La Ministra y la libertad de prensa
A raíz del contundente rechazo del proyecto de ley que pretendía derogar la Ley 11 de 10 de febrero de 1978, la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, ha divulgado un comunicado en el que hace oficial el retiro del proyecto y exterioriza su opinión al respecto.
La ley 11, como dice el documento, permite al Ministerio de Gobierno cerrar un medio de comunicación; pero además, lo erige en supremo juzgador de lo que es cierto o es falso, de lo que es o no inherente a la vida privada y de lo que es o no ofensivo para una persona, con facultades de aplicar penas de arresto por 10 a 180 días y multas de hasta B/.2,500.
El proyecto no derogaba dicha ley sino que la subrogaba por otra peor, en la que la autoridad coercitiva del Ministro de Gobierno era reemplazada primero por un corregidor y, luego, por un juez de menores o de familia, de esos que ventilan guardas de menores, maltratos hogareños, pensiones, divorcios, separaciones y divisiones patrimoniales en audiencia pública. El mismo elevaba las multas a B/.10 mil y agregaba días multas, llegando al extremo de sancionar la mera posibilidad de causar molestias y responsabilizaba al director sin darle ocasión de probar en contrario.
El comunicado acusa a los medios impresos del naufragio del proyecto, en tono de lamento que no compartimos, por las razones que hemos expuesto, pero que en todo caso han de imputarse al Ejecutivo que no fue capaz de honrar su promesa de derogar las leyes mordaza, presentando un buen proyecto, previamente consultado con los afectados. No fuimos los diarios los que hicimos de la imposición un sello personal.
En nuestras páginas, a raíz de la presentación de un informe presentado a la propia ministra por la comisión que designara al efecto, con total exclusión de los medios, advertimos con bastante antelación que el proyecto inconsulto iba por mal camino. Pero cayó en oídos sordos.
Tampoco es cierto que bajo el actual gobierno no se ha aplicado ley alguna contra el libre ejercicio del periodismo. Basta aludir al informe de 85 páginas publicado por la Defensoría del Pueblo en abril pasado, en el que se detallan casos de atropellos de toda naturaleza al amparo de la legislación en referencia.
La ley de radio y televisión a que alude como ejemplo sirve para ilustrar una senda diametralmente opuesta a la que pretendió imponerse a los medios escritos. Aquél fue preparado por los propios medios mientras que éste fue obra directa del Ejecutivo. Aquel fue consultado, éste no. Aquél tuvo la virtud de eliminar las licencias de comentarista y excluir a la radio y televisión de todas las leyes mordaza, éste nos dejaba a los medios impresos solos bajo la guillotina. ¿Por qué la discriminación?
Sugerir que sin las leyes mordaza imperaría el libertinaje, es ignorar el resto de la legislación vigente. Si hoy desaparecieran aquellas, los medios de comunicación, como cualquier empresa, continuarían sujetos a las leyes comunes a todo ciudadano y, por ende, respondería de los daños y perjuicios que determinen los jueces ordinarios por su acción u omisión. Y de hecho, esa jurisdicción ha demostrado ser más efectiva que cualquiera de las leyes mordaza.
Finalmente, no es cierto que los medios carecemos de voluntad para derogar las leyes mordaza; por el contrario, en 1995 suscribimos con el entonces ministro de la Presidencia, Raúl Arango, un proyecto que contó con el consenso de los medios televisado, radiales y escritos, el cual naufragó en dos períodos distintos en la Asamblea Legislativa, por carecer del mismo respaldo y entusiasmo que hoy dispensa el Ejecutivo a cuestionables proyectos que hoy cosechan la repulsa nacional.
La ley 11, como dice el documento, permite al Ministerio de Gobierno cerrar un medio de comunicación; pero además, lo erige en supremo juzgador de lo que es cierto o es falso, de lo que es o no inherente a la vida privada y de lo que es o no ofensivo para una persona, con facultades de aplicar penas de arresto por 10 a 180 días y multas de hasta B/.2,500.
El proyecto no derogaba dicha ley sino que la subrogaba por otra peor, en la que la autoridad coercitiva del Ministro de Gobierno era reemplazada primero por un corregidor y, luego, por un juez de menores o de familia, de esos que ventilan guardas de menores, maltratos hogareños, pensiones, divorcios, separaciones y divisiones patrimoniales en audiencia pública. El mismo elevaba las multas a B/.10 mil y agregaba días multas, llegando al extremo de sancionar la mera posibilidad de causar molestias y responsabilizaba al director sin darle ocasión de probar en contrario.
El comunicado acusa a los medios impresos del naufragio del proyecto, en tono de lamento que no compartimos, por las razones que hemos expuesto, pero que en todo caso han de imputarse al Ejecutivo que no fue capaz de honrar su promesa de derogar las leyes mordaza, presentando un buen proyecto, previamente consultado con los afectados. No fuimos los diarios los que hicimos de la imposición un sello personal.
En nuestras páginas, a raíz de la presentación de un informe presentado a la propia ministra por la comisión que designara al efecto, con total exclusión de los medios, advertimos con bastante antelación que el proyecto inconsulto iba por mal camino. Pero cayó en oídos sordos.
Tampoco es cierto que bajo el actual gobierno no se ha aplicado ley alguna contra el libre ejercicio del periodismo. Basta aludir al informe de 85 páginas publicado por la Defensoría del Pueblo en abril pasado, en el que se detallan casos de atropellos de toda naturaleza al amparo de la legislación en referencia.
La ley de radio y televisión a que alude como ejemplo sirve para ilustrar una senda diametralmente opuesta a la que pretendió imponerse a los medios escritos. Aquél fue preparado por los propios medios mientras que éste fue obra directa del Ejecutivo. Aquel fue consultado, éste no. Aquél tuvo la virtud de eliminar las licencias de comentarista y excluir a la radio y televisión de todas las leyes mordaza, éste nos dejaba a los medios impresos solos bajo la guillotina. ¿Por qué la discriminación?
Sugerir que sin las leyes mordaza imperaría el libertinaje, es ignorar el resto de la legislación vigente. Si hoy desaparecieran aquellas, los medios de comunicación, como cualquier empresa, continuarían sujetos a las leyes comunes a todo ciudadano y, por ende, respondería de los daños y perjuicios que determinen los jueces ordinarios por su acción u omisión. Y de hecho, esa jurisdicción ha demostrado ser más efectiva que cualquiera de las leyes mordaza.
Finalmente, no es cierto que los medios carecemos de voluntad para derogar las leyes mordaza; por el contrario, en 1995 suscribimos con el entonces ministro de la Presidencia, Raúl Arango, un proyecto que contó con el consenso de los medios televisado, radiales y escritos, el cual naufragó en dos períodos distintos en la Asamblea Legislativa, por carecer del mismo respaldo y entusiasmo que hoy dispensa el Ejecutivo a cuestionables proyectos que hoy cosechan la repulsa nacional.
