegada de Estados Unidos que asistió a la última reunión, seguramente, revisó de cabo a rabo el último informe, aquél del cual protestara nuestro país por supuesta intervención en nuestros asuntos. A la postre, también era asunto de ellos, si es que se convierten en nuestro socio comercial.
Sirva lo acontecido para que nuestros gobiernos, el actual y los que vengan, terminen de entender que la Administración de Justicia, no puede seguir siendo una cenicienta en todos los presupuestos nacionales, ni puede seguírsele tratando como un botín político, depositaria de legisladores y ministros deseosos de vacacionar y ganar curriculum, o peor, como vacuna contra investigaciones y persecuciones de corrupción al dejar el poder.
Si el país desea realmente una justicia eficiente y con buen criterio, tendrá que pagar por ello, propiciar su depuración y asegurarse que forme parte de sólo personal apto y honesto.
Las empresas estadounidenses y otras extranjeras, residentes aquí, han reportado su inconformidad con el manejo y las decisiones que emiten nuestros tribunales en diversas materias, incluyendo la laboral. La preocupación norteamericana no es nueva en este tipo de discusiones. Ya en el curso de las actuales negociaciones que adelanta por otra parte con Centroamérica, con el mismo fin, puso sobre la mesa una exigencia categórica de solución de algunas causas judiciales que afectan a varios de sus ciudadanos, particularmente en El Salvador y Guatemala.
El imperativo es el siguiente: o se arreglan estos casos o no hay avance. Así de simple. Allí no hay excusas válidas tales como la división de poderes, ni qué ocho cuartos. Para ellos somos democracias de papelillo y mentiritas, y a juzgar por los hechos, tienen razón. Con una Corte Suprema cargada de favoritos del régimen de turno, un Procurador igual, un Contralor lo mismo, jueces acusados de corrupción, otro favorecido por sentencias con jurisprudencia ad hoc, legisladores y ministros convertidos en magistrados, leyes para favorecer la impunidad, difícilmente podemos negarnos.
Ahora, para algunos ingenuos, podría tener sentido la certificación y el informe anual del Ejecutivo y el Congreso norteamericano, sobre las deficiencias de nuestra administración de justicia, no sólo de Panamá sino de otros países. La delegada de Estados Unidos que asistió a la última reunión, seguramente, revisó de cabo a rabo el último informe, aquél del cual protestara nuestro país por supuesta intervención en nuestros asuntos. A la postre, también era asunto de ellos, si es que se convierten en nuestro socio comercial.
Sirva lo acontecido para que nuestros gobiernos, el actual y los que vengan, terminen de entender que la Administración de Justicia, no puede seguir siendo una cenicienta en todos los presupuestos nacionales, ni puede seguírsele tratando como un botín político, depositaria de legisladores y ministros deseosos de vacacionar y ganar curriculum, o peor, como vacuna contra investigaciones y persecuciones de corrupción al dejar el poder.
Si el país desea realmente una justicia eficiente y con buen criterio, tendrá que pagar por ello, propiciar su depuración y asegurarse que forme parte de sólo personal apto y honesto.
