La moralidad y el ejercicio del poder público
La política tal vez sea el oficio más desprestigiado del medio panameño. No se deja de sospechar que quien llega a un cargo público lo hace para satisfacer una apetencia personal, no para servir y no se deja de señalar que ningún propósito noble puede procurar quien a ella se dedique. La sociedad llega hasta el cinismo de exigir que sean hombres incólumes los que lleven a cabo las tareas del Estado, pero ella misma se encarga de desprestigiar a todo ciudadano honrado que se asome al ejercicio del servicio público por excelencia.
Esta dicotomía y contradicción intrínseca del mensaje ciudadano es el que permite que el ejercicio de la política, -uno de los oficios más importantes del país-, esté usualmente en manos de un grupo de mediocres.
Ese profundo problema de percepción, no obstante, obliga al buen político a trazarse comportamientos muy claros, diáfanos a los ojos de la comunidad y transparentes para que la sociedad pueda ejercer el control del servicio que el político le presta. El buen político, además, siempre sabrá interpretar correctamente el mandato de sus electores e intentará mantener una permanente sintonía entre él y quienes lo escogieron para el ejercicio del cargo.
Dentro de esos parámetros de buen comportamiento, ¿cómo debe el nuevo gobierno asumir el tema de las desapariciones ocurridas, precisamente, bajo el régimen militar?
Primero que todo, debemos afirmar con realismo que el voto a favor del Presidente Electo, -por las razones sociológicas de las que se trate- , fue uno a favor de la renovación del pacto social panameño y como parte de esa renovación, uno de superación de aquellos lamentables hechos que consigna la historia reciente.
¿Cómo debemos enfrentar esa doble responsabilidad de cerrar la herida para poder seguir adelante, -que fue el mandato recibido por el Presidente Electo en las urnas-, con su responsabilidad frente a los familiares de las víctimas y frente a un país que indudablemente tiene 14 años reiterando que espera que esos acontecimientos jamás se vuelvan a repetir?
Yo no me siento plenamente capacitado para contestar esta pregunta. Si bien luché contra Noriega y en algún momento los agentes del G - 2 pusieron sus ojos en mí (por ser un destacado líder universitario), no sufrí a manos de ellos vejaciones ni torturas, ni tengo familiares desaparecidos o asesinados. Puedo perdonar a Noriega y a los norieguistas por lo que me hicieron a mí, no tengo derecho alguno de perdonarlos por lo que le hicieron al resto de mis compatriotas.
A pesar de ello, la pregunta que deberemos debatir y que sigue siendo válida es: ¿cómo llevamos adelante dicha reconciliación?
1. ¿Debe el Órgano Legislativo aprobar y sancionar una Ley de amnistía, de olvido y perdón?
2. ¿Debe el Órgano Ejecutivo decretar indultos para cada caso particular?
3. ¿Debemos someter cada caso al escrutinio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
¿Cómo debemos conciliar el claro mandato de reconciliación recibido en las urnas con el legítimo derecho de que se haga justicia? ¿Debemos sustituir la justicia por la paz?
El lector no encontrará en este artículo una respuesta contundente. No la tengo y no creo tener autoridad moral para sugerir un camino u otro. Dejo, no obstante, planteado uno de los dilemas al que tendremos que enfrentarnos, ya no tanto el gobierno electo, pero toda la sociedad.
Un segmento de la ciudadanía, -por aquello de la suspicacia del evento electoral-, tal vez no ha entendido a cabalidad que el señor Presidente Electo pueda ser quien mejor entienda el sentimiento de las víctimas de los desaparecidos, pues él mismo, perdió a su progenitor como una consecuencia no querida de aquello que comenzó el 11 de octubre de 1968. ¿Quién mejor que el Presidente Electo para entender a las esposas que lloran a sus maridos y a los hijos que recuerdan a sus padres?
Lo otro que tenemos que tener claro es que la reconciliación tiene que fundamentarse sobre claros principios de reconocimiento de los hechos históricos tal y como sucedieron y de una firme decisión colectiva de todo el país de jamás volver ni a propiciar ni a atravesar por semejante experiencia.
Otro tema que debe suscitar una reflexión seria es el de hacer todo lo posible que esté en nuestras posibilidades humanas para hallar los restos de los desaparecidos y darles sepultura cada cual según su credo religioso o espiritual.
Sólo así podremos echar a andar la Patria Nueva: con un reconocimiento histórico de los hechos ocurridos, con un compromiso nacional de que jamás se repitan y con un esfuerzo por encontrar los restos de las víctimas. Además, debemos abrir las puertas a un debate franco y sin sectarismos ni filos políticos, sobre la necesidad de hacer justicia frente al mandato de reconciliarnos.
Esta dicotomía y contradicción intrínseca del mensaje ciudadano es el que permite que el ejercicio de la política, -uno de los oficios más importantes del país-, esté usualmente en manos de un grupo de mediocres.
Ese profundo problema de percepción, no obstante, obliga al buen político a trazarse comportamientos muy claros, diáfanos a los ojos de la comunidad y transparentes para que la sociedad pueda ejercer el control del servicio que el político le presta. El buen político, además, siempre sabrá interpretar correctamente el mandato de sus electores e intentará mantener una permanente sintonía entre él y quienes lo escogieron para el ejercicio del cargo.
Dentro de esos parámetros de buen comportamiento, ¿cómo debe el nuevo gobierno asumir el tema de las desapariciones ocurridas, precisamente, bajo el régimen militar?
Primero que todo, debemos afirmar con realismo que el voto a favor del Presidente Electo, -por las razones sociológicas de las que se trate- , fue uno a favor de la renovación del pacto social panameño y como parte de esa renovación, uno de superación de aquellos lamentables hechos que consigna la historia reciente.
¿Cómo debemos enfrentar esa doble responsabilidad de cerrar la herida para poder seguir adelante, -que fue el mandato recibido por el Presidente Electo en las urnas-, con su responsabilidad frente a los familiares de las víctimas y frente a un país que indudablemente tiene 14 años reiterando que espera que esos acontecimientos jamás se vuelvan a repetir?
Yo no me siento plenamente capacitado para contestar esta pregunta. Si bien luché contra Noriega y en algún momento los agentes del G - 2 pusieron sus ojos en mí (por ser un destacado líder universitario), no sufrí a manos de ellos vejaciones ni torturas, ni tengo familiares desaparecidos o asesinados. Puedo perdonar a Noriega y a los norieguistas por lo que me hicieron a mí, no tengo derecho alguno de perdonarlos por lo que le hicieron al resto de mis compatriotas.
A pesar de ello, la pregunta que deberemos debatir y que sigue siendo válida es: ¿cómo llevamos adelante dicha reconciliación?
1. ¿Debe el Órgano Legislativo aprobar y sancionar una Ley de amnistía, de olvido y perdón?
2. ¿Debe el Órgano Ejecutivo decretar indultos para cada caso particular?
3. ¿Debemos someter cada caso al escrutinio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
¿Cómo debemos conciliar el claro mandato de reconciliación recibido en las urnas con el legítimo derecho de que se haga justicia? ¿Debemos sustituir la justicia por la paz?
El lector no encontrará en este artículo una respuesta contundente. No la tengo y no creo tener autoridad moral para sugerir un camino u otro. Dejo, no obstante, planteado uno de los dilemas al que tendremos que enfrentarnos, ya no tanto el gobierno electo, pero toda la sociedad.
Un segmento de la ciudadanía, -por aquello de la suspicacia del evento electoral-, tal vez no ha entendido a cabalidad que el señor Presidente Electo pueda ser quien mejor entienda el sentimiento de las víctimas de los desaparecidos, pues él mismo, perdió a su progenitor como una consecuencia no querida de aquello que comenzó el 11 de octubre de 1968. ¿Quién mejor que el Presidente Electo para entender a las esposas que lloran a sus maridos y a los hijos que recuerdan a sus padres?
Lo otro que tenemos que tener claro es que la reconciliación tiene que fundamentarse sobre claros principios de reconocimiento de los hechos históricos tal y como sucedieron y de una firme decisión colectiva de todo el país de jamás volver ni a propiciar ni a atravesar por semejante experiencia.
Otro tema que debe suscitar una reflexión seria es el de hacer todo lo posible que esté en nuestras posibilidades humanas para hallar los restos de los desaparecidos y darles sepultura cada cual según su credo religioso o espiritual.
Sólo así podremos echar a andar la Patria Nueva: con un reconocimiento histórico de los hechos ocurridos, con un compromiso nacional de que jamás se repitan y con un esfuerzo por encontrar los restos de las víctimas. Además, debemos abrir las puertas a un debate franco y sin sectarismos ni filos políticos, sobre la necesidad de hacer justicia frente al mandato de reconciliarnos.
