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La lucha continúa


Como ciudadano colonense, más que como miembro del Partido Arnulfista y ex candidato a Legislador Suplente del Partido Unión Democrática Independiente (partido político que postuló para la candidatura presidencial a la Señora Mireya Moscoso en 1994), exteriorizo mi satisfacción porque la Presidenta de la República, en cierta medida, ha hecho justicia en favor de la provincia de Colón y sus habitantes, al emitir el Decreto Ejecutivo No. 251 de 31 de octubre de 2000, que modifica parcialmente el Decreto Ejecutivo No. 70 de 6 de agosto de 1999. Sin embargo, todavía el Decreto Ejecutivo No. 70 de 1999 posee algunas disposiciones que son injustas, inmorales, deleznables, impropias, arbitrarias, perversas, ilegales y violatorias de los derechos humanos.
La Ley No. 29 de 30 de diciembre de 1992, por medio de la cual se creó un Sistema Especial de Puerto Libre para Colón, está vigente, tiene que cumplirse y hacerse cumplir integralmente. En este sentido, no me explico la razón por la que los residentes del Puerto Libre de Colón siguen siendo excluidos de los incentivos fiscales a los que tienen derecho según la citada ley. Tampoco me explico por qué la ampliación del Puerto Libre hacia la Isla de Manzanillo deba esperar cuatro meses más. Los colonenses sensatos no se cansarán de decir que existe una conspiración de ciertas cúpulas adineradas que poco les falta por apoderarse totalmente de las riquezas que posee la provincia, en detrimento de la mayoría de los colonenses. Ya está bueno del trato que se nos da, cual si fuésemos limosneros.
Aunque me ignoren, también soy ciudadano panameño y seguiré apelando al buen juicio de la Excelentísima Señora Presidenta de la República, Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, para que el Decreto Ejecutivo No. 70 de 1999 sea verdaderamente adecuado a lo que dispone la Ley No. 29 de 1992, porque se trata de un asunto de justicia, moralidad, legalidad, decencia, virtudes, respeto, equidad y derechos humanos. De todas formas, aún esperamos el veredicto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en relación con la demanda de ilegalidad interpuesta en contra de algunos preceptos del Decreto Ejecutivo No. 70 de 1999. La lucha por el respeto que se merecen Colón y sus habitantes continúa, y de ser necesario, y con el favor de Dios, se recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cualesquiera otros organismos internacionales para defender eficazmente a nuestra amada provincia.

101 años de Panamá América

 
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