La lucha es de todos
Tengo frente a mí la encuesta de Dichter & Neira correspondiente a junio del 2000, publicada por el diario La Prensa. Definitivamente que el problema de mayor envergadura que los panameños confrontamos es el desempleo, pero para que éste disminuya, además de las medidas económicas pertinentes es necesario, ante todo, que el Gobierno Nacional combata efectiva y enérgicamente la corrupción. Y no nos estamos refiriendo a las meras declaraciones e intenciones, se requieren sanciones que sean ejemplarizantes ante la sociedad. En la referida encuesta, la mayoría de la ciudadanía conceptúa que existe corrupción dentro del Gobierno Central, en la Asamblea Legislativa y dentro del Organo Judicial. Dicho en otras palabras, la percepción ciudadana es que estamos viviendo en un Estado cuyas autoridades son corruptas.
Pero en la lucha contra la corrupción no basta la gestión del Gobierno Nacional, es una lucha que en conjunto, gobierno y sociedad civil, deben emprender. En la lucha contra la corrupción administrativa, la participación ciudadana es fundamental. Es deber de todos y cada uno de los ciudadanos constituirse en veedores de la gestión pública. No se cumple con el cometido de ciudadano con el comentario persistente sobre la situación corrupta existente en el país. Se requiere de mucho más, es preciso una acción enérgica y determinada de todos. Una sociedad activa y vigilante de la gestión de los organismos públicos es esencial para controlar la corrupción en el Estado y un método eficaz lo constituye las veedurías. Sin la participación ciudadana es imposible combatir efectivamente la corrupción. Tenemos que aceptar que los medios de comunicación, sobre todo los escritos, han desempeñado un gran papel en la lucha contra la corrupción. De no ser por su pertinaz y efectiva vigilancia, quién sabe en qué niveles de corrupción estaríamos ahora sometidos. Es por ello importante que la ciudadanía exija inmunidad para los medios de comunicación en su labor de fiscalización de la administración pública. Si los legisladores gozan de ella, durante el período legislativo, a fin de garantizar su libertad de expresión, con mayor razón debe concedérsele a los medios.
Las veedurías son asociaciones de ciudadanos que buscan proteger el interés público mediante la participación, las investigaciones y estudios, la denuncia y las recomendaciones constructivas. Las veedurías existen por la sola voluntad de un grupo de ciudadanos, sin importar el número de miembros, que deciden constituirse como veeduría.
¿A qué se le hace veeduría? A todo servicio público como la educación, la salud, el acueducto, el alcantarillado, la justicia, la seguridad, la energía, el teléfono. A la construcción, mantenimiento o concesión de obras públicas como puentes, vías, aeropuertos, escuelas, hospitales, parques, etc. Al otorgamiento de contratos o licencias por parte del Estado para la explotación de bienes públicos (televisión, radio, telefonía inalámbrica, etc.), la explotación del subsuelo (minas), entre otros. A la preservación del medio ambiente. Al ejercicio de la administración pública en general de un municipio, un ministerio, una entidad descentralizada y por qué no, a la ejecución del Plan de Desarrollo del gobierno.
Las veedurías no precisan de una organización compleja. Entre más libres, informales y temporales, mejor. No debe ser una estructura rígida sino una ciudadanía atenta y activa la que juzgue el funcionamiento. Entre más sencillas son, más se facilita su función. No deben ser sujeto de registro ante organismos oficiales, de personería jurídica, etc. El sólo hecho de ser ciudadano panameño, la sola cédula de ciudadanía, legitima a un ciudadano para hacer veeduría. Y a nuestro entender la propia Constitución Nacional concede a todos los ciudadanos el derecho o facultad de veeduría. En efecto, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece claramente lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular y el de obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolverlo dentro del término de treinta días. La ley señalará las sanciones que corresponden a la violación de esta norma." Hacemos un llamado a la ciudadanía para que en forma efectiva haga las veedurías correspondientes de la gestión pública del actual y futuros gobiernos, sólo con nuestra participación decidida y no cómplice por omisión, podremos ganarle la batalla a la corrupción.
Pero en la lucha contra la corrupción no basta la gestión del Gobierno Nacional, es una lucha que en conjunto, gobierno y sociedad civil, deben emprender. En la lucha contra la corrupción administrativa, la participación ciudadana es fundamental. Es deber de todos y cada uno de los ciudadanos constituirse en veedores de la gestión pública. No se cumple con el cometido de ciudadano con el comentario persistente sobre la situación corrupta existente en el país. Se requiere de mucho más, es preciso una acción enérgica y determinada de todos. Una sociedad activa y vigilante de la gestión de los organismos públicos es esencial para controlar la corrupción en el Estado y un método eficaz lo constituye las veedurías. Sin la participación ciudadana es imposible combatir efectivamente la corrupción. Tenemos que aceptar que los medios de comunicación, sobre todo los escritos, han desempeñado un gran papel en la lucha contra la corrupción. De no ser por su pertinaz y efectiva vigilancia, quién sabe en qué niveles de corrupción estaríamos ahora sometidos. Es por ello importante que la ciudadanía exija inmunidad para los medios de comunicación en su labor de fiscalización de la administración pública. Si los legisladores gozan de ella, durante el período legislativo, a fin de garantizar su libertad de expresión, con mayor razón debe concedérsele a los medios.
Las veedurías son asociaciones de ciudadanos que buscan proteger el interés público mediante la participación, las investigaciones y estudios, la denuncia y las recomendaciones constructivas. Las veedurías existen por la sola voluntad de un grupo de ciudadanos, sin importar el número de miembros, que deciden constituirse como veeduría.
¿A qué se le hace veeduría? A todo servicio público como la educación, la salud, el acueducto, el alcantarillado, la justicia, la seguridad, la energía, el teléfono. A la construcción, mantenimiento o concesión de obras públicas como puentes, vías, aeropuertos, escuelas, hospitales, parques, etc. Al otorgamiento de contratos o licencias por parte del Estado para la explotación de bienes públicos (televisión, radio, telefonía inalámbrica, etc.), la explotación del subsuelo (minas), entre otros. A la preservación del medio ambiente. Al ejercicio de la administración pública en general de un municipio, un ministerio, una entidad descentralizada y por qué no, a la ejecución del Plan de Desarrollo del gobierno.
Las veedurías no precisan de una organización compleja. Entre más libres, informales y temporales, mejor. No debe ser una estructura rígida sino una ciudadanía atenta y activa la que juzgue el funcionamiento. Entre más sencillas son, más se facilita su función. No deben ser sujeto de registro ante organismos oficiales, de personería jurídica, etc. El sólo hecho de ser ciudadano panameño, la sola cédula de ciudadanía, legitima a un ciudadano para hacer veeduría. Y a nuestro entender la propia Constitución Nacional concede a todos los ciudadanos el derecho o facultad de veeduría. En efecto, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece claramente lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular y el de obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolverlo dentro del término de treinta días. La ley señalará las sanciones que corresponden a la violación de esta norma." Hacemos un llamado a la ciudadanía para que en forma efectiva haga las veedurías correspondientes de la gestión pública del actual y futuros gobiernos, sólo con nuestra participación decidida y no cómplice por omisión, podremos ganarle la batalla a la corrupción.
