La municipalización de las regiones indígenas
La división político-administrativa del Estado panameño lo conforman provincias, distritos y éstos a su vez, en corregimientos. Sin embargo, la Constitución permite la creación de otras divisiones políticas (comarcas, reservas, etc.), ya sea para adaptarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa, entre las partes y el gobierno de turno. Cabe señalar que cualquiera iniciativa dirigida a crear una nueva circunscripción (comarca, distrito y corregimiento), estará sujeta a un proceso burocrático, el cual comprende una exposición de motivos, un estudio de factibilidad del área, basado en el análisis técnico, político-administrativo y socioeconómico, así como un mapa descriptivo de los puntos limítrofes a segregar, entre otros requisitos.
En nuestro país -igual que en la mayoría de los países del área- las zonas de reserva indígena se han reducido a pequeños globos de terrenos, sin ningún status legal que les garantice un derecho posesorio de sus territorios. Estas desigualdades alejan a sus residentes -primeros pobladores del continente- de los beneficios y el bienestar social, que el Estado brinda a todos los nacionales. También los hace vulnerables a la incursión de intrusos que explotan inmisericordemente sus pocos recursos naturales, el cual representa su hábitat y sustento de vida.
En la actualidad existen cinco comarcas indígenas establecidas legalmente (Comarca Kuna de Madugandi; Ngobe, Buglé, Emberá Wounaan de Darién; Kuna Yala y Kuna de Wargandí), regidas por sus respectivas autoridades tradicionales, en armonía y coordinación con las leyes nacionales, tal es el caso del Régimen Municipal (Ley 106) que rige la vida y funcionamiento de los Gobiernos Locales. Otro tanto (Naso Teribe y Bri-Bri), en la región noroccidental de Bocas del Toro, también aspiran a constituirse en comarcas. Algunas de éstas (Ngobe-Buglé y Emberá) tienen categoría de provincias, con sus respectivos gobernadores comarcales, nombrados por el Ejecutivo; alcaldes municipales y representantes de corregimientos, elegidos por el voto popular. Otras carecen de distrito, como la Comarca Wounaan de Darién y Kuna Yala, que sólo están conformadas por corregimientos.
En la medida que estas poblaciones indígenas vayan incorporándose al reordenamiento de la municipalización -sin descuidar sus regímenes tradicionales, idioma y estilo de vida- de esa misma manera fluirá la acción de la administración pública y la gestión de los gobiernos en materia de proyectos y programas de servicios públicos en beneficio del crecimiento y desarrollo de esas apartadas comunidades. Algunos datos estadísticos nos muestran los altos índices de pobreza, analfabetismo y desnutrición infantil que sufren los indígenas panameños y ello se debe -hasta cierto punto- por el distanciamiento con el gobierno y la municipalización, como mecanismo de enlace y coordinación.
La actual administración de gobierno, ha mostrado la voluntad de hacer realidad todas las aspiraciones -creación de comarcas, nuevos corregimientos, titulación de tierras colectivas, etc.- que tengan a bien esas regiones, siempre que se cumpla con los requisitos y el aval de los pobladores ante el pleno de sus congresos. Aunque el proceso sea largo y costoso para el gobierno, considero que se da un paso en firme hacia la integración de grupos étnicos, que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y el engrandecimiento del país.
La demanda para demarcar territorios y convertirlos en nuevas jurisdicciones (comarcas, distritos y corregimientos), es grande y muchas veces antojadizas, producto del interés político-partidista. Empero, la municipalización de las comarcas, regiones y demás zonas de reserva indígena es justa y promete la comunicación y la transferencia de información, necesaria para sacar a nuestros hermanos indígenas del atraso en que están sumergidos.
En nuestro país -igual que en la mayoría de los países del área- las zonas de reserva indígena se han reducido a pequeños globos de terrenos, sin ningún status legal que les garantice un derecho posesorio de sus territorios. Estas desigualdades alejan a sus residentes -primeros pobladores del continente- de los beneficios y el bienestar social, que el Estado brinda a todos los nacionales. También los hace vulnerables a la incursión de intrusos que explotan inmisericordemente sus pocos recursos naturales, el cual representa su hábitat y sustento de vida.
En la actualidad existen cinco comarcas indígenas establecidas legalmente (Comarca Kuna de Madugandi; Ngobe, Buglé, Emberá Wounaan de Darién; Kuna Yala y Kuna de Wargandí), regidas por sus respectivas autoridades tradicionales, en armonía y coordinación con las leyes nacionales, tal es el caso del Régimen Municipal (Ley 106) que rige la vida y funcionamiento de los Gobiernos Locales. Otro tanto (Naso Teribe y Bri-Bri), en la región noroccidental de Bocas del Toro, también aspiran a constituirse en comarcas. Algunas de éstas (Ngobe-Buglé y Emberá) tienen categoría de provincias, con sus respectivos gobernadores comarcales, nombrados por el Ejecutivo; alcaldes municipales y representantes de corregimientos, elegidos por el voto popular. Otras carecen de distrito, como la Comarca Wounaan de Darién y Kuna Yala, que sólo están conformadas por corregimientos.
En la medida que estas poblaciones indígenas vayan incorporándose al reordenamiento de la municipalización -sin descuidar sus regímenes tradicionales, idioma y estilo de vida- de esa misma manera fluirá la acción de la administración pública y la gestión de los gobiernos en materia de proyectos y programas de servicios públicos en beneficio del crecimiento y desarrollo de esas apartadas comunidades. Algunos datos estadísticos nos muestran los altos índices de pobreza, analfabetismo y desnutrición infantil que sufren los indígenas panameños y ello se debe -hasta cierto punto- por el distanciamiento con el gobierno y la municipalización, como mecanismo de enlace y coordinación.
La actual administración de gobierno, ha mostrado la voluntad de hacer realidad todas las aspiraciones -creación de comarcas, nuevos corregimientos, titulación de tierras colectivas, etc.- que tengan a bien esas regiones, siempre que se cumpla con los requisitos y el aval de los pobladores ante el pleno de sus congresos. Aunque el proceso sea largo y costoso para el gobierno, considero que se da un paso en firme hacia la integración de grupos étnicos, que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y el engrandecimiento del país.
La demanda para demarcar territorios y convertirlos en nuevas jurisdicciones (comarcas, distritos y corregimientos), es grande y muchas veces antojadizas, producto del interés político-partidista. Empero, la municipalización de las comarcas, regiones y demás zonas de reserva indígena es justa y promete la comunicación y la transferencia de información, necesaria para sacar a nuestros hermanos indígenas del atraso en que están sumergidos.
