La mora judicial
¿Por qué se retrasan tanto los procesos judiciales? ¿Es que no hay suficientes tribunales? ¿O la carencia consiste en que no hay suficientes funcionarios en cada tribunal? ¿Podría ser la falta de una organización eficiente? ¿O, hay negligencia del juez y de los funcionarios judiciales? ¿Quizás son los abogados los que colaboran activamente en el hecho de que la tramitación de los expedientes ni avance ni se decida? ¿No será que hay empresas y personas que exigen de sus abogados que le "enfríen" los casos para así obtener una posición más ventajosa en el conflicto real que ocurre fuera de los tribunales?
La mora judicial es un problema complejo, pues todas las hipótesis sugeridas tienen su cuota en la explicación de uno de los males más graves que aqueja a la Justicia. La solución, por tanto, requiere de una intervención organizada en varios niveles y concertada entre distintos actores gubernamentales y gremiales.
La Corte Suprema debe recuperar el liderazgo que en el pasado reciente tuvo bajo la presidencia del Magistrado Arjona, pues el Ejecutivo tiene una imposibilidad natural de adentrarse a examinar la operación diaria de tribunales y fiscalías y hacer recomendaciones, ya que su competencia se reduce al manejo de los centros penitenciarios, aunque bien puede ayudarlo la Comisión de Estado creada para su reestructuración. En torno a la esfera penal, el país aguarda aún los planteamientos modernizadores de la nueva Procuradora, de la que mucho se espera, pero todos sabemos que no podrá hacer avanzar la justicia por sí sola.
Como la mora judicial no es el pecado de uno, sino la acumulación de los defectos de todos, cualquier promesa de reducir el retraso judicial que provenga de una sola institución es realmente precaria. Si partimos del hecho simple de que el incremento anual de la cantidad de procesos es superior a la velocidad con la que crecen los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, llegamos a la conclusión de que la justicia panameña requiere de un cambio organizacional.
El Estado debe invertir en justicia, pero no debe cometer la error de poner más dinero en una organización ineficiente, porque el resultado no será la solución esperada, sino un aumento de la frustración ante la imposibilidad de mejorarla.
La mora judicial es un problema complejo, pues todas las hipótesis sugeridas tienen su cuota en la explicación de uno de los males más graves que aqueja a la Justicia. La solución, por tanto, requiere de una intervención organizada en varios niveles y concertada entre distintos actores gubernamentales y gremiales.
La Corte Suprema debe recuperar el liderazgo que en el pasado reciente tuvo bajo la presidencia del Magistrado Arjona, pues el Ejecutivo tiene una imposibilidad natural de adentrarse a examinar la operación diaria de tribunales y fiscalías y hacer recomendaciones, ya que su competencia se reduce al manejo de los centros penitenciarios, aunque bien puede ayudarlo la Comisión de Estado creada para su reestructuración. En torno a la esfera penal, el país aguarda aún los planteamientos modernizadores de la nueva Procuradora, de la que mucho se espera, pero todos sabemos que no podrá hacer avanzar la justicia por sí sola.
Como la mora judicial no es el pecado de uno, sino la acumulación de los defectos de todos, cualquier promesa de reducir el retraso judicial que provenga de una sola institución es realmente precaria. Si partimos del hecho simple de que el incremento anual de la cantidad de procesos es superior a la velocidad con la que crecen los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, llegamos a la conclusión de que la justicia panameña requiere de un cambio organizacional.
El Estado debe invertir en justicia, pero no debe cometer la error de poner más dinero en una organización ineficiente, porque el resultado no será la solución esperada, sino un aumento de la frustración ante la imposibilidad de mejorarla.
