La moral pública y la sociedad civil
Panameños y panameñas como testigos de nuestro tiempo, debemos percibir en el acontecer cotidiano, tanto las corrientes de progreso como las de regresión. Ese tiempo del cual todos somos testigos y protagonistas debe enriquecerse con nuestros aportes y no empobrecerse con simplificaciones maniqueas que pretendan distinguir cómodamente entre lo malo y lo bueno que nos concierne o depende de nosotros mismos, y entre lo malo y lo bueno que nos trae la globalización y otros fenómenos fuera de nuestro control.
En lo que va del año 2000, los panameños y las panameñas hemos ido descubriendo problemas que nos conciernen y afectan colectivamente, y cuya solución sólo puede lograrse mediante un enorme y coherente esfuerzo común. Uno de esos problemas es la imagen negativa que el país está proyectando hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras. En algunos casos la imagen negativa nos ha sido impuesta desde afuera. El ejemplo más ilustrativo es el de la inclusión de Panamá en la Lista Negra del GAFI.
Hay otra imagen negativa que resulta de conductas y de acciones, ocurridas últimamente, que se abrazan con lo delictivo. Un ejemplo reciente es el de la emisión de bonos fraudulentos por el Municipio de Colón, en el cual la ignorancia y la irresponsabilidad incalificables de los autores visibles se complementa con la banalización de su investigación.
Nuestra supervivencia como Estado moderno se afirma en la fe pública, en la veracidad, en la confianza y en la autoridad de sus instituciones, lo cual es vital para el progresivo desarrollo económico y social de la población.
Nihil prius fide (nada antes que la fe), es un principio universal cuya observancia por el Registro Público debemos cuidar celosamente, ante las operaciones delictivas que se dicen cometidas dentro de esa institución. No es posible ignorar que el Registro Público funciona para dar garantías de autenticidad y seguridad a los títulos, actos y transacciones que deben figurar para su validez en el registro de la propiedad, el registro de hipotecas, el registro de personas, el registro mercantil y el registro de naves.
A través de la difusión de "asuntos" cuya oscuridad o gravedad refuerzan la imagen negativa del país, los panameños y las panameñas tenemos fundados temores acerca del futuro y nos interrogamos acerca del estado de nuestra sociedad. Sobre todo, cuando realizamos que al recibir el Canal el 31 de diciembre de 1999, la celebración de la efeméride de las reivindicaciones de los Tratados Torrijos-Carter, no se compadeció con los grandes hechos y los grandes hombres de nuestra historia, y que hasta ahora no hemos sido capaces, gobernantes y gobernados, de poner en marcha un gran proyecto nacional que responda al destino superior de una nueva República plenamente integrada en toda su dimensión.
A mi juicio, estamos frente a situaciones que requieren de un auto-análisis, aunque reconozco que ponernos de acuerdo sobre la metodología y las finalidades del mismo es una tarea previa y quizás gigantesca. Tal vez, podríamos recurrir al método sencillo y objetivo de preguntarnos en dónde es que más nos duele. Probablemente algunos responderían que nos duele en la economía porque está distorsionada en sus medios y en sus fines. Otros responderían que nos duele en la política. Lejos de subestimar el papel de la economía, concibo la política como el medio más importante de la historia. Por eso, me referiré a las relaciones entre ésta y la imagen negativa del país.
Lo primero que me sugiere esa relación, es la dependencia que tiene el estado general de la sociedad con las acciones surgidas del poder político, sin desligarse de la influencia moralizadora de la iglesia. Esa dependencia ocurre en todo tipo de regímenes, no sólo en los autoritarios o dictatoriales. La democracia panameña es joven. Los peligros que corre no son de degradación por causa de envejecimiento, sino de una descomposición que no es orgánica sino mecánica. Por fallas o deficiencia en sus componentes. ¿Cuál o cuáles de esos componentes han fallado o están fallando? Esa pregunta requiere una respuesta que sólo puede resultar de un auto-análisis honesto.
La vida de las sociedades bajo regímenes democráticos es una inmensa acumulación de responsabilidades compartidas. El "rgano Ejecutivo, el "rgano Legislativo y el "rgano Judicial son proporcionalmente responsables del estado de la sociedad y, por tanto, de la imagen que ésta proyecta. Por su parte la ciudadanía, el sector privado, la llamada sociedad civil, cuando se les reconoce y respeta su derecho y su deber de ayudar en la búsqueda del consenso y de las soluciones, tiene también su cuota de responsabilidad, su obligado protagonismo.
En el plano de las computadoras -especialmente en el internet-, se desenvuelve una tensión entre lo real y lo virtual que a veces hace pensar que tarde o temprano el "poder tecnológico" tendrá que responder por lo bueno y lo malo que están causando en la mente y la vida de los individuos y los pueblos.
En cuanto al poder político, la tensión se da entre lo real y lo formal. Donde está el poder real es un dato esencial para la atribución de responsabilidades. Insistir en la responsabilidad de los gobernantes, de la clase política no significa ignorar las responsabilidades del sector privado, del mundo de la producción agrícola e industrial, del campo empresarial, del universo de los trabajadores, de la distribución, de los intercambios de bienes y servicios.
Insistir en la responsabilidad del sector público es poner énfasis en la necesidad de pertinencia, de coherencia, de coordinación, de convergencias para hacer posible la existencia de un dispositivo de defensa propia nacional. Porque el reto más importante del siglo que alborea, es el de concertarnos en el trabajo y el de orientarnos hacia las raíces de nuestros problemas comunes.
En el dispositivo de defensa propia nacional, que debemos reforzar con urgencia, la importancia crucial de la acción gubernamental tiene que ver con su ejemplaridad, con su capacidad de impacto en la conciencia colectiva. La clase dirigente debe encarnar la noción de rigor y hasta de sacrificio y no debe transmitir la impresión de que sus móviles son la búsqueda del beneficio, del privilegio en desmedro de las mayorías, o del disfrute individual, nepótico o de grupo.
Si el comportamiento de la clase dirigente se vuelve amorfo, desordenado, insensible a la continuidad histórica, instrumento de los intereses sectoriales, sectarios, o partidistas, la imagen del país no sólo sufrirá de negatividad, también irá sumando los factores que configuran la ruptura de los compromisos imprescindibles, y en el peor de los casos el caos y la deshonra nacionales.
Los panameños y las panameñas no tenemos derecho a legar a las generaciones venideras un país menoscabado y empobrecido por la yuxtaposición de imágenes negativas. Montesquieu en "El espíritu de las leyes", nos recuerda que "cuando Sila quiso devolverle a Roma su libertad, ésta ya no pudo recibirla". La coyuntura histórica de Panamá es particularmente propicia para que intentemos elevar nuestra imagen y que, como un imperativo moral logremos la adopción de decisiones oportunas que estén a la altura de las esperanzas, de las aspiraciones nacionales, de nuestro sueño de futuro compartido.
En lo que va del año 2000, los panameños y las panameñas hemos ido descubriendo problemas que nos conciernen y afectan colectivamente, y cuya solución sólo puede lograrse mediante un enorme y coherente esfuerzo común. Uno de esos problemas es la imagen negativa que el país está proyectando hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras. En algunos casos la imagen negativa nos ha sido impuesta desde afuera. El ejemplo más ilustrativo es el de la inclusión de Panamá en la Lista Negra del GAFI.
Hay otra imagen negativa que resulta de conductas y de acciones, ocurridas últimamente, que se abrazan con lo delictivo. Un ejemplo reciente es el de la emisión de bonos fraudulentos por el Municipio de Colón, en el cual la ignorancia y la irresponsabilidad incalificables de los autores visibles se complementa con la banalización de su investigación.
Nuestra supervivencia como Estado moderno se afirma en la fe pública, en la veracidad, en la confianza y en la autoridad de sus instituciones, lo cual es vital para el progresivo desarrollo económico y social de la población.
Nihil prius fide (nada antes que la fe), es un principio universal cuya observancia por el Registro Público debemos cuidar celosamente, ante las operaciones delictivas que se dicen cometidas dentro de esa institución. No es posible ignorar que el Registro Público funciona para dar garantías de autenticidad y seguridad a los títulos, actos y transacciones que deben figurar para su validez en el registro de la propiedad, el registro de hipotecas, el registro de personas, el registro mercantil y el registro de naves.
A través de la difusión de "asuntos" cuya oscuridad o gravedad refuerzan la imagen negativa del país, los panameños y las panameñas tenemos fundados temores acerca del futuro y nos interrogamos acerca del estado de nuestra sociedad. Sobre todo, cuando realizamos que al recibir el Canal el 31 de diciembre de 1999, la celebración de la efeméride de las reivindicaciones de los Tratados Torrijos-Carter, no se compadeció con los grandes hechos y los grandes hombres de nuestra historia, y que hasta ahora no hemos sido capaces, gobernantes y gobernados, de poner en marcha un gran proyecto nacional que responda al destino superior de una nueva República plenamente integrada en toda su dimensión.
A mi juicio, estamos frente a situaciones que requieren de un auto-análisis, aunque reconozco que ponernos de acuerdo sobre la metodología y las finalidades del mismo es una tarea previa y quizás gigantesca. Tal vez, podríamos recurrir al método sencillo y objetivo de preguntarnos en dónde es que más nos duele. Probablemente algunos responderían que nos duele en la economía porque está distorsionada en sus medios y en sus fines. Otros responderían que nos duele en la política. Lejos de subestimar el papel de la economía, concibo la política como el medio más importante de la historia. Por eso, me referiré a las relaciones entre ésta y la imagen negativa del país.
Lo primero que me sugiere esa relación, es la dependencia que tiene el estado general de la sociedad con las acciones surgidas del poder político, sin desligarse de la influencia moralizadora de la iglesia. Esa dependencia ocurre en todo tipo de regímenes, no sólo en los autoritarios o dictatoriales. La democracia panameña es joven. Los peligros que corre no son de degradación por causa de envejecimiento, sino de una descomposición que no es orgánica sino mecánica. Por fallas o deficiencia en sus componentes. ¿Cuál o cuáles de esos componentes han fallado o están fallando? Esa pregunta requiere una respuesta que sólo puede resultar de un auto-análisis honesto.
La vida de las sociedades bajo regímenes democráticos es una inmensa acumulación de responsabilidades compartidas. El "rgano Ejecutivo, el "rgano Legislativo y el "rgano Judicial son proporcionalmente responsables del estado de la sociedad y, por tanto, de la imagen que ésta proyecta. Por su parte la ciudadanía, el sector privado, la llamada sociedad civil, cuando se les reconoce y respeta su derecho y su deber de ayudar en la búsqueda del consenso y de las soluciones, tiene también su cuota de responsabilidad, su obligado protagonismo.
En el plano de las computadoras -especialmente en el internet-, se desenvuelve una tensión entre lo real y lo virtual que a veces hace pensar que tarde o temprano el "poder tecnológico" tendrá que responder por lo bueno y lo malo que están causando en la mente y la vida de los individuos y los pueblos.
En cuanto al poder político, la tensión se da entre lo real y lo formal. Donde está el poder real es un dato esencial para la atribución de responsabilidades. Insistir en la responsabilidad de los gobernantes, de la clase política no significa ignorar las responsabilidades del sector privado, del mundo de la producción agrícola e industrial, del campo empresarial, del universo de los trabajadores, de la distribución, de los intercambios de bienes y servicios.
Insistir en la responsabilidad del sector público es poner énfasis en la necesidad de pertinencia, de coherencia, de coordinación, de convergencias para hacer posible la existencia de un dispositivo de defensa propia nacional. Porque el reto más importante del siglo que alborea, es el de concertarnos en el trabajo y el de orientarnos hacia las raíces de nuestros problemas comunes.
En el dispositivo de defensa propia nacional, que debemos reforzar con urgencia, la importancia crucial de la acción gubernamental tiene que ver con su ejemplaridad, con su capacidad de impacto en la conciencia colectiva. La clase dirigente debe encarnar la noción de rigor y hasta de sacrificio y no debe transmitir la impresión de que sus móviles son la búsqueda del beneficio, del privilegio en desmedro de las mayorías, o del disfrute individual, nepótico o de grupo.
Si el comportamiento de la clase dirigente se vuelve amorfo, desordenado, insensible a la continuidad histórica, instrumento de los intereses sectoriales, sectarios, o partidistas, la imagen del país no sólo sufrirá de negatividad, también irá sumando los factores que configuran la ruptura de los compromisos imprescindibles, y en el peor de los casos el caos y la deshonra nacionales.
Los panameños y las panameñas no tenemos derecho a legar a las generaciones venideras un país menoscabado y empobrecido por la yuxtaposición de imágenes negativas. Montesquieu en "El espíritu de las leyes", nos recuerda que "cuando Sila quiso devolverle a Roma su libertad, ésta ya no pudo recibirla". La coyuntura histórica de Panamá es particularmente propicia para que intentemos elevar nuestra imagen y que, como un imperativo moral logremos la adopción de decisiones oportunas que estén a la altura de las esperanzas, de las aspiraciones nacionales, de nuestro sueño de futuro compartido.
