La mano “visible”
La sociedad uruguaya se vio sacudida por las muertes de cuatro bebés de hogares pobres. Esos niños fallecieron por diferentes causas relacionadas a un entorno de marginalidad y necesidades básicas insatisfechas.
La reacción espontánea de los uruguayos, formados en una doctrina socialista que lleva casi 100 años de paulatina aplicación (y a partir de la cual, el país ha quedado cada vez más rezagado en el concierto internacional), fue exigir la intervención del Estado. Este respondió al reclamo popular, creando una “comisión multisectorial” destinada a “proteger” a la población más vulnerable.
A raíz de estos hechos, se supo que 17 organismos públicos trabajan en el área social y que el Estado gasta “cifras millonarias” en “políticas sociales”. Sin embargo, la realidad es que la marginalidad y la pobreza están creciendo a un ritmo alarmante. El 46,6% de los niños uruguayos nacen en esas condiciones, por lo que se calcula, que el perfil tradicional del Uruguay cambiará radicalmente en una década.
A pesar de que el gasto estatal se “devora” una porción cada vez más grande del PIB (32%), la inseguridad aumenta y el propio Poder Judicial está recibiendo notificaciones de desalojo por falta de pago del alquiler de los locales que ocupa.
En 2002, el PIB uruguayo se contrajo 10,8%. ¿Cuál es la causa de esta recesión sin precedentes, que ya lleva cuatro años ininterrumpidos?
La explicación es la siguiente. Como en todo estatismo, los empleados públicos y los “favoritos” del régimen actúan como verdaderos “carteles”; presionando al gobierno y a los partidos políticos consiguen incrementar sustancialmente sus ingresos y privilegios. Entonces, al encarecer así los bienes y servicios es evidente que se reduce el consumo.
La consecuencia directa del aumento desmesurado de beneficios para este “exclusivo” grupo -al cambiar las excepcionales condiciones favorables externas que lo hicieron posible- fue la casi paralización de las exportaciones, reducción de las ventas, dificultades financieras de las empresas, quiebras masivas y alza vertiginosa del desempleo. A fines del 2002, el desempleo alcanzó 20%.
Además, como en cuestiones económicas nada es “gratis”, recrudeció el “déficit” fiscal (que en realidad debería denominarse “exceso” estatal). Tradicionalmente, los gobiernos uruguayos han “solucionado” este problema de tres maneras: con inflación, con endeudamiento, o una combinación de ambos.
Desde la década pasada, los sucesivos gobernantes optaron por endeudarse. Y lo hicieron en forma tan diligente que la relación de deuda con el PIB para el 2003 alcanzará 100%.
Es por eso que causa tanta indignación que el Estado -con el aval del Fondo Monetario Internacional- una vez asfixiada la actividad privada, en vez de corregir rápidamente los errores que lo llevaron a tan delicada situación, pretenda continuar financiando “sus” excesos, a expensas de deteriorar aún más la calidad de vida de los ciudadanos corrientes, quienes sin ser los responsables han soportado todo el peso de la crisis.
Según el informe presentado del FMI para la segunda revisión del acuerdo vigente con Uruguay, los ingresos fiscales caerán 0,5% este año por la menor actividad. Agrega, que eso será parcialmente “compensado” por el superávit equivalente a 0,7% del PIB, que tendrán las empresas públicas. Indicó que eso será posible porque el Estado tiene previsto aumentar sus tarifas monopólicas de servicios esenciales, entre 23 % y 49% durante 2003.
Nuestros niños aprenden en los textos escolares que “los servicios públicos deben estar en manos del Estado, para abaratar los precios, mejorar el servicio y evitar que las empresas extranjeras se lleven las ganancias al exterior”. En realidad, tanto los políticos como los sindicatos de empleados públicos saben bien que esos monopolios son un importante instrumento de poder, además de una tentadora fuente de ganancias, a costa de explotar al pueblo.
Las decenas de miles de emigrantes uruguayos, ese 20% de desocupados, ese 46,6 % de niños que están naciendo en la indigencia, son la palpable demostración del daño que pueden provocar las doctrinas equivocadas.
*Analista uruguaya.
(c)www.aipenet.com
La reacción espontánea de los uruguayos, formados en una doctrina socialista que lleva casi 100 años de paulatina aplicación (y a partir de la cual, el país ha quedado cada vez más rezagado en el concierto internacional), fue exigir la intervención del Estado. Este respondió al reclamo popular, creando una “comisión multisectorial” destinada a “proteger” a la población más vulnerable.
A raíz de estos hechos, se supo que 17 organismos públicos trabajan en el área social y que el Estado gasta “cifras millonarias” en “políticas sociales”. Sin embargo, la realidad es que la marginalidad y la pobreza están creciendo a un ritmo alarmante. El 46,6% de los niños uruguayos nacen en esas condiciones, por lo que se calcula, que el perfil tradicional del Uruguay cambiará radicalmente en una década.
A pesar de que el gasto estatal se “devora” una porción cada vez más grande del PIB (32%), la inseguridad aumenta y el propio Poder Judicial está recibiendo notificaciones de desalojo por falta de pago del alquiler de los locales que ocupa.
En 2002, el PIB uruguayo se contrajo 10,8%. ¿Cuál es la causa de esta recesión sin precedentes, que ya lleva cuatro años ininterrumpidos?
La explicación es la siguiente. Como en todo estatismo, los empleados públicos y los “favoritos” del régimen actúan como verdaderos “carteles”; presionando al gobierno y a los partidos políticos consiguen incrementar sustancialmente sus ingresos y privilegios. Entonces, al encarecer así los bienes y servicios es evidente que se reduce el consumo.
La consecuencia directa del aumento desmesurado de beneficios para este “exclusivo” grupo -al cambiar las excepcionales condiciones favorables externas que lo hicieron posible- fue la casi paralización de las exportaciones, reducción de las ventas, dificultades financieras de las empresas, quiebras masivas y alza vertiginosa del desempleo. A fines del 2002, el desempleo alcanzó 20%.
Además, como en cuestiones económicas nada es “gratis”, recrudeció el “déficit” fiscal (que en realidad debería denominarse “exceso” estatal). Tradicionalmente, los gobiernos uruguayos han “solucionado” este problema de tres maneras: con inflación, con endeudamiento, o una combinación de ambos.
Desde la década pasada, los sucesivos gobernantes optaron por endeudarse. Y lo hicieron en forma tan diligente que la relación de deuda con el PIB para el 2003 alcanzará 100%.
Es por eso que causa tanta indignación que el Estado -con el aval del Fondo Monetario Internacional- una vez asfixiada la actividad privada, en vez de corregir rápidamente los errores que lo llevaron a tan delicada situación, pretenda continuar financiando “sus” excesos, a expensas de deteriorar aún más la calidad de vida de los ciudadanos corrientes, quienes sin ser los responsables han soportado todo el peso de la crisis.
Según el informe presentado del FMI para la segunda revisión del acuerdo vigente con Uruguay, los ingresos fiscales caerán 0,5% este año por la menor actividad. Agrega, que eso será parcialmente “compensado” por el superávit equivalente a 0,7% del PIB, que tendrán las empresas públicas. Indicó que eso será posible porque el Estado tiene previsto aumentar sus tarifas monopólicas de servicios esenciales, entre 23 % y 49% durante 2003.
Nuestros niños aprenden en los textos escolares que “los servicios públicos deben estar en manos del Estado, para abaratar los precios, mejorar el servicio y evitar que las empresas extranjeras se lleven las ganancias al exterior”. En realidad, tanto los políticos como los sindicatos de empleados públicos saben bien que esos monopolios son un importante instrumento de poder, además de una tentadora fuente de ganancias, a costa de explotar al pueblo.
Las decenas de miles de emigrantes uruguayos, ese 20% de desocupados, ese 46,6 % de niños que están naciendo en la indigencia, son la palpable demostración del daño que pueden provocar las doctrinas equivocadas.
*Analista uruguaya.
(c)www.aipenet.com
