La larga agonía del TPC
Cuando en el año 2007 perdimos la oportunidad de treparnos al último vagón del tren del “Fast Track”, el procedimiento especial que facultaba al entonces presidente Bush, hasta diciembre de ese año, para someter al Congreso de los Estados Unidos los tratados de libre comercio, sin que éste pudiera introducirles enmiendas, la suerte del nuestro, ya negociado y firmado, comenzó a navegar en un mar de incertidumbres.
A ese punto llegamos, como consecuencia de la inoportuna y empecinada decisión del PRD de elegir, en septiembre del 2007, al diputado Pedro Miguel González para presidir la Asamblea. Se dijo entonces que el gobierno panameño “había hecho ejercicio de su soberanía” para decidir un asunto estrictamente interno; pero, irresponsablemente, no se midieron sus consecuencias.
Por ser el 2008 un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, era previsible que los candidatos, tanto el republicano como el demócrata, enfocaran sus esfuerzos en asegurarse el triunfo en las urnas. Y los candidatos a senadores, se renovaba un tercio y a la Cámara de Representantes, que se elegía en su totalidad, hacían lo mismo. En tales circunstancias, la consideración y discusión de los tratados de libre comercio negociados por el gobierno Bush ocupaba, sino el último, un puesto insignificante en sus prioridades.
Esas realidades eran harto conocidas por el gobierno de Torrijos. Sin embargo, y redundando en su irresponsabilidad, se siguió alimentando la ficción de una “inminente ratificación del TPC” y se siguieron botando sumas millonarias en “lobbystas” para que “nos ayudaran” a conseguir su aprobación por el Congreso norteamericano.
El dramático destape de la crisis financiera de los Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, obligó al nuevo gobierno de Obama, a enfocar sus prioridades en “salvar” la economía de su país, que incluyen la protección de su mercado interno. Este nuevo factor postergó más aún, si ello era posible, la consideración de los tratados de libre comercio con Panamá, Corea y Colombia. Pero, además, abrió la ventana para que los sectores opuestos a ellos, que principalmente vienen del lado de los demócratas, reforzaran sus demandas de que se les introduzcan sustanciales reformas y se agreguen nuevas precondiciones (como las mencionadas por el senador Dodd), como “requisitos previos, e ineludibles”, a su eventual consideración por el Congreso.
Cuando Martinelli asumió la presidencia, en julio del 2009, una de sus primeras medidas, anunciada por su embajador en los Estados Unidos, Jaime Alemán, fue que se cancelarían todos los contratos con los famosos “lobbystas” y que la embajada en Washington, como debía ser, asumiría esa tarea. Una medida positiva. Pero a ella, para que lo fuera plenamente, debió seguir una información, clara y sin tapujos, sobre el verdadero estatus del TPC, sus posibilidades de aprobación y, sobretodo, de cuáles son, concretamente, las “nuevas condiciones” que se nos exigen como “requisitos previos e ineludibles”.
Las recientes declaraciones, tanto del embajador Alemán como del presidente Martinelli, que dan cuenta de su optimismo, a pesar del “balde de agua fría” que son las manifestaciones de un senador tan influyente como Dodd, para nada aclaran el panorama. Son necesarias más que meras declaraciones de optimismos que no se compadecen con la realidad. ¡Estamos a la espera!
