La movida defensiva de la UE luego de los Panamá Papers

Con interés y detenimiento leí el artículo de mi colega Virna Luque de la sección de Opinión del "Panamá América" del domingo 3 de junio, GDPR: Protección de Datos ,que guarda relación con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (conocido como GDPR, por sus siglas en inglés).

Es que ahora, los usuarios europeos que puedan tener sus datos en alguna web o base de datos, de cualquier país, pueden pedir el retiro de sus informaciones para pasar sus datos a otras plataformas. Esta nueva normativa igualmente establece medidas de control sobre la forma como la información del cliente puede ser compartida o procesada.

Aplica tanto a los controladores de datos como a los procesadores de datos. Para la Unión Europea es de mucha importancia regular la transmisión o divulgación de esos datos.

La principal preocupación es la privacidad de los clientes. Es decir, que la Unión Europea está generando nuevas políticas a la "intimidad".

Cualquier posible "filtración de datos" debe notificarse a la autoridad de control para evitar el "hackeo" cibernético.

Estamos hablando de una ley aprobada por el Parlamento europeo el 14 de abril de 2016, aunque entró realmente en plena aplicación recientemente, el viernes 25 de mayo de 2018. Fijemos la mirada en la fecha de aprobación.

Fue el 14 de abril de 2016. Es decir, solamente 11 días después de la masiva publicación de impacto mundial de los Panamá Papers, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), red de periodistas de más de 65 países con sede en Washington DC.

Pese a que la ICIJ tiene su casa matriz en EE.UU., fue desde Alemania (Europa) desde donde se capitaneó la distribución indiscriminada de datos que habían sido previamente "hackeados" cibernéticamente (o quizás hurtados físicamente).

Esta diseminación o dispersión generalizada de datos de clientes -realizada 11 días antes de la aprobación de la GDPR en Europa- fue producto de la toma delictiva de 11.5 millones de documentos de un despacho de abogados de Panamá (Mossack & Fonseca).

Esta era la más grande empresa transnacional de la República de Panamá, en términos de presencia internacional y oficinas, y una de las primeras exportadoras de servicios del país, la cual tenía despachos de atención en aproximadamente sesenta (60) ciudades del mundo y se había posicionado entre las primeras tres (3) empresas de servicios extraterritoriales coadyuvantes para la planificación hereditaria y patrimonial del planeta.

Solo esta empresa superaba en importación de divisas a la totalidad de las exportaciones frutales del país istmeño en el 2013 ((datos de la Contraloría General de la República de Panamá-www.contraloria.gob.pa/inec).

Resulta ahora que las normas europeas exigen que toda empresa que acumule información de clientes europeos tenga protocolos muy bien definidos de protección de datos personales y la divulgación de su uso.

No se trata solamente de unas directrices para las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Spotify y otras, sino que se trata de nuevos patrones para todo tipo de negocios que posean en su base de datos información personal de ciudadanos europeos.

Dicho de otra forma, la Unión Europea no desea que vuelva a suceder, pero ahora en Europa, la debacle o devastación del 2016 de la firma de abogados panameña -repetida en condiciones menos destructoras para la firma con sede en Bermudas Appleby (Paradise Papers)- que desparramó en el mundo informaciones privadas y confidenciales de decenas de miles de usuarios e hizo quebrar a la principal transnacional panameña.

La GDPR es una propuesta legislativa europea lanzada desde enero de 2012, pero justo fue aprobada, casi a nivel de pánico diría yo, 11 días después de los Panamá Papers. Es decir, una forma de adelantarse a cualquier agravio de tan sensibles y catastróficas proporciones.

Abogado